¿Cómo le fue a Colombia en su examen de derechos humanos en la ONU?

Fueron cinco los asuntos más mencionados por los 83 Estados que participaron esta semana en el examen periódico universal de Colombia: los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, la implementación incompleta del Acuerdo de Paz, el reclutamiento forzado de menores de edad, la violencia de género y la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

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En la cuarta comparecencia de Colombia a este examen que tiene lugar en Ginebra, Estados como Argentina y Estados Unidos, junto a países europeos como Alemania, Islandia, Italia y Suiza; además de Japón y Nueva Zelanda hicieron énfasis en la necesidad de proteger la integridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes.

Además, de mejorar su protección, usando medidas individuales y colectivas, algunos Estados recomendaron investigar de manera independiente y expedita todos los casos y reparar a las víctimas. Dinamarca, por su parte, recomendó hacer una reforma a la Unidad de Protección.

Con respecto al acuerdo de paz, Chile y Francia reconocieron que Colombia ha avanzado en la implementación, pero le pidieron trabajar por materializarlo integralmente. Bélgica sostuvo que la implementación “debe ser la prioridad del país”.

Otro de los puntos en los que coincidieron Estados de múltiples latitudes fue el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Por ejemplo, Ecuador recomendó “aplicar medidas adicionales para prevenir el trabajo infantil y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados”.

Con respecto a la violencia de género, Chipre le pidió a Colombia “intensificar sus esfuerzos para asegurar que las víctimas de violencia de género tengan a la justicia y a servicios de salud y psicosociales”. Muchos otros Estados hablaron en ese sentido, entre ellos los de la Unión Europea, que pidieron combatir la impunidad en estos casos, o Indonesia y Gana, que hicieron énfasis en garantizar la justicia para las víctimas de feminicidios.

El de los pueblos indígenas y afrodescendientes a servicios básicos como salud, educación o justicia fue el tema de preocupación de otro gran número de países, entre ellos Bolivia, Canadá, China, Irak, Honduras y México.

En particular, le recomendaron a Colombia garantizar que ese sea efectivo especialmente en áreas rurales o remotas. Varios países africanos hicieron también recomendaciones para prevenir la discriminación racial.

Otros de los temas abordados fueron la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la protección de la libertad de expresión y de los periodistas, la descriminalización del aborto y el uso excesivo de la fuerza policial. Justamente, respecto a la Policía, España recomendó reformarla y considerar trasladarla al Ministerio del Interior.

El embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, dijo que, al acudir a este examen, el Estado no solo está cumpliendo con una obligación internacional, sino recibiendo recomendaciones que pueden beneficiar la situación en el país.

Al concluir la reunión, la vicecanciller Elizabeth Taylor Jay, jefa de la delegación de Colombia, le dijo en exclusiva a EL TIEMPO que su balance del examen es bueno.

“Estamos muy complacidos porque podemos hacer una lectura positiva frente a las reacciones de más de 80 países en su respaldo de los esfuerzos que estamos haciendo para implementar el Acuerdo de Paz y de las recomendaciones recibidas para para fortalecer la protección de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, las comunidades indígenas y afro. Es un trabajo persistente de nuestro Gobierno que estamos reforzando con las políticas públicas que se están implementando”, aseguró.

Así mismo, dijo que ninguno de los temas abordados los ha tomado por sorpresa: “Algunas de las recomendaciones tienen que ver con el examen anterior, y hemos mostrado cómo fortalecimos, por ejemplo, el sistema de justicia transicional y los diálogos con organizaciones criminales, que no solo tienen un carácter político, sino también unos componentes jurídicos”.

Con respecto a la insistencia de varios Estados sobre la violencia de género, la vicecanciller le dijo a este diario: “Algunos hablaron de prevenirla y otros de reducir la impunidad. Es un compromiso que nos llevamos de aquí los diferentes poderes del Estado”.

Otros de la delegación colombiana, que tomaron la palabra en nombre del Estado, fueron representantes de la

Las anteriores preocupaciones son solo una parte del examen. Es de remarcar que los países de la ONU felicitaron los esfuerzos de Colombia por implementar el Acuerdo y por tratar de prolongarlo hacia una paz más extendida a través de las negociaciones en curso.

Estonia y Georgia, por ejemplo, destacaron la prolongación del mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Luxemburgo, por su parte, dijo que la relación de Colombia con la ONU es ejemplar.

Otros de los aspectos positivos que destacaron fueron la voluntad de paz del Gobierno, la intención de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la creación del Ministerio de la Igualdad y el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Todo lo anterior es objeto de valoraciones positivas de los Estados de la ONU porque, en 2018, cuando presentó su examen anterior, Colombia aceptó recomendaciones relacionadas con estos asuntos y, al destacarlo, los delegados internacionales reconocen que el Estado ha hecho avances en materia de derechos humanos.

Este examen es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que consiste en revisar, cada cinco años, la situación en esta materia de cada uno de los 193 Estados de Naciones Unidas.

Su objetivo es que todos los Estados reciban recomendaciones de sus pares, acepten las que consideren pertinentes y se comprometan a ponerlas en marcha y luego reporten frente a ellos lo que han hecho para materializarlas.

Así, por ejemplo, Colombia aceptó 183 de las 211 recomendaciones que le hicieron en el ciclo pasado, en 2018, y presentó este martes los avances que hizo en ese sentido.

Los insumos con los que cuentan los Estados para evaluar la situación y formular estas recomendaciones son tres: un informe presentado por el país en cuestión; otro que producen la ONU y sus agencias, y un tercero que contiene la información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil.

El próximo 10 de noviembre, Colombia anunciará cuáles de las recomendaciones aceptará, lo que constituye un compromiso con los otros Estados de la ONU, y de lo que deberá dar cuenta en 2028, cuando vuelva a ser su turno de acudir al examen.

CARMEN LUCÍA CASTAÑO

PARA EL TIEMPO

GINEBRA