Así obligó la Iglesia Católica belga a madres solteras a vender 30.000 recién nacidos

Decenas de miles de jóvenes belgas que quedaron embarazadas fuera del matrimonio entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 80 fueron internadas por sus familias en centros gestionados por la Iglesia católica en Flandes (Europa Occidental).

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En otros países europeos ocurrió de forma similar y hubo abusos, pero una investigación periodística belga sorprendió recientemente por la amplitud de los abusos. En esos centros, donde fueron humilladas y en muchos casos abusadas sexualmente aún estando embarazadas, dieron a luz bajo control de párrocos y monjas.

Los bebés, normalmente en los primeros días tras el parto, eran entregados a familias de adopción sin el consentimiento de sus madres. Esas familias pagaban sumas considerables para la época, entre 10.000 y 30.000 francos belgas, que no iban a las jóvenes que habían dado a luz, sino que se quedaba la propia Iglesia. Una estimación no especialmente pesimista llevaría a cifrar en 600 millones de francos (unos 17 millones de dólares) el dinero que habría obtenido la Iglesia flamenca vendiendo esos niños durante cuatro décadas. 30.000 niños en una población, la de Flandes, que solo en la última década superó los seis millones de personas.

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La información, desvelada en el podcast “Los niños de la Iglesia” del diario flamenco ‘Het Laatste Nieuws’ cuenta por primera vez con el testimonio de varios de aquellos niños vendidos y de algunas de las madres que los compraron.

Además de dar a luz en condiciones lejanas a la práctica médica de la época, en algunos casos incluso bajo anestesia total, tuvieron que ver cómo les robaban sus hijos recién nacidos para venderlos a familias de adopción. A las jóvenes se les decía en muchas ocasiones que los bebés habían nacido muertos.

Después, esas jóvenes que habían dado a luz bajo supervisión de religiosos eran esterilizadas durante el parto para que no volvieran a quedar embarazadas. El hecho de que habían pasado por esos centros era conocido en sus comunidades, y quedaban marcadas de por vida, con un estigma que hacía que difícilmente pudieran formar parejas. Fueron, en su mayoría, mujeres solas de por vida.

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Esos centros religiosos, dependientes directamente de los obispados, destruyeron en muchas ocasiones los dosieres del internamiento de esas jóvenes mujeres embarazadas y de la entrega en adopción de sus bebés, por lo que después fue muy difícil conseguir su reunificación cuando los bebés fueron adultos y quisieron buscar a sus madres.

La Iglesia belga, a través de su Conferencia Episcopal, respondió a la información diciendo que sentía compasión por el dolor y el traumatismo que debieron pasar las víctimas de aquella trata de seres humanos.

Los obispos piden ahora que se organice una investigación independiente que estudie aquellos hechos, tanto el internamiento de las jóvenes embarazadas como la entrega de sus hijos, previo pago, a familias de adopción. Entonces, prometen, podrán estudiar la necesidad de indemnizar a los supervivientes de aquel comercio que ya entonces era ilegal.

Nadie espera consecuencias penales porque los eventuales delitos, cuarenta años después de su comisión a principios de los 80 en los casos más recientes, ya habrían prescrito.

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Sí puede salir adelante una comisión de investigación parlamentaria que haga luz sobre el escándalo. Horas después de la revelación periodística, el ministro de Justicia, Paul Van Tigchelt, dijo que cuatro párrocos habían sido expulsados de la lista de del clero a los que el Estado les paga sus salarios. Otros cuatro párrocos están siendo investigados, pero la inmensa mayoría de las personas implicadas en aquellas sustracciones de bebés ilegales y en su venta ya murieron.

Van Tigchelt dijo que “la Iglesia y la sociedad deben asumir sus responsabilidades reconociendo a las víctimas, que deben poder saber qué pasó y quién fue responsable. No quiero crear falsas expectativas o esperanzas porque la mayor parte de los casos habrán prescrito, pero hay que ayudar a las víctimas, darles respuesta, salir de este tabú. La comisión parlamentaria debe responder a estas cuestiones”. Una de las respuestas a dar es qué médicos y por qué se prestaron a participar en esos partos sabiendo que los niños eran sustraídos a sus madres.

El segundo gran escándalo que sacude la Iglesia belga este año (el anterior, hace tres meses, fue la revelación de cientos de casos de pedofilia en el seno de las estructuras escolares religiosas) planea como una sombra sobre la prevista visita del Papa Francisco a Bélgica en 2024.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

BRUSELAS

EL TIEMPO