El controversial giro de Boris Johnson en la política migratoria británica

Sin ninguna otra opción, Ashraf emprendió un duro viaje hacia Reino Unido en busca de asilo tras ser víctima de persecuciones, intimidaciones y amenazas en su natal Irán por cuenta de su fe cristiana en un país de mayoría musulmana.

Tras una travesía de meses, en la que casi fallece en un barco que naufragó entre Francia y las costas británicas por la peligrosa ruta del Canal de la Mancha, el hombre fue retenido por las autoridades londinenses, quienes sin darle la oportunidad de ser escuchado, le notificaron que sería enviado a Ruanda junto con otros migrantes.

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Esto por cuenta del polémico acuerdo tomado en abril entre Reino Unido y el país africano -a cambio de una primera entrega de más de 140 millones de euros- que busca “reubicar” a los solicitantes de asilo que ingresen de manera irregular por esta ruta.

Y si bien el primer vuelo debía partir el pasado martes con Ashraf y otros solicitantes, pocas horas antes del despegue del avión, que el Gobierno del primer ministro Boris Johnson quiso mantener en secreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impidió el proceso por considerar que la justicia de Londres debía evaluar primero la legalidad del plan de expulsión.

Entonces, la medida pasó de ser una “solución práctica” a una defensa simbólica del Ejecutivo que parece querer ir hasta las últimas consecuencias. Incluso, esta semana Johnson se mostró decidido a elevar el tono frente a las críticas, hasta el punto de sugerir la posibilidad de que su gobierno retire al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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Downing Street también se enfrenta a numerosas organizaciones humanitarias, a las críticas de la iglesia Anglicana y hasta de la corona británica. Sobre esto último, el diario The Times, que citó una fuente anónima del Palacio de Buckingham, afirmó que el príncipe Carlos “expresó que estaba más que decepcionado con esta política”, a la que calificó como “espantosa”.

La iglesia Anglicana, por su parte, dijo que se trata de una “política inmoral que avergüenza al Reino Unido”. “Nuestra herencia cristiana debería animarnos a tratar a los solicitantes de asilo con compasión, equidad y justicia”, dijeron 23 arzobispos en una carta también publicada en el diario.

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Johnson justifica su decisión en que, con la medida, se desestimulará el cruce de migrantes por el Canal de la Mancha y se derrumbará el negocio de los traficantes de personas que llevan a cientos de refugiados en peligrosos botes hacia las costas británicas.

Solo en noviembre de 2021, cerca de 6.900 personas llegaron en precarias embarcaciones a las costas inglesas, incluyendo un récord de 1.185 en un solo día. Y, según cifras del Ministerio del Interior británico, en lo que en lo que va corrido de este año, más de 10.000 migrantes irregulares han llegado a través de este mortal cruce marítimo, que en noviembre pasado fue epicentro del más mortífero naufragio de una embarcación registrado en esta transitada vía, en el que perecieron 27 migrantes.

De ahí que las crecientes llegadas clandestinas se han convertido en una pesadilla política para el primer ministro, que había prometido un mayor control sobre la inmigración tras el brexit.

Además, los cruces son una fuente habitual de tensión con Francia, ya que el Elíseo considera insuficientes los esfuerzos realizados por Londres para impedir que las embarcaciones zarpen de sus costas, pese a las ayudas económicas de Reino Unido para reforzar la vigilancia.

Por ende, el instinto de supervivencia de Johnson lo llevó a considerar que cualquier estrategia para reducir la inmigración irregular sería respaldada por los conservadores que en 2016 respaldaron el brexit, y que en 2019 lo apoyaron como primer ministro.

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Según le explicó a EL TIEMPO Carlos Vargas-Silva, director del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford, el nuevo esquema “acaba con las responsabilidades legales del Reino Unido con las personas que solicitan asilo y que tendrían que permanecer en Ruanda”, país que esconde un terrible reverso de violaciones de DD. HH.

La Convención de Ginebra establece que un solicitante de asilo no puede ser devuelto a un país en donde su libertad está amenazada, mientras que la de refugiados asegura que dichas personas no pueden ser penalizadas por entrar a un país de forma irregular y están en el derecho de solicitar asilo en el país receptor.

Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, por su parte, dijo esta semana que Londres traspasa su responsabilidad a un país que no cuenta con la estructura suficiente para atender a migrantes.

“El Reino Unido argumenta que lo hace para librar a mucha gente de peligrosas travesías, pero ¿esta es la manera correcta de hacerlo, y es esta su verdadera motivación? No lo creo”, afirmó.

Cecilia Estrada, doctora en Migraciones Internacionales y directora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas de España, le dijo a este diario que quienes llegan a Reino Unido provienen de países como Irak, Irán, Eritrea, Uganda, Congo, Afganistán o Siria.

Se trata en su mayoría de hombres entre los 18 y 40 años, provenientes de países que figuran entre los más peligrosos del mundo, según International SOS, lo que los pone en alto riesgo de tortura o esclavitud.

“Estas personas huyen de conflictos, de persecuciones, de matrimonios forzados. Huyen de la muerte (...) Y llegan a Reino Unido con la esperanza de refugiarse en ese país, conocido tradicionalmente por albergar valores de protección a los más vulnerables”, explica la experta.

En ese sentido, los analistas consideran que políticas restrictivas como la que pretende implementar el gobierno británico no tienen un efecto disuasorio en la población migrante y refugiada.

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“Muchas de estas medidas no funcionan por el simple hecho de que a las personas que viajan desde Siria, por ejemplo, no les importa que haya una pequeña ley que dice que pueden ser penalizados al llegar ya que están demasiado asustados por sus vidas”, afirma por su parte David Cantor, director del Refugee Law Initiative de la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres.

Según Estrada, “lo que ocurre cuando se intenta poner freno a la llegada de personas que huyen es que el flujo no desaparece sino que se desarrolla en otras rutas y vías incluso más peligrosas”.

De ahí que las organizaciones de derechos humanos insistan en que este tipo de regulaciones solo imponen más angustia y miedo en quienes ya han sufrido los horrores de la guerra, la tortura y la persecución.

“Ellos llegan en embarcaciones que se enfrentan a una serie de peligros tremendos como el estado del mar o la sobrecarga. Si la barca es para 20 personas llegan a subir 40. Duran varios días a la deriva y vienen famélicos. Además del coste físico, el viaje tiene el coste psicológico de verse forzados a desechar cuerpos en altamar de quienes fallecen”, destaca Estrada.

Para Peter Walsh, investigador principal del Observatorio de Migraciones de la Universidad de Oxford, la medida no concuerda con la realidad si se tiene en cuenta que “no hay forma legal de ir al Reino Unido para solicitar asilo”.

“No hay una visa para el propósito específico de solicitar asilo. Para hacerlo, tienes que estar en el Reino Unido. Así que esto, en efecto, obliga a la gente a tomar estas peligrosas rutas”, señala.

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Y es que Ruanda, el país más densamente poblado de África con una población de 552 habitantes por metro cuadrado, no parece ser precisamente “un paraíso para los migrantes” como trata de calificarlo el Reino Unido para impulsar su nueva política.

El informe 2021 de la ONG Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de DD. HH. en dicho país indica que el Frente Patriótico Ruandés -grupo político en el poder- reprime las voces de disidentes y mantiene cerrado el campo para la oposición política a los medios y la sociedad civil.

De hecho, varios blogueros, como Yvonne Idamange, sobreviviente al genocidio tutsi, han sido condenados a prisión por “incitar a la violencia y difundir rumores”.

A esto se suman las violaciones a los derechos a la libertad de expresión o privacidad. Según un informe de Amnistía Internacional, más de 3.500 activistas, periodistas y políticos de ese país fueron objeto de espionaje por parte de las autoridades de Ruanda a través del programa Pegasus.

En materia de refugiados, aunque el país goza de una buena reputación de acogida de refugiados, medios internacionales recuerdan que en 2018, por ejemplo, 12 refugiados que protestaban frente a la sede de la Acnur fueron asesinados a tiros por la policía de Ruanda.

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Y HRW asegura que “en África, ha documentado y recibido informes fidedignos de refugiados ruandeses y solicitantes de asilo que fueron objeto de desaparición forzada o asesinados”.

Pero Walsh explica que hay dos formas principales en las que Ruanda se beneficia de todo esto: “La primera es financiera. Ya han recibido 140 millones de euros del Reino Unido. Y la segunda es política, pues les permite intentar demostrar que son un país moderno, rápido y desarrollado”.

Entre tanto, miles de migrantes sortean la muerte y la angustia mientras que Reino Unido asegura que será cuestión de tiempo lograr su cometido.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

@Angie_ruiz26