Ecuador: ¿Qué le puede pasar al presidente Daniel Noboa si prospera la denuncia de la vicepresidenta Abad en su contra por violencia política de género?

La denuncia de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, contra el presidente, Daniel Noboa, por presunta violencia política de género elevó la tensión política que mantienen desde que comenzó la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones de 2023, y ocurre en un momento decisivo con miras a los comicios de 2025.

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Este lunes trascendió que la también embajadora en Israel interpuso la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), institución que, en una accidentada sesión, removió el lunes a su presidente, Fernando Muñoz, y designó a Ivonne Coloma como su sucesora.

Sin mencionar nombres, antes de la sesión, Muñoz advirtió que "de cara a las futuras elecciones, hay intereses para tomarse el tribunal", y este martes calificó de "nula e ilegal" su remoción y puso una denuncia en la Fiscalía por usurpación de funciones.

El TCE debe designar al juez que analice la causa contra Noboa, que también está dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome.

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Noboa aceptó este viernes la candidatura para su reelección en los comicios de 2025, con la mirada puesta en consolidar la transformación del país que dijo haber iniciado hace nueve meses, cuando asumió la jefatura de Estado.

"La búsqueda de justicia tiene que reforzarse con una reelección", sostuvo en el evento donde fue oficializado el presidente de 36 años -el gobernante más joven en la historia de Ecuador- que llegó a la Presidencia en noviembre pasado tras vencer en la segunda vuelta a Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exjefe de Estado, Rafael Correa (2007-2017).

Noboa fue elegido para completar, hasta mayo de 2025, el periodo para el que fue designado Guillermo Lasso, quien pidió elecciones extraordinarias tras disolver el Parlamento en momentos en que esa instancia adelantaba un juicio político en su contra.

Distanciado de su actual vicepresidenta, Verónica Abad, a la que en principio designó como embajadora en Israel y la semana pasada dispuso que se traslade temporalmente a Turquía ante el escalamiento de tensiones en Oriente Medio, el actual presidente y ahora candidato indicó que su compañera de fórmula para los comicios de 2025 será María José Pinto, actual titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición.

A su vez, Annabella Azín, madre del jefe de Estado y candidata a primera asambleísta nacional por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), señaló que no se puede transformar a Ecuador sin el apoyo de la Asamblea Nacional, donde, en los últimos meses, Noboa ha enfrentado a la oposición.

De momento, en la Asamblea Nacional está en proceso un juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por supuesto incumplimiento de funciones en temas de seguridad, uno de los principales problemas que afronta el país andino.

Abad, que poco después de asumir el cargo en noviembre fue enviada como embajadora en Israel, cuestiona que la Cancillería le haya negado cinco días de permiso para tratar asuntos familiares y de salud, mientras que Torres dijo en meses pasados que sería "nefasto" que Abad llegase a reemplazar temporalmente a Noboa.

El Ejecutivo ha dejado entrever así que no quiere que Abad asuma las funciones presidenciales cuando Noboa deba pedir licencia para hacer campaña por la reelección, encargo que ella defiende por derecho constitucional.

Por otra parte, Abad criticó una insinuación de Jácome, en junio, sobre dar prioridad a intereses políticos sobre familiares. "Si tu hijo está preso...¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?", preguntó Jácome durante una entrevista en momentos en que el hijo de Abad estaba encarcelado al ser imputado en un caso de presunta oferta de tráfico de influencias.

A inicios de julio, Noboa consideró que Abad renunciaría por decisión propia. "Ella se va a salir solita, yo creo", dijo cuando le preguntaron si buscaba sacarla del cargo, declaración que Abad tomó como "una amenaza".

En un extracto de la denuncia de Abad, publicado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) en su cuenta de X, la vicepresidenta dice que haber ganado la elección ha sido una "condena" en su condición de mujer, madre y política.

Ello -señaló- porque ha sido "prácticamente desterrada a otro país, en medio de una guerra". "Me han retirado la seguridad que merezco y merece mi familia por el cargo que ocupo, poniendo así en riesgo mi vida, mi integridad y la de mi familia (...) no contentos con esto, desde el Gobierno y sus funcionarios se inicia una feroz campaña de desprestigio", dice.

Abad habló con la agencia EFE sobre lo que considera una "persecución histórica, donde todo un aparataje público y, obviamente institucional, ha sido involucrado con el único afán de poder violentar nuestra Constitución".

La vicepresidenta dice desconocer las razones del distanciamiento de Noboa: "El señor presidente no ha sido capaz de decir primeramente por qué el odio hacia su vicepresidenta".

Para iniciar la campaña electoral, Noboa deberá pedir licencia y, según la Constitución, encargar el poder a su vicepresidenta, quien ha denunciado un supuesto hostigamiento para obligarla a renunciar, algo que no planea hacer, según ha reiterado.

“Con esta decisión, el presidente Noboa insiste en su intención de evitar que la vicepresidenta Abad asuma el cargo en su remplazo cuando inicie su campaña por la reelección presidencial. Ahora en Turquía, Abad continúa en una situación de aislamiento político en el que su a redes de aliados, medios y el aparato institucional quedan limitados”, le explicó a este diario Laura Lizarazo, analista senior para la región Andina en Control Risks.

“La violencia política de género está catalogada como una infracción electoral grave (Artículo 279 del Código de la Democracia), que puede ser sancionada con multas (entre 21 y 70 salarios básicos unificados, es decir, entre 9.660 y 32.200 dólares), y la destitución o la suspensión de derechos de participación política del responsable por un periodo de dos a cuatro años”, explica Lizarazo.

La experta agrega que: “El TCE también puede imponer medidas de reparación integral para la víctima, que incluyen la restitución (rectificación de actos de discriminación, descalificación, limitación de atribuciones, etc.), la satisfacción (disculpas públicas) y la no repetición”.

Abad afronta también ante el TCE una denuncia por una presunta irregularidad en las elecciones locales de 2023, cuando se presentaba como candidata a la alcaldía de Cuenca.

La audiencia oral única de pruebas y alegatos en un caso que investiga una presunta infracción electoral de Abad, prevista para el 15 de agosto, fue aplazada sin fecha aún para completar el proceso de notificación y garantizar el derecho a la defensa. De ser encontrada culpable, Abad perdería sus derechos políticos y no podría ejercer cargos públicos.

Ante la arremetida del narco, que derivó en un aumento de los homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 por cada 100.000 en 2023, Noboa declaró en enero al país en conflicto armado interno y desplegó a los militares en las calles para neutralizar a una veintena de bandas, a las que tildó de terroristas y beligerantes.

En su guerra contra el crimen, el gobierno ecuatoriano ha reducido la tasa de muertes violentas en 21 % entre enero y julio de este año.

Para 34 por ciento de los ecuatorianos, la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas del país, por encima del desempleo (17 %) y la crisis económica (11 %), de acuerdo con la encuesta de Comunicaliza.

La crisis de seguridad causó intranquilidad a un 50 por ciento de la población en enero, cuando la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una acometida de agrupaciones narco que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de carros bomba, la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios y policías, así como una veintena de muertos.

No obstante, para los analistas, Noboa, que cuenta con el 48 por ciento de popularidad, según una encuesta de CID Gallup, siendo el sexto mandatario con mayor aprobación de la región, deberá demostrar en estos meses su capacidad de gobernabilidad ante un serio panorama social, político y económico si quiere retener el poder.

“En sus perspectivas de reelección no solo juegan sus niveles de favorabilidad que, aunque hayan bajado, siguen siendo favorables y de los más altos en la región), sino su capacidad de lograr resultados sostenibles de política pública, no solo en el frente de seguridad, sino también en materia social, productividad y generación de empleo. Ahí está su verdadero desafío, incluso con un periodo atípico y con serias restricciones fiscales”, explica Lizarazo.

Para la analista, “la sensación de muchos ecuatorianos es que, si bien Noboa de alguna manera ha refrescado la forma de hacer política por su estilo descomplicado y directo, no tiene una estrategia clara de gobierno para resolver los problemas estructurales del país. Por eso, su reelección, en gran medida, dependerá de su capacidad de construir una visión y una apuesta de gobierno más integral, que mejore los niveles de articulación interinstitucional entre las diferentes ramas del poder público para atender las demandas de la ciudadanía”, agrega.

Algo que no luce nada sencillo cuando, como parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, con el que Ecuador alcanzó en abril un nuevo acuerdo, el gobierno de Noboa deberá adelantar ajustes económicos que implican una nueva reforma tributaria para reducir exenciones y, probablemente, ampliar la base de contribuyentes, proyecto de ley que se espera presente en noviembre ante la fragmentada Asamblea Nacional.

“Esto probablemente generará un fuerte rechazo de organizaciones sociales poderosas, entre ellas los sindicatos y, especialmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En ese sentido, y dada la elevada volatilidad del entorno social en Ecuador, no se descartan nuevos episodios de protesta y movilizaciones en contra de estas medidas, lo cual sin duda afectaría de manera negativa las perspectivas electorales de Noboa”, explicó la analista de Control Risks.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), postuló nuevamente a Luisa González como candidata para la presidencia de Ecuador para los comicios del 9 de febrero de 2025.

González, de 46 años, participará con el economista Diego Borja, exministro del gobierno del expresidente Correa, como su fórmula para la vicepresidencia.

Con fuertes divisiones internas, como ha sido la tendencia general de las fuerzas de izquierda en Ecuador, un segmento importante de la Revolución Ciudadana -partido del expresidente Correa- apuesta por generar las condiciones políticas e institucionales para viabilizar el regreso del expresidente al país, y la reinstauración de sus derechos políticos.

Pero, otra facción del partido no comulga del todo con estos propósitos. “En estas divisiones internas juega también como factor la cercanía personal, grado de lealtad y confianza de diferentes figuras políticas con el exmandatario”, consideró Lizarazo para quien el panorama luce bastante volátil.

STEPHANY ECHAVARRÍA

Editora Internacional

EL TIEMPO

(*) Con información de EFE