Cinco preguntas para entender la primera ley de inteligencia artificial del mundo

El Parlamento Europeo ratificó este miércoles la ley de inteligencia artificial (IA) que pactaron en diciembre las instituciones europeas. Esta es la primera ley que regula esta tecnología en el mundo, y dio así un paso importante para su aprobación definitiva en la Unión Europea.

En palabras de Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior, "Europa es ahora un referente mundial en inteligencia artificial". Para él, con esta ley Europa “está regulando lo menos posible, pero todo lo necesario”.

"Un marco pionero en Europa para la IA innovadora, con límites claros", señaló, por su parte, en la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien agregó que "beneficiará a la fantástica cantera de talentos de Europa" y "sentará las bases de una IA fiable en todo el mundo".

Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, la Eurocámara avaló así el acuerdo que a finales del año pasado cerró un grupo de representantes de las tres instituciones comunitarias y que requería aún el visto bueno del pleno del Parlamento Europeo.

El proyecto de ley original, considerado inédito a nivel mundial, había sido presentado por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, en abril de 2021. Sin embargo, la aparición a finales de 2022 de ChatGPT, de la empresa californiana OpenAI, capaz de escribir disertaciones, poemas o hacer traducciones en segundos, le otorgó al proyecto una nueva dimensión. 

Este sistema reveló el enorme potencial de la IA, pero también expuso sus riesgos. La difusión de fotografías o vídeos falsos puso de relieve el peligro de manipulación de la opinión pública.

Aquí 5 preguntas para entender este histórico proyecto de ley.

La Unión Europea reconoce que la inteligencia artificial puede aportar muchos beneficios, como "una mejor asistencia sanitaria, un transporte más seguro y limpio, una fabricación más eficiente y una energía más barata y sostenible". Pero, por eso mismo, y como parte de su estrategia digital, la UE quiere regular la inteligencia artificial para garantizar mejores condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología.

La Ley tiene dos objetivos claros. Por un lado, garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la Unión Europea e introducidos en el mercado europeo sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos. Y por otro, estimular la inversión y la innovación en el ámbito de la IA en Europa. El acuerdo establece que el Reglamento de Inteligencia Artificial debe aplicarse dos años después de su entrada en vigor.

El texto respaldado prevé prohibir la calificación ciudadana o los sistemas de vigilancia masiva, o incluso la identificación biométrica remota de personas en lugares públicos.

La legislación define medios de vigilancia y sanciones, mediante la creación de una Oficina Europea de IA. Esa instancia podrá imponer multas que van desde 7,5 millones de euros o el 1,5% de la facturación de las empresas afectadas, hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa. Esta normativa determina que los ciudadanos deben ser claramente informados que están tratando con recursos de inteligencia artificial.

La ley también prohíbe a los agentes de policía utilizar tecnología de reconocimiento facial en tiempo real, con excepciones para las fuerzas del orden si están buscando a una persona condenada o sospechosa de un delito grave, como una violación o terrorismo.

La policía podrá solicitar el uso de la tecnología para encontrar víctimas de secuestro o trata de personas, pero con aprobación de un juez u otra autoridad judicial, y para un uso limitado en tiempo y lugar.

La normativa adoptada este miércoles prevé que los modelos de IA de "propósito general" deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, así como con las normas europeas de derechos de autor. En tanto, los sistemas considerados "de alto riesgo" (como los utilizados en infraestructuras críticas, educación o aplicación de la ley) estarán sujetos a requisitos más estrictos. Estos sistemas tendrán que prever la implementación de un análisis de impacto obligatorio sobre los derechos fundamentales. También se va a crear la Oficina de la IA en la Comisión, que se encargará de supervisar que los Estados aplican las nuevas normativas, supervisar los modelos de IA más avanzados y contribuir a fomentar las normas y prácticas de ensayo.

La directora general adjunta de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Ursula Pachl, declaró en un comunicado que, los consumidores estarán protegidos de algunas prácticas denigrantes, como la puntuación social, y podrán unirse a demandas colectivas de reparación si se han visto perjudicados, pero advirtió de que la legislación “debería haber ido más lejos” y de que los reguladores pertinentes deberán contar con los recursos necesarios. El grupo de La Izquierda en la Eurocámara también expresó críticas hacia la ley, en especial que en vez de privilegiar la protección de los ciudadanos se haya preferido “hacer excepciones por motivos de seguridad nacional y extender la alfombra roja a las grandes empresas tecnológicas”.

La ley no entra aún en vigencia. Está previsto que la Unión Europea la apruebe definitivamente en las próximas semanas, aunque no será hasta 2026 cuando entre en vigor.

REDACCIÓN INTERNACIONAL