Las aguas turbias del canal de Isabel II en España

El escándalo que marca la política española se centra en una persona: Ignacio González, expresidente de la comunidad de Madrid (cargo equivalente al de gobernador del departamento), que fue detenido el miércoles pasado.

Las actividades que lo relacionan con Inassa, filial del Canal de Isabel II en Colombia, constituyen solo una de las patas de la araña del entramado que supuestamente urdió en uno de los casos de corrupción que ensucian al Partido Popular (PP), organización que dirige el actual presidente de España, Mariano Rajoy.

La Operación Lezo, denominada así en homenaje a nuestro héroe de Cartagena, se centra en el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid.

Investiga delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, lavado, fraude, falsificación y corrupción.

Otras once personas fueron también arrestadas en el operativo de esta semana; algunas de ellas son familiares de González. 

¿Quién es Ignacio González y qué fue lo que hizo? González ascendió a la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre renunció en 2012, obligada por los escándalos que corrupción que asediaban a su partido en la región.

Hasta entonces González era el vicepresidente de Aguirre y, a la vez, el presidente del Canal de Isabel II, cargo al que había llegado en 2003.

Bajo su dirección, se adjudicó el contrato de la explotación de un campo de golf en terrenos del Canal en Madrid a un socio de su hermano, Pablo González, que también fue detenido el miércoles.

Este y el cuñado de ambos, José Juan Caballero, estaban relacionados con Tecnoconcret, la empresa que resultó beneficiaria del concurso para la explotación del campo de golf en 2007.

Pablo González es objeto de otra investigación por la participación de Mercasa-Incatema, empresa pública de la que era directivo, enredada por el supuesto desvío de dinero en una venta de armas a Angola.

Caballero, por su parte, también fue arrestado el miércoles y está casado con Isabel González, hermana de Ignacio y Pablo, que es vocera adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. 

Algunas patas de la araña caminan hacia América Latina. Allí el Canal de Isabel II creó cerca de veinte empresas en Colombia, Ecuador, República Dominicana y Brasil (de las cuales ya se han cerrado una docena). Varias de ellas son sociedades pantalla, usadas para adquirir empresas. Otras se dedican a actividades que no tienen nada que ver con la gestión de aguas.

El hombre de confianza de González en América Latina era Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los detenidos. Fue quien apareció con él en las grabaciones espías en Cartagena en 2008, cuando se les oyó hablando de una oficina pantalla, un banco suizo y el traspaso de cheques y fondos a Panamá.

También se les vio con un par de bolsas. Ante las sospechas de que estuvieran llenas de dinero, ellos alegaron que solo contenían toallas.

Rodríguez Sobrino era presidente de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), empresa que gestionaba las demás operantes en América del Sur desde Colombia.

En 2013 compró la mercantil brasileña Emissao Engenharia e Construcao, mediante una empresa de Uruguay (Soluciones Andinas de Aguas, carente de actividad).

El Canal de Isabel II pagó 21,4 millones de euros y un mes después el precio había caído a la mitad. Un año después se había reducido a cinco millones. Y a los dos años daba pérdidas de cinco millones de euros.

Cristina Cifuentes (del PP), actual presidenta de la Comunidad de Madrid, presentó a la Fiscalía General del Estado en julio de 2016 un escrito sobre anomalías en la compra de la empresa brasileña.

Los descubrimientos “tumbaron” a la directora financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, y al jefe de Recursos, Fernando Cevallos. También salió Rodríguez Sobrino, que apareció en los papeles de Panamá.

Capítulo aparte merecen Cifuentes y Rodríguez Sobrino. Este es actualmente consejero delegado de Audiovisual Española 2000, editora del diario La Razón.

Dentro de la Operación Lezo se investiga el posible acoso por parte del presidente y el director de La Razón a Cifuentes, con el objeto de convencerla de que no denunciara las anomalías en la compra de Emissao.

El origen fue unas grabaciones telefónicas a Rodríguez Sobrino, en las que habla con Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', y con Mauricio Casals, presidente de ese diario, sobre la opción de atacar a Cifuentes en las páginas del periódico si continuaba con su empeño.

Marhuenda y Casals declararon el jueves ante el juez Eloy Velasco, que lleva el caso. Ambos reconocieron la veracidad de las charlas. “Eran conversaciones con un amigo desesperado”, explicó Marhuenda. “En mi vida la he presionado (a Cifuentes) y en mi vida he intentado influir en un proceso judicial”, agregó.

El Canal de Isabel II padece problemas en otros países de América Latina. La Fiscalía General de República Dominicana investiga a Ángel Rondón, su socio estratégico del Canal, por corrupción. Odebrecht le pagó 92 millones de dólares, que podrían haberse utilizado para sobornar funcionarios dominicanos.

José Ignacio González nació en Madrid en 1960. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de esta ciudad. Trabajó en el Ministerio de Educación y fue secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración durante el gobierno de José María Aznar. De allí pasó a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue el brazo derecho de Esperanza Aguirre. Está casado con Lourdes Cavero, galerista y subastadora de obras de arte, y tiene tres hijas.

La gente relaciona su nombre inmediatamente con un ático, que le produjo varios dolores de cabeza. Se trata de un apartamento de lujo en Marbella (zona de vacaciones de moda entre la clase pudiente) valorado en 700 mil euros, cuya compra simuló y supuestamente recibió como pago por favores a cambio de la recalificación de terrenos.

La Operación Lezo es solo una de las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en España por corrupción y que alcanzan a los más altos dirigentes. Un tribunal de la Audiencia Nacional citó (sin anunciar aún la fecha) al presidente Mariano Rajoy para que comparezca como testigo en el juicio del Caso Gürtel, que busca determinar si hubo una financiación irregular en el PP.

Juanita Samper Ospina