Gobiernos de todo el mundo rechazan independencia de Cataluña

Países como Brasil, Australia, Rumanía, Portugal y Grecia, entre otros, defendieron este sábado la unidad de España, como hicieron ya este viernes Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Argentina, México o Colombia, además de instituciones como la UE, la ONU y la OTAN.

Un día después de la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, aunque sin mencionarla expresamente, el Vaticano reconoció hoy que el papa Francisco está preocupado por "el retorno de los nacionalismos" y las "presiones disgregadoras" que afectan a Europa, según aseguró el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Parolin afirmó que "el resultado del referéndum británico del año pasado y las presiones disgregadoras que atraviesa el continente han llevado al Santo Padre a considerar la urgencia de favorecer una reflexión aún más amplia y cuidadosa sobre toda Europa y sobre la dirección que esta -incluso más allá de las fronteras de la UE- tiene intención de emprender".

Este sábado el papa cargó en concreto contra "las lógicas particulares y nacionales" que ponen en riesgo el sueño de los fundadores de Europa y defendió el diálogo para impedir que "formaciones extremistas y populistas" hagan "de la protesta el corazón de su mensaje".

En el mismo evento, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aseguró que el único interlocutor para la Unión Europea (UE) es España y reiteró que "nadie reconoce ni reconocerá a Cataluña como un estado independiente". Tajani añadió que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre "es sabia porque serán los catalanes quienes decidirán qué gobierno quieren".

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apeló de nuevo a la unidad y a la estabilidad para la resolución de la situación en Cataluña, y reiteró que "no es papel de la Unión Europea mediar en el problema".

"Debemos respetar las constituciones de nuestros Estados , las decisiones del Tribunal Constitucional español y la opinión del Parlamento español", concluyó Juncker en línea con el respaldo ya expresado al Gobierno español en las últimas semanas.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, habló este sábado con el rey Felipe VI de España para transmitirle personalmente que Portugal no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada el viernes por el Parlamento catalán.

En declaraciones desde las Azores, Rebelo de Sousa transmitió al rey "el respeto a la unidad del Estado español y por tanto el no reconocimiento de la declaración de independencia".

Desde Brasil también se dejó claro su rechazo a la declaración unilateral de independencia realizada por Cataluña y se pronunció a favor de que la crisis política provocada por el desafío separatista se solucione mediante el diálogo y el respeto a la Constitución española.

El ministerio de Relaciones Exteriores brasileño emitió este sábado un breve comunicado en el que pidió diálogo basado en "el pleno respeto de la legalidad constitucional y a la preservación de la unidad de España".

En la misma línea se pronunciaron países como Rumanía, Indonesia, Líbano, Grecia, Suiza, Senegal, Azerbaiyán o Australia, cuyo gobierno afirmó hoy que respeta la soberanía y integridad territorial de España. En Francia la prensa del país se mostró crítica en sus editoriales con la declaración de independencia del Parlamento catalán y preocupada por la situación que podría derivar en violencia.

Hasta este sábado solo las repúblicas separatistas de Osetia del Sur y de Abjasia, que rompieron con Georgia en 2008 y no han sido reconocidas internacionalmente, se han mostrado dispuestas a estudiar el reconocimiento de Cataluña si reciben una solicitud en ese sentido.

De acuerdo con el abogado del destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, dos legalidades coexisten en Cataluña: la de España y la de la "República catalana" proclamada por el parlamento, considerando que serán los ciudadanos quienes impongan una u otra.

"Tenemos un parlamento que proclama una república y por lo tanto un gobierno que dice 'yo soy el gobierno del nuevo Estado' y luego tenemos otro Estado español que dice esto que hicisteis no vale nada", explicó Jaume Alonso-Cuevillas en una entrevista a la AFP.

El abogado habló este sábado poco antes de una breve comparecencia de Carles Puigdemont en la que llamó a oponerse democráticamente a la toma de control de Cataluña por parte del gobierno español, que destituyó a todo el ejecutivo catalán.

En virtud de la llamada "ley de transitoriedad" adoptada por el parlamento catalán y suspendida seguidamente por el Tribunal Constitucional, "hay una nueva república y el presidente de la Generalitat (ejecutivo catalán) es el presidente de la República. Pero conforme a la otra ley (la española), no hay un nuevo Estado y el presidente de la Generalitat ha sido cesado", añadió Alonso-Cuevillas. 

La clave, según él, está en los ciudadanos. "El día que haya que pagar impuestos, ¿los ciudadanos pagarán impuestos en Cataluña o en España?", dijo. "¿Los funcionarios que reciban instrucciones van a hacer caso al delegado del gobierno en España (...) o van a hacer caso al gobierno de la Generalitat?".  

Desde Madrid, la visión es completamente distinta: "existe una legalidad y una invención" de los independentistas catalanes, afirma una fuente gubernamental.

El gobierno español intentaba este sábado tomar el control de Cataluña, menos de 24 horas después de la proclamación de la independencia que no fue reconocida por ningún país pero es un hecho sin precedentes en la historia de la España contemporánea.

Rajoy confió la gestión cotidiana de los asuntos catalanes a la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y comenzó tomando el control de la policía catalana, sospechosa de haber permitido la celebración de un referéndum de autodeterminación prohibido el 1 de octubre.

Hay acciones judiciales en curso, también contra Carles Puigdemont, investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación al haber organizado dicha consulta.

El viernes, la fiscalía anunció la presentación la próxima semana de una querella por "rebelión", delito pasible con hasta 30 años de prisión. El letrado de Puigdemont señala que al menos una de las condiciones constitutivas del delito de rebelión no se cumple, porque el código penal español precisa que es necesario que haya un "alzamiento público y violento".

"No hay de ninguna de las formas el requisito de la violencia", considera el abogado, antes de señalar que la rebelión, equivalente en cuanto a penas al delito de "terrorismo" o "asesinato", no se sostiene.

Por su parte, Puigdemont midió bien las palabras de su discurso el sábado, llamando a sus militantes a una reacción "pacífica" y a la "oposición democrática" a la intervención decretada desde Madrid.

AFP y EFE