¿Qué tan seria es la investigación con fines de destitución que pesa sobre Joe Biden?

Esta semana, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ordenó una investigación con fines de destitución contra el presidente Joe Biden por posible “abuso de poder, obstrucción de la justicia y corrupción”.

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Como Nancy Pelosi en 2019, cuando abrió una pesquisa semejante contra Donald Trump, McCarthy ni siquiera sometió la decisión a un voto de la Cámara en pleno.

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En este caso, muchos piensan que no lo hizo pues carecería de los votos para aprobar la medida (los republicanos solo tienen la mayoría por cinco votos y hay varios que se oponen). Así mismo, que dio el paso a regañadientes y bajo presión extrema del ala más radical de su partido que lo amenazó con destituirlo a él si no ordenaba la investigación.

Cierto o no, a estas alturas son detalles irrelevantes. Lo único claro es que ha puesto en movimiento un explosivo proceso que de entrada convierte a Biden en el quinto presidente en toda la historia que es sometido a un mecanismo contemplado por la Constitución para investigar y juzgar mandatarios por altos crímenes y traición.

Andrew Johnson, en 1868; Richard Nixon, en 1974; Bill Clinton en 1998, y Trump son sus únicos compañeros en esta lista negra.

La pregunta que muchos se hacen es qué tan serias son las acusaciones y qué tan lejos pueden llegar.

La segunda parte de esta respuesta es más bien simple. Si los republicanos votan en bloque podrían aprobar artículos de destitución contra Biden, lo cual activaría un juicio político en el Senado, que es quien tiene la última palabra. Pero dado que se necesitan las dos terceras partes en este órgano para condenar (una mayoría que no tienen), el proceso está destinado al fracaso.

El corazón de la pesquisa republicana gira en torno de Hunter Biden, el hijo menor del presidente estadounidense cuyos problemas por abuso de drogas y negocios con compañías extranjeras ha sido ya bien documentado.

Entre el año 2008 y el 2016, cuando Biden era el presidente de Barack Obama, Hunter recibió gruesas sumas de dinero de empresas basadas en Ucrania y China, primordialmente. Es evidente, y esto también ya se sabía, que aprovechó su apellido y el cargo que ocupaba su padre para beneficiarse económicamente.

En algunos casos, especialmente de Ucrania, cuando aceptó un puesto en la junta directiva de Burisma existió un claro conflicto de intereses así este no fuera ilegal.

Pero antes que favorecer a la empresa -que es la sospecha de los republicanos- hizo todo lo contrario, pues presionó al gobierno de Ucrania para que destituyeran a un fiscal que consideraban un obstáculo en la lucha contra la corrupción. Y uno de los pecados del fiscal era no haber investigado al propietario de Burisma.

Devon Archer, el socio de Hunter Biden, y uno de los testigos claves del caso, testificó ante el Congreso hace poco que la remoción del fiscal fue visto en Burisma como un golpe y no como un favor.

En cualquier lugar, la tesis de los republicanos es que Biden se benefició de los negocios de su hijo o actuó para favorecerlo. A la fecha, y pese a que llevan nueve meses investigando, no han encontrado pruebas al respecto.

Se han topado, eso sí, con evidencia que -según ellos- sugiere un posible delito. Como parte de su investigación contra Hunter se encontraron con un correo electrónico en donde este decía que parte de la plata estaba reservada para el “jefe”.

Archer, en su testimonio, también dijo que en al menos unas 20 ocasiones a lo largo de una década Hunter puso a su padre en el altavoz del teléfono mientras se reunía con sus socios comerciales.

Pero de acuerdo con el propio Archer, “Hunter lo que hacía era vender la ilusión de tener a su padre”.

Negó, además, que el presidente hubiese participado o siquiera discutido acuerdos comerciales con los socios de su hijo.

Pero ya está demostrado que el grueso de esa suma fue pagada a los socios de Hunter. El hijo del presidente habría recibido alrededor de 7.5 millones de dólares y los republicanos ahora alegan que tanto el hermano de Biden como su nuera habrían recibido algunos fondos.

Hasta ahora, sin embargo, ni un solo dólar ha sido rastreado hasta el presidente.

Es importante recordar que en los cuatro años transcurridos entre ser vicepresidente y presidente (de 2017 a 2021), el presidente Biden pudo haber hecho negocios con su hijo sin infringir las reglas de ética. Pero tampoco se ha demostrado que ese sea el caso.

Otro documento revelado – a través de un testimonio de una fuente confidencial del FBI- alega que Joe y Hunter Biden estuvieron involucrados en un plan de soborno extranjero con un ejecutivo de negocios ucraniano y que supuestamente cada uno recibió 5 millones de dólares. Pero no ha surgido ninguna evidencia que confirme esta afirmación, que ya ha sido investigada por el Departamento de Justicia.

Y en ellos no aparece ningún dinero asociado a Hunter o a negocios con estas empresas extranjeras. En otras palabras, de haber existido esos pagos, Biden habría mentido en sus declaraciones de impuestos, lo cual es un delito. Pero es algo improbable pues tanto para aspirar a la vicepresidencia como a la presidencia las autoridades realizan extensas investigaciones.

Adicionalmente, pese a los aspectos éticos y potenciales conflictos de interés, ni Hunter ni alguno otro miembro de la familia ha sido acusado de cometer un delito como parte de las investigaciones que adelantó la fiscalía.

Ese fiscal elevó varios cargos contra Hunter, pero terminaron siendo por evasión de impuestos y por comprar un arma cuando no estaba autorizado para hacerlo.

El arreglo al que llegó Hunter con la Fiscalía se cayó -y el caso ha sido reabierto- pues la pena negociada terminó siendo cuestionada por ser tenue (solo una multa).

Pero es algo que el fiscal nombrado por Trump no ha insinuado de momento.

En resumen, si bien persisten las dudas, los republicanos no han logrado encontrar una conexión entre los negocios de Hunter y el presidente estadounidense.

La investigación con fines de destitución, dicen, les dará poderes para poder llegar al fondo de esas interrogantes.

Pero es allí donde este caso se diferencia de todos los anteriores. En el caso de Nixon ya se había documentado el espionaje contra el partido demócrata en Watergate y el rol de la Casa Blanca cuando la Cámara lanzó su investigación.

En cuanto a Trump, durante su primer proceso, estaba el testimonio de un funcionario que había registrado una conversación del mandatario con el presidente de Ucrania en el que le pedía abrir una investigación contra Biden, su rival político.

En el segundo, por la toma del Capitolio el 6 de enero del 2021, el público estadounidense escuchó en vivo y en directo los llamados de Trump a sus simpatizantes para que marcharan al Capitolio y luego el tiempo que tardó para pedirles que se retiraran pese a que la turba ya había penetrado el recinto y buscaba a congresistas para lincharlos.

“Es posible que Joe Biden estuviera íntimamente involucrado en las actividades comerciales de Hunter Biden y, mientras se desempeñaba como vicepresidente, aprovechó intencionalmente su poder para beneficiar a su hijo. Esa posibilidad, por remota que sea, no cambia los elementos en juego ni altera las comparaciones entre cómo los republicanos esperan hacer avanzar una investigación de juicio político y lo que estaba sobre la mesa antes de los juicios políticos de 1974, 1998, 2019 y 2021”, dice Philip Bump, experto del Washington Post.

Según Bump, “en esos cuatro casos, se disponía de diversos grados de evidencia que sugerían una mala conducta por parte del presidente en ejercicio. En el caso actual sólo se trata de insinuaciones. En lugar de aclarar esas insinuaciones, los republicanos están intentando generar acusaciones que hoy no existen a través del mismo proceso”.

Lo cual, decía el editorial de este jueves en este mismo medio, destruye la figura del “impeachment” pues de ahora en adelante la vara para procesar a un presidente en ejercicio puede ser hasta un chisme no verificado.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68