Piden a Colombia y otros países acciones urgentes por crisis democrática en Nicaragua

Un grupo de 29 organizaciones de derechos humanos y otros 160 activistas y personalidades enviaron una carta este jueves a los cancilleres de América Latina, el Caribe y Europa, en la que piden darle máxima prioridad a la grave crisis democrática y humanitaria por la que atraviesa Nicaragua.

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En la carta, que está también dirigida al canciller colombiano Álvaro Leyva, los firmantes piden conformar la semana entrante un grupo de países amigos del pueblo de Nicaragua, para que se garantice una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel frente a las acciones del presidente Daniel Ortega.

“Los abajo firmantes, víctimas del gobierno de Nicaragua, en conjunto con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, nos dirigimos para solicitar que su gobierno priorice la situación en Nicaragua en el marco de la próxima Cumbre Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) prevista para los días 17 y 18 de julio en Bruselas. En particular, instamos a que se proponga un Grupo de amigos del pueblo Nicaragüense para garantizar una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”, dice la carta obtenida por este diario.

La misiva está encabezada por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), Cejil, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), EU-LAT Network, Civil Rights Defenders y otros organismos de la sociedad civil en Nicaragua.

Así mismo, cuenta con el respaldo de nicaragüenses en el exilio y exreos políticos de diversos sectores, incluyendo prestigiosos escritores, como Sergio Ramírez y Gioconda Belli; reconocidos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro; exreos políticos, incluyendo Félix Maradiaga, Medardo Mairena, Dora Téllez y Juan Sebastián Chamorro; y defensores de los derechos humanos, como Bianca Jagger y Tamara Dávila.

“La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”, dijo Juanita Goebertus, directora de las Américas de HRW.

Según los firmantes, desde la brutal represión a manifestantes en abril de 2018, el presidente Daniel Ortega ha perseguido a cualquiera que sea percibido como crítico del Gobierno.

Mencionan, además, un informe publicado a principios de marzo por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las ONU sobre Nicaragua que documenta evidencias sólidas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos.

El texto cita a la organización nicaragüense Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, según la cual “64 personas continúan detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, un firme crítico del Gobierno”. Y agrega que el Ejecutivo de Ortega también “ha restringido drásticamente el espacio de la sociedad civil”.

“Desde comienzos de 2018, las autoridades han cancelado el estatus legal de más de 3.400 organizaciones no gubernamentales aplicando una legislación abusiva. Asimismo, no se ha permitido a ningún organismo internacional de derechos humanos ingresar al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a fines de 2018”, agregó.

De acuerdo con los firmantes, si bien varios de los países de la región han condenado estos abusos, “la respuesta internacional ha carecido de la coordinación necesaria y de un esfuerzo sostenido para impulsar de manera efectiva la liberación de los presos políticos, la rendición de cuentas y que se adopten pasos hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.

El Grupo de amigos, sostienen, debería pactar reuniones de alto nivel en coordinación con la sociedad civil nicaragüense para diseñar una estrategia de presión pública y privada que conduzca a que se detengan los abusos, se fomente la rendición de cuentas, se repare a las víctimas y se impulse a elecciones libres.

“Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo no puede perder más tiempo”, dijo Goebertus.

SERGIO GOMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68