Europa está derribando los muros de las grandes tecnológicas con regulación

En los próximos meses, se sancionarán nuevas leyes en Europa -las primeras de su tipo en el mundo- para hacer que las grandes tecnológicas asuman la responsabilidad que les toca ante las sociedades donde operan y hacen negocios. Ya todos hemos oído hablar de los peligros que plantean las plataformas online para nuestra vida, nuestras democracias, la salud mental de nuestros hijos y la competencia económica. Ahora, la Unión Europea (UE) está tomando cartas en el asunto.

Con cada una de estas amenazas, entran en juego los mismos procesos básicos. Los algoritmos restringen las conversaciones a pequeños grupos de ‘amigos’ determinados por los datos, mientras que los guardianes restringen los mercados online para beneficio propio. Estas restricciones conllevan el riesgo de que perdamos registro del mundo y del mercado más amplio que nos rodea.

Durante décadas, se permitió que las plataformas tecnológicas hicieran básicamente lo que quisieran, y había muy poca legislación que las limitara a medida que iban acaparando un control cada vez mayor de los canales de información del mundo. Pero eso empezó a cambiar hace unos años, cuando la UE lideró un esfuerzo global para restablecer cierto equilibrio en la economía digital, garantizando justicia y protecciones básicas para la población.

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La privacidad era el primer motivo de preocupación. A medida que las plataformas principales impulsaban sus ingresos a cifras récord al recopilar datos de s, era evidente que nuestra concepción de privacidad tenía que modernizarse. La privacidad, por ende, se convirtió en un derecho no negociable para todos en Europa. Como ciudadanos, nosotros -y solo nosotros- ahora fijamos los límites de lo que compartimos y dejamos de compartir sobre nuestra persona.

Esta concepción de la privacidad como un derecho fundamental se vio consagrada en el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 de la UE. Con el GDPR (por su sigla en inglés), Europa fijó un curso para que la democracia se pusiera a la altura de la tecnología. Hoy, no hay manera de regresar a cómo eran las cosas antes de la ley. La legislación histórica de la UE desde entonces ha inspirado marcos similares en otras jurisdicciones en todo el mundo.

Inmediatamente después de esta iniciativa de privacidad de los datos tuvo lugar el escándalo de Cambridge Analytica, cuando nos enteramos de que Facebook había compartido 87 millones de perfiles de s con un investigador que luego le entregó los datos a un consultor político que trabajaba en la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. De pronto, todos empezamos a preguntarnos si nuestra vida digital estaba a salvo, y en qué medida nos estaban vigilando, influenciando y manipulando en la web.

Ladrillo a ladrillo, el muro de la pseudo neutralidad detrás del cual se habían escondido las plataformas -con el argumento habitual de que eran simples ‘conductos’ para transmitir información- se empezaba a desmantelar. Se estaba volviendo cada vez más evidente que las grandes tecnológicas tenían que asumir una responsabilidad por el contenido que ellas y sus algoritmos diseminan. Respondimos al establecer este deber, de manera clara y rotunda, en la Ley de Servicios Digitales, que se presentó por primera vez en diciembre de 2020.

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La DSA (por su sigla en inglés) es la pieza central de la legislación de la UE que pronto regulará cómo se trata el contenido en las principales plataformas digitales. Exige que las plataformas retiren todo el contenido ilegal, garantizando al mismo tiempo que la libertad de expresión de sus s se mantenga intacta.

También aborda la manera en que las plataformas utilizan algoritmos para determinar lo que vemos y dejamos de ver. Actualmente, estamos en el proceso de designar qué plataformas y motores de búsqueda importantes serán objeto de estas estipulaciones antes de que entren en vigencia en el último trimestre del 2023.

La última cuestión importante de la que se ocupará la nueva legislación digital de la UE es la falta de una competencia saludable en el sector tecnológico. En los últimos años, los reguladores han llevado adelante causas importantes contra las grandes plataformas online, algunas de las cuales han hecho que aumente la conciencia pública respecto del poder de mercado indebido de las plataformas. Pero los mercados digitales se han vuelto más complejos y hemos necesitado nuevas herramientas sistémicas para suplementar los instrumentos antimonopolio tradicionales.

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La Ley de Mercados Digitales se redactó para abordar esta necesidad. Enumera una lista de “cosas que hay que hacer y que no hay que hacer”, destinada a impedir que las llamadas plataformas guardianas abusen de su posición en los mercados digitales, y a dejar cierto espacio para que los nuevos participantes compitan con los ya existentes con base al mérito.

De la misma manera que la DSA articulará oficialmente las responsabilidades de las plataformas ante sus s, la DMA (por su sigla en inglés) establecerá las responsabilidades de estas con otros participantes del mercado, muchas veces más pequeños. El resultado será un mercado tecnológico más vibrante, innovador y justo.

Sancionamos esta legislación en tiempo récord. En todo el proceso, nos aseguramos de que nuestro trabajo estuviera guiado por valores, no por la tecnología subyacente. Esto es importante porque, mientras que las tecnologías cambian todo el tiempo, los valores no.

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Estamos orgullosos de que Europa se haya convertido en la cuna de la regulación tecnológica a nivel global. Ha sido gratificante ver que se redactaran leyes similares en países que comparten nuestros valores democráticos y humanísticos, y seguimos ansiosos por coordinar nuestros propios esfuerzos regulatorios y normativos con los demás.

El Consejo de Comercio y Tecnología UE-EE.UU., creado en 2021, fue un ejemplo temprano de cómo se puede profundizar la cooperación internacional para garantizar que las tecnologías funcionen para todos. Ahora hemos formado alianzas similares con India, Japón, Singapur y Corea del Sur.

Para que la democracia prospere, tiene que abrir espacios donde la gente pueda hablar, disentir, contradecirse mutuamente y encontrar soluciones comunes. En el pasado, teníamos las plazas públicas, los parlamentos, las universidades y los cafés. Cuando llegó internet, trajo de la mano la promesa de expandir estos foros globalmente. Pero el ascenso de las grandes plataformas se interpuso en el camino, fragmentando nuestras conversaciones en una constelación de espacios opacos y amurallados, lo que plantea una amenaza para nuestra democracia. Hoy, derribar esos muros es la tarea de los ciudadanos en todas partes.

MARGRETHE VESTAGER (*)

© PROJECT SYNDICATE

BRUSELAS

(*) Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea.

Meta (Facebook), Alphabet (Google), Microsoft, Twitter y algunas otras compañías tecnológicas han llegado a dominar lo que vemos y oímos en internet. Con el rápido desarrollo de “grandes modelos de lenguaje” como ChatGPT y Bard, el poder que ejercen las grandes tecnológicas en las mentes impresionables no hará más que fortalecerse, con consecuencias potencialmente atemorizantes.

Sin embargo, hay otros desenlaces posibles. Las empresas podrían desplegar la última ola de inteligencia artificial de manera mucho más responsable, y dos casos judiciales actuales sirven como advertencia para quienes persiguen modelos de negocios socialmente destructivos.

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Pero también necesitamos intervenciones de la política pública para dividir a las compañías tecnológicas más grandes y gravar la publicidad digital. Estos mecanismos políticos pueden ayudar a modificar el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, impidiendo así que las plataformas les inflijan tanto daño emocional a sus s, especialmente a los jóvenes vulnerables.

Uno de los casos es Gonzales vs. Google, que está en la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que está en discusión es la insistencia de la industria tecnológica en que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 exima a las plataformas de cualquier responsabilidad por el contenido de terceros que albergan.

Si las plataformas actúan más como medios periodísticos que como simples repositorios digitales cuando recomiendan videos, tuits o publicaciones, deberían cumplir con las mismas normas que los medios establecidos que, según las leyes de difamación existentes, no tienen permitido publicar lo que saben que no es verdad.

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En consecuencia, en una demanda legal por 1.600 millones de dólares presentada contra Fox News, Dominion Voting Systems ha difundido una amplia evidencia de que los máximos conductores y ejecutivos de Fox eran absolutamente conscientes de que las acusaciones de fraude electoral del expresidente Donald Trump eran completamente falsas (y de que se lo habían comunicado entre sí). Dominion entabló una demanda contra Fox, que presuntamente difundió, bajo conocimiento, mentiras sobre las máquinas de votación de Dominion en la elección de 2020. ¿Acaso las plataformas online cuyos algoritmos diseminaron las mismas mentiras no deberían cumplir con el mismo estándar?

Abordar este tipo de interrogantes se ha vuelto cada vez más urgente ahora que programas como ChatGPT están a punto de darle nueva forma a internet. Estos recomendadores algorítmicos sofisticados podrían estar entrenados para no promover contenido radicalista o mentiras deliberadas, y para no fomentar emociones extremas. Si un algoritmo explota o manipula a niños (o a cualquier otro, si vamos al caso), la responsabilidad de ese daño debería recaer en los seres humanos a cargo. Después de todo, la IA en este nivel no opera de manera autónoma de cualquier toma de decisiones humana. Sostener lo contrario es otorgarles a sus creadores inmunidad legal.

Las empresas tecnológicas ya no deberían poder excusarse de su propia desatención o negligencia con el argumento de que “hay demasiados datos” que deben monitorear. Esa riqueza de datos es la fuente de sus ingresos, y la mera abundancia de contenido en sus plataformas es lo que hace que su IA sea tan potente.

Primero, las plataformas más grandes deberían dividirse para crear una competencia más intensa entre los algoritmos de recomendación y sus instructores. Pero para que esto funcione en beneficio de la población, también se les debería exigir que permitan que la red social de un pueda transferirse a una plataforma diferente. Los s de redes sociales y de contenido digital deberían poder prescindir de sus servicios cuando no les gusta lo que una plataforma está promoviendo.

Segundo, y aún más importante, necesitamos implementar un ajuste en el modelo de negocios prevaleciente de las grandes tecnológicas, que se basa en cosechar cantidades siderales de datos de s y monetizarlos mediante ventas de publicidad digital. Este modelo de negocios explica por qué la desinformación, la indignación y la inseguridad prevalecen tanto online.