Rinoplastia secreta de Dina Boluarte en Perú: ¿Hubo una infracción a la Constitución?

“La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico”. Con esas palabras, el exjefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, confirmó una información que circulaba hacía meses, pero sobre la cual ningún integrante del Ejecutivo había querido ahondar. Ni siquiera la propia mandataria Dina Boluarte.

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Otárola fue convocado a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a propósito del operativo en el condominio Mikonos, al sur de Lima, para capturar al prófugo Vladimir Cerrón, así como por los recientes dichos de su examiga Yaziré Pinedo, entre otros. Pero fueron sus declaraciones sobre la intervención quirúrgica de Boluarte lo que acaparó todos los reflectores.

El expresidente del Consejo de Ministros confirmó en la sesión que la presidenta Boluarte se sometió a una operación quirúrgica —”me dijo que se iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración”, indicó—. Otárola no pudo precisar la fecha exacta, aunque, según medios periodísticos, esta se habría efectuado entre junio y julio de 2023.

Sin embargo, el expremier insistió en que ello ocurrió sin desatender sus labores como presidenta de la República. Dijo que tuvo conversaciones con Boluarte —vía telefónica— desde el día siguiente de la intervención y, que incluso participó de una sesión del Consejo de Ministros de manera virtual, antes retomar sus actividades presenciales.

“No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Ella estuvo en permanente o con el suscrito, tuvimos que hacer una sesión virtual del Consejo de Ministros. Y, en todo momento, estuvo atenta al devenir de la istración pública”, dijo Otárola, quien estuvo al frente de la PCM entre diciembre de 2022 a marzo de 2024.

“El día que se produjo la operación, tuve una comunicación al día siguiente con la señora presidenta. Se notaba, por la voz, que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales”, aseveró Otárola.

“Y, a partir de ese momento, tuve una comunicación fluida. Y se reincorporó luego de una semana y media a los consejos de ministros presenciales. Pero yo debo dar prueba certera de que existía una comunicación de ella conmigo y, asumo, con los otros ministros”, agregó.

El otrora hombre de confianza de Boluarte aseguró que la jefa del Estado “tuvo una recuperación relativamente rápida” y que cuando se comunicó con él después de esta “estaba lúcida”. Rechazó que haya estado fuera de las decisiones del gobierno “durante un tiempo prolongado, eso lo puedo asegurar”.

“Yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes, los ministerios trabajaron, porque yo me encargué de que así sea”, expresó Otárola.

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A lo largo de estos meses, desde el Ejecutivo se había optado por el hermetismo y por no transparentar si la mandataria Boluarte se había sometido a una intervención quirúrgica. Incluso, la propia jefa del Estado —en julio— calificó de “tendenciosas” unas preguntas sobre el tema por parte de periodistas.

Tras ello, el premier Gustavo Adrianzén indicó que la jefa del Estado “nunca se ha ausentado” de sus labores, sin entrar a mayores detalles. La revelación de Otárola, valgan verdades, vuelve a traer en agenda un tema sobre el cual el gobierno siempre estuvo esquivo.

Tras esta declaración, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos (Podemos Perú), anunció que buscarán obtener facultades investigadoras por 60 días para abocarse al tema. Se busca determinar si llegó a haber un vacío de poder, algo que “sería causal de vacancia”, según indicó Burgos. Dijo esperar que “el Congreso no sea cómplice otra vez”.

“Aparentemente estaríamos hablando de más de ocho horas a diez horas que, dentro del acto preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio de recuperación, no tuvimos presidente de la República”, afirmó a la prensa.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, minimizó el tema. “¿Si la señora Boluarte tuviera un problema de apendicitis, la vacamos? La verdad es que creo que se está haciendo una absoluta tormenta en un vaso con agua y creo que hasta sin vaso. La verdad, creo que es absurdo”, dijo la congresista de Fuerza Popular.

Especialistas en derecho constitucional, consultados por El Comercio, tienen posturas encontradas sobre este tema, mientras que el expresidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), confirmó en RPP que durante su gestión no se recibió comunicación alguna sobre la intervención a Boluarte, ni siquiera extraoficialmente.

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A opinión del expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez no se habría cometido ninguna infracción a la Carta Magna, toda vez que se trató de una cirugía menor que no significa un estado de inconciencia prolongado y que, luego de ella, el periodo de recuperación “no impide la lucidez para manejarse a través de una computadora o del teléfono”.

“No me parece que se haya cometido una infracción constitucional (...) En el peor de los casos, una cirugía plástica de la nariz no es más grave ni significa una pérdida de control más grande que una gripe fuerte. Básicamente, se está exagerando cuando hay otros problemas mucho más graves”, comentó Álvarez a este Diario.

Por su parte, abogado constitucionalista Heber Joel Campos consideró que Boluarte sí debió informar de manera oficial de este hecho al Congreso, al amparo del artículo 114.1 de la Constitución, donde se aborda la suspensión del ejercicio de la Presidencia por incapacidad temporal. En este caso, opinó que se debió activar la sucesión, por lo que correspondía asumir el cargo —de manera temporal— al titular del Congreso.

“Considero que se produjo una infracción a los artículos 114 y 115 de la Constitución. Si la presidenta, producto de una intervención médica, no podía ejercer sus funciones durante un lapso determinado (al margen de su brevedad), o no iba a poder cumplirlas plenamente, debió ponerlo en conocimiento del Congreso y del país”, manifestó.

Remarcó que “no es al Gobierno al que le correspondía evaluar si ese hecho ameritaba o no la suspensión temporal de la presidenta, sino al Congreso”.

En tanto, el abogado constitucionalista Erick Urbina remarcó que este “no es un tema menor” y que se requiere conocer cuál fue el tipo de procedimiento al que se sometió la jefa del Estado para determinar si es que, durante ese lapso de tiempo, ella estuvo realmente impedida de ejercer el cargo. “Si ella no pudo ejercer el gobierno, ¿quién lo hizo”, cuestionó.

Urbina incidió en que en el Perú el único con poder de efectuar actos de gobierno es el jefe de Estado y no el primer ministro o el jefe de Gabinete. Un rol que —remarcó — se cumple las 24 horas del día.

“Como cualquier persona que trabaja y tiene unas funciones, si es que va a someterse a una intervención quirúrgica que le va a impedir realizar sus funciones con normalidad, lo que tiene que hacer es pedir permiso. En este caso puntual, la Constitución sí ha previsto que se declare suspendida la presidencia por un tiempo determinado para situaciones como esta”, aseveró. A su juicio, debió informar al Congreso.

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Alexander Villarroel Zurita

EL COMERCIO (PERÚ) / GDA