El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, enfrenta una
creciente presión internacional y una ofensiva de la oposición para obligarlo a suspender la elección de su Asamblea Constituyente, tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos.
Maduro asegura que su Constituyente “va”, especialmente –dijo– luego de que el presidente estadounidense,
Donald Trump, amenazó con sancionar económicamente a Venezuela.
Gobiernos de América, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han pedido que se retire el proyecto.
En Estrasburgo, Francia, un grupo de expertos en derecho constitucional, que pertenecen al Consejo de Europa, consideró que la Constituyente podría poner en cuestión la “credibilidad democrática” en Venezuela.
El Legislativo quiere “señalar el camino del cambio que pronto tendrá nuestro país, una justicia al servicio del pueblo y no de una parcialidad política”, aseguró el presidente del parlamento, Julio Borges, al juramentar a los magistrados paralelos.
Estado paralelo
En ese momento, en la sede del TSJ, en el centro de Caracas, la Sala Constitucional advertía que la designación de nuevos jueces constituía “usurpación de funciones” y “traición a la patria”, castigada con prisión.
Al igual que la oposición, la fiscal general, Luisa Ortega, sostiene que los jueces del TSJ fueron nombrados irregularmente a fines del 2015 por la anterior mayoría chavista en el Congreso, poco antes de que los opositores tomaran el control tras el triunfo en las parlamentarias.
Para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez, “Venezuela se encamina a la constitución de un Estado paralelo”. “Mediante la Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno comienza un proceso de desmontaje de las instituciones que lo adversan”, apuntó.
El TSJ pide ‘coerción’
El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, pidió a las autoridades que se apliquen “acciones de coerción” contra el parlamento por “usurpación de funciones” al designar a nuevos magistrados del TSJ. Mendoza evitó responder si con este pronunciamiento la Sala ordenaba detener a los jueces nombrados.
Hasta el viernes en la noche se esperaba una respuesta del Gobierno.
AFP