Brasil investiga fallas de seguridad que permitieron ataque a sedes del poder

Brasilia amaneció este lunes con el orden público bajo control, pero con rastros de destrucción en varias áreas del centro del poder de la capital brasileña, tras el violento asalto del domingo de miles de bolsonaristas contra las sedes del poder.

Los emblemáticos edificios de la capital brasileña (Presidencia, Congreso y Corte Suprema) fueron tomados el domingo durante casi cuatro horas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió la presidencia hace una semana.

"La situación en Brasilia está controlada", afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.

Capelli, un alto funcionario del Ministerio de Justicia, asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia luego de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente al ataque a las instituciones de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

Capelli afirmó que las fuerzas policiales de Brasilia, ahora bajo su comando, reiniciaron a primera hora las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

"Ya estamos en campo nuevamente. Los criminales seguirán siendo identificados y sancionados. No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planos contra el Estado Democrático de Derecho", afirmó el interventor.

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Algunas vías y carreteras de Brasil amanecieron bloqueadas, pero las autoridades confirmaron en horas de la tarde que lograron el levantamiento de los bloqueos. De acuerdo con el último boletín de la Policía de Carreteras, el tránsito fue liberado en varias vías como la del municipio de Novo Progreso, en el estado amazónico de Pará (norte), y la de Matupá, ciudad del estado de Mato Grosso (centro).

Desde la noche del domingo seguidores del ahora expresidente Jair Bolsonaro bloquearon carreteras en los estados de Paraná, Mato Grosso, Sao Paulo, Pará, Minas Gerais, Santa Catarina, luego que las autoridades retiraron a los atacantes que dejaron en condiciones deplorables las sedes de los tres poderes.

La víspera, varios bolsonaristas radicales también intentaron bloquear la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en el sur del país, en la refinería que tiene la petrolera estatal Petrobras en el municipio de Araucária.

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Para volver a la calma, las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores.

Una de las primeras acciones de la Policía este lunes fue el desmonte del campamento que los bolsonaristas habían montado desde las elecciones presidenciales de octubre frente al cuartel general del Ejército para presionar por un golpe militar que impidiera el regreso de Lula al poder y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo.

Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los s al campamento a primera hora para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de los que permanecían en el lugar.

El cerco surtió rápidamente efectos y, sin la necesidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades, los cientos de seguidores de bolsonaristas radicales que estaban acampados frente al Ejército comenzaron a recoger sus pertenencias.

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Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos en el campamento. Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra. Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.

El desalojo fue pacífico y se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once de la Corte Suprema, ordenó el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.

Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó que los ocupantes de los campamentos "sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes".

El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de

Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1.° de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.

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El gobierno de Lula, por su parte, se dedicó este lunes a retomar las riendas del poder en Brasilia. El mandatario se reunió con los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y del Supremo Tribunal Federal y emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas”.

Los responsables se reunieron en el Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que el predio fue uno de los sitios vandalizados.

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Y es que en la Plaza de los Tres Poderes, que separa el Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, el escenario era de destrucción, con pedazos del piso removidos, hierros retorcidos, basuras esparcidas por todas partes y hasta cápsulas de gases lacrimógenos.

Los incidentes del domingo dejaron fachadas marcadas con grafitis y vidrios quebrados, puertas y ventanas dañadas y algunas oficinas vandalizadas. En Planalto, los manifestantes arrancaron piedras del piso para usar como munición contra la policía.

Mangueras de incendios, sillas y otros muebles quedaron tirados a la intemperie, junto con restos de proyectiles y bombas lacrimógenas usadas por el grupo antidisturbios.

Las autoridades estatales se concentran ahora en responder los interrogantes sobre la poca preparación, impericia e incluso sobre una eventual complicidad de las fuerzas de seguridad durante el ataque.

Los medios indicaron este lunes que hubo varias señales que precedieron los eventos. El sábado por la noche, por ejemplo, un centenar de buses con unos 4.000 partidarios de Bolsonaro llegaron a la capital y se unieron al campamento ubicado frente al Ejército.

El ministro de Justicia, Flavio Dino, autorizó entonces el despliegue de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, pero esto no impidió que los manifestantes recorrieran 8 km desde su campamento hasta la Plaza de los Tres poderes sin ser detenidos por la Policía.

Mucho antes de la llegada de los buses, además, publicaciones en redes sociales aludían a la concentración en Brasilia. “Todos los gastos pagos. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Y acamparán en Planalto”, señaló un grupo de partidarios de Bolsonaro en Telegram.

En su editorial de este lunes, el influyente diario O Estado de Sao Paulo destacó “la facilidad sorprendente con la que los vándalos invadieron los sitios de poder en Brasilia, en el peor ataque contra la democracia brasileña desde el final de la dictadura militar (1964-1985)”.

De hecho, videos muestran a agentes filmando la invasión con sus teléfonos en lugar de intervenir. “No hizo falta seguridad, había policías. Faltó que ellos actuaran, para no dejarlos hacer lo que hicieron”, dijo un ciudadano de Brasilia.

Las dudas también se plantaron sobre los servicios de inteligencia. Minutos antes de la invasión, un responsable de la seguridad en Brasilia envió un mensaje al gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, señalando que se trataba de una manifestación pacífica y que los manifestantes eran escoltados por la policía.

Lula también cuestionó la respuesta tardía y poco preparada de las fuerzas del orden y responsabilizó a los “discursos” de Bolsonaro, del que se conoció este lunes que fue internado en un centro médico de EE. UU. por dolores abdominales, por haber “estimulado” a los “vándalos fascistas”.

Este lunes, legisladores demócratas presionaron al presidente estadounidense, Joe Biden, para que expulse del país a Jair Bolsonaro.

Miles de personas se congregaron en las principales ciudades del país para repudiar los ataques y para exigir un castigo ejemplar.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias