Así opera la vigilancia política en Nicaragua: hay funcionarios infiltrados en toda la sociedad

El Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, cuenta con una "amplia estructura" de vigilancia e inteligencia que identifica a funcionarios públicos, opositores y otras personas de interés a investigar, reveló este miércoles el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU.

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La estructura está compuesta principalmente por del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones), el Ministerio de Salud y grupos armados progubernamentales, y utiliza centros de cómputo instalados en cada municipio", afirmó el Grupo en un informe presentado en Ginebra y compartido en Costa Rica por la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más.

Todas las instituciones públicas también están vinculadas a esta estructura a través de sus secretarios políticos, quienes identifican a los funcionarios públicos y otras personas a investigar, según los expertos.

El Gobierno utiliza esta información -canalizada principalmente a través del Centro de Información e Inteligencia Policial, el Comité Nacional de Información, la Unidad de Análisis Financiero y la estructura del Frente Sandinista de Liberación Nacional ( FSLN)- para identificar a opositores, vigilar sus actividades, acosarlos o geolocalizarlos, señaló el Grupo.

"La represión en ese país hoy opera de manera sofisticada y no se limita solo al territorio nacional: al mejor estilo de otros países de la región, el aparato policial y del ejército se ha dedicado a perfilar, monitorear y perseguir a las organizaciones y activistas que permanecen en Nicaragua. De igual manera, el aparato judicial y ejecutivo se dedican a cancelar todo tipo de organizaciones con enfoque social, entre quienes se encuentran incluso fundaciones humanitarias u organizaciones de comunidades basadas en la fe", le explicó a este diario María Pía Alvira, directora del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.

Esa estructura de vigilancia e inteligencia se alimenta de los empleados públicos de confianza infiltrados en todas las instituciones públicas y gobiernos locales, y de del FSLN que integran las llamadas "Unidades de Victoria" y están presentes en todos los distritos, municipios y barrios de Nicaragua.

"Estas Unidades recogen información que los secretarios políticos transmiten a la dirección del FSLN, que la comparte con la Dirección de Información para la Defensa del Ejército -a pesar de la estricta prohibición de que el Ejército participe en la vigilancia política- y/o con los servicios de inteligencia de la Policía", señala el informe.

Según sus hallazgos, la Policía, incluida la Dirección de Auxilio Judicial, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Sistema Penitenciario Nacional, con el apoyo de esa red de vigilancia e inteligencia, desempeñaron funciones coordinadas para detener y procesar penalmente a opositores reales o percibidos como tales, cometiendo graves violaciones en el proceso.

Esa Dirección intercambiaba sus averiguaciones con de alto rango del FSLN y de la Dirección de Inteligencia Policial para identificar a las personas a expulsar, y el viceministro del Interior, Luis Cañas, decidía a quién expulsar basándose en esta información, detalló.

El Grupo estableció que la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, la Dirección de Información para la Defensa del Ejército y altos mandos del FSLN coordinan la recopilación de información personal, familiar, laboral y de otra índole sobre personas consideradas una amenaza para la soberanía nacional y la sociedad.

En ausencia de una orden judicial, el viceministro del Interior decide a quién privar de su nacionalidad basándose en esta información, en consulta con la vicepresidenta Murillo, mientras el ente regulador de las telecomunicaciones da información sobre opositores a la Policía, obtenida por interceptaciones ilegales a sus s.

"Esta práctica se legalizó en 2024, cuando la Asamblea Nacional aprobó una ley que faculta a Telcor para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como para geolocalizar a personas, en nombre de la preservación de la seguridad nacional y el orden público", advirtió el Grupo.

Los expertos aseguraron que estas actividades han creado un clima de miedo y autocensura en torno a la publicación de noticias o el intercambio de información en línea, y que los nicaragüenses residentes en el exterior se abstienen de comunicarse con sus familiares en el país por temor a que sus llamadas y mensajes puedan ser interceptados.

En conclusión, el Grupo dijo que ha documentado una progresiva intensificación de la vigilancia a opositores por de la Policial, servicios de inteligencia, estructuras del FSLN y grupos armados progubernamentales.

"Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud que realiza un censo poblacional que incluye preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas", según el informe.

Consultados por este diario, diversos grupos defensores de derechos humanos reaccionaron al informe de la ONU.

María Pía Alvira, directora del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders, le dijo a EL TIEMPO que "el aparato represivo ha salido de las fronteras nicaragüenses: activistas en Costa Rica han sufrido persecuciones, amenazas e intimidaciones por parte de ese gobierno".

Y agrega: "Esto nos preocupa de manera particular porque implica traspasar el territorio nacional para seguir violando los derechos de las y los activistas, ese fenómeno merece toda la atención tanto de las Naciones Unidas como de los gobiernos de la región. Nicaragua se ha consolidado como un gobierno autoritario que reprime a su pueblo y emplea todos los recursos posibles para callar a las voces independientes que piden democracia y libertad".

*Con Efe