El rentable negocio de Cuba en Angola con el que explota a profesionales

El doctor cubano Emilio Arteaga recuerda su paso por Angola como la peor de las tres misiones internacionales en las que estuvo. No olvida la sensación de ahogo, una pérdida irreparable y la “militarización del ejercicio de la medicina” como parte del engranaje de la Corporación Antillana Exportadora S. A. (Antex), que lo contrató como psiquiatra de 2013 a 2015.

Angola es el segundo mercado para la exportación de recursos humanos con importancia estratégica para La Habana, después de Venezuela. Allí, Cuba ha logrado “proyectar su influencia política, ideológica y militar en una lucha poscolonial trascendental, a la vez que ha obtenido importantes beneficios económicos de parte de un Estado con reservas petroleras y riquezas naturales significativas”, explica María Werlau, directora ejecutiva de la ONG Archivo Cuba.

Según los datos oficiales, en 2023 había 2.056 colaboradores cubanos trabajando en el país africano. Los profesionales, que son contratados por Antex, brazo ejecutor del conglomerado empresarial Grupo de istración Empresarial (Gaesa) de las Fuerzas Armadas de Cuba, han aportado a los ingresos de la isla al menos 1.808 millones de dólares por servicios profesionales en los últimos 12 años.

Antex además se relaciona con al menos ocho empresas estatales cubanas registradas en Angola y otra registrada en el Principado de Liechtenstein. A través de estas, Cuba ha prestado servicios en más de 30 sectores al gobierno angoleño. En total, la operación de Antex en Angola ha producido cerca de 6.755 millones de dólares en los últimos 25 años.

Esta investigación de elToque con el apoyo de Connectas muestra cómo la ejecución de estos acuerdos y negocios binacionales se han caracterizado por la violación de varios derechos laborales y humanos a los profesionales cubanos que sirven como operadores del entramado comercial en Angola, como acoso laboral, vigilancia continua y castigos por cómo usan su tiempo libre; restricción del uso de su salario, del cual reciben menos de una sexta parte de lo que Angola paga por ellos (el resto se lo queda el Estado cubano), entre otros abusos que algunas ONG han documentado y que la ONU ha calificado como trabajo forzado o formas contemporáneas de esclavitud.

Maritza, una excolaboradora de la Salud en Angola, decidió viajar al país africano porque allí sanitarios como ella cobran (en papel) entre 10 y 16 veces más que su salario en la isla. “Vemos la oportunidad de hacer dinero y de adquirir lo que en Cuba ni trabajando la vida entera puedes tener”. Sin embargo, cuenta que se sintió estafada cuando recibió su primer sueldo. Al final de la misión no logró reunir ni el 40 % de lo que esperaba.

La presencia del ejército cubano en Angola no es nueva. Ha evolucionado desde los años 60, consolidándose con la intervención militar en la guerra civil de Angola de 1975 a 1991. Gracias a esa intervención en apoyo al Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) -partido que ha permanecido en el poder desde la independencia angoleña en el 75-, la cúpula militar cubana ha venido consolidando su presencia económica en el país por medio de la ejecución de acuerdos y contratos con el Estado.

La influencia cubana en Angola es tan relevante que profesionales cubanos llegan a participar en distintas áreas claves del servicio público. Desde la dirección de facultades universitarias hasta en la inteligencia estatal y la seguridad del presidente.

Lo que poco se sabe es que esa “solidaridad” ha significado un costo humano inmenso para los profesionales cubanos. “Había muchas cosas con las que estaba de acuerdo con la revolución, pero en la misión me di cuenta de que me utilizaron y de que las cosas no eran como yo creía. Fue como si saliera de una burbuja”, dijo Maritza.

Para el doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Antonio Fernández Estrada, “el Estado trata a la fuerza laboral cubana como suya” y “basa su impunidad” en la “poca transparencia y en las necesidades del personal contratado, que prefiere ser explotado y víctima de trata, en el sentido de trabajar en un régimen laboral de semi esclavitud o servidumbre, a perder la posibilidad de viajar y de tener un mínimo de recursos económicos que los trabajadores de Cuba no tienen”.

Elier Plana, contratado como profesor de informática de 2014 a 2018, cuenta que estuvo “sin electricidad y agua por más de 47 días continuos” porque las autoridades locales, quienes eran los responsables de “esos gastos de los colaboradores” desviaban los recursos “para usos personales”.

Otros profesionales relatan que los obligaron a hacer trabajos extra sin pago. “Te hacen ir a trabajos que no están contemplados en el contrato, que son ‘voluntarios’ como si estuvieras en Cuba”, cuenta Sergio, extrabajador de una clínica privada. Él fue obligado a ejercer de celador.

El excooperante da fe de la violación a la comunicación y correspondencia privadas gracias a que los informáticos “saben tu contraseña de conexión a internet y se meten por esa vía”, no solo en los equipos de la clínica en la que trabajaba, sino en los dispositivos privados. “Y si encuentran algo sospechoso, te suspenden el internet”, agrega.

La politización es visible en contratos y reglamentos consultados desde inicios de los 2000. Para Antex, el trabajador debe comprometerse a mantener un “comportamiento revolucionario” en correspondencia con el sistema socialista. Le piden austeridad, entrega y los sacrificios que sean necesarios en el plano individual.

Su movilidad también está condicionada. En Angola, un médico que pidió reserva y llamaremos José debía informar cada paso que daba y no podía salir libremente de la localidad donde trabajaba. “Si tienes que llevar a un paciente, primero tienes que avisarles y después es que vas en la ambulancia”, confirma. Fernández Estrada considera las limitaciones a la movilidad un “arma política” porque “se usan como amenaza, mecanismo de persuasión, castigo y tortura psicológica”.

Los contratos estipulan que los profesionales que van de misión no deben aceptar regalos, pernoctar fuera, recibir visitas de personas ajenas a la colaboración ni dar declaraciones a la prensa sin autorización. Otra “violación de las disposiciones” impuestas por los militares es “establecer en el exterior relaciones maritales” que puedan conllevar la formalización de una relación, embarazo o el reconocimiento de hijos. El castigo por incumplimiento del contrato o por indisciplinas incluye la confiscación total o parcial de la remuneración económica, y la terminación del contrato.

Pero el control del salario no se limita a una medida disciplinaria, ocurre durante toda la prestación de servicio. A pesar de que Angola es una de las misiones mejor remuneradas, el profesional cubano solo recibe cerca del 15 % de lo que Angola paga por ellos: 5.000 dólares, de los cuales el trabajador nominalmente percibe 750 dólares al mes en promedio, según la revisión de 189 estados de cuentas emitidos por Antex a colaboradores ubicados en diez provincias de Angola en 2020 y los testimonios de varios que están actualmente de misión. Y de ese monto, los profesionales solo reciben en su cuenta en Cuba el equivalente a 477 dólares en moneda local, después de varios descuentos que les hace la corporación.

El empleado de Antex solo puede disponer del 50 % del dinero que ha acumulado en sus vacaciones (después de un año) y lo restante luego de que finaliza su misión. Los contratos consultados estipulan que el trabajador debe otorgar a Antex “la facultad de retirar de la cuenta de depósito la cuantía necesaria para cubrir indemnizaciones derivadas de la aplicación de medidas firmes disciplinarias”.

También, cada año hay que hacer el “aporte a la patria”. Al doctor Arteaga, que ofrecía asistencia médica y docencia, le pagaban solo una parte de su trabajo. La contraprestación económica que Angola destinaba para remunerar su segunda actividad como docente “se iba íntegro para las Fuerzas Armadas” de Cuba, cuenta.

Una de las causas del abandono de las misiones internacionales es la vigilancia constante y las exigencias de las jefaturas para que generen más ingresos, aunque implique alterar las estadísticas y violar el derecho al descanso. “El Gobierno de Angola te estaba pagando para que atendieras a 100 y si no estaban los 100, tenías que poner que habías atendido esa cifra”, asegura José.

Por tercera vez desde 2018, el 2 de noviembre, la ONU transmitió a Cuba denuncias sobre “las condiciones laborales de explotación en los países de destino en el extranjero” y sobre “entornos de trabajo peligrosos e insalubres” para los trabajadores. En un reporte de 2019, ya las relatorías sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y sobre la trata de personas hablaban de “trabajo forzoso” en el régimen en brigadas de colaboración cubanas.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha mantenido desde 2019 a Cuba en el nivel tres —el de mayor severidad— de países que no cooperan para eliminar formas de esclavitud. En el más reciente Reporte sobre la Trata de Personas de 2023, Washington denunció que “Cuba utilizó su marco legal para amenazar, coaccionar y castigar a los trabajadores y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa”.

“Yo perdí a mi mamá estando en Angola. Tuvo un dolor abdominal y en 72 horas falleció por una peritonitis. No pude ir a verla. Me faltaba solo un mes para terminar la misión y si me iba antes para Cuba…”, dice el doctor Arteaga. La salomónica decisión entre dar sepultura a su madre y perder la remuneración acumulada de dos años de trabajo no dio margen a la elocuencia.

Para controlar y expandir los negocios de Cuba en Angola, más allá de la venta de servicios profesionales, existen cerca de una veintena de empresas relacionadas con la cúpula militar cubana. De ellas, al menos ocho son sociedades anónimas de la red de Gaesa enlistadas en el Registro de Contribuyentes de Angola y tienen sus sedes en barrios exclusivos. Las sociedades anónimas interconectadas entre sí a través de sus socios y accionistas son istradas por la Corporación militar Antex, que figura en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU., debido a las sanciones comerciales de Washington al régimen.

La revisión de 30 ediciones de la Gaceta Oficial de la República de Angola, que incluyen documentos notariales y convenios comerciales; las consultas de récords mercantiles del país africano y de la base de datos Luanda Leaks, así como de notas de prensa, permitieron constatar que el entramado comercial de los militares cubanos en Angola abarca alrededor de 30 sectores. Pero ninguna de estas empresas públicas rinde cuentas de su gestión ni ingresos. La falta de transparencia dificulta conocer el verdadero alcance de la actividad comercial entre ambos países.

Sin embargo, publicaciones de prensa y discursos oficiales evidencian irregularidades en algunos acuerdos. Por ejemplo, la prensa angoleña ha denunciado incumplimientos de las empresas cubanas en la construcción de obras públicas.

Los archivos periodísticos y algunas publicaciones oficiales de Angola también muestran cómo en la última década Cuba ha tenido presencia en sectores estratégicos de economía y defensa angoleña; la asistencia jurídica y judicial en materia penal; la explotación minera, o actividades petroleras entre Angola, Cuba y Venezuela.

La influencia cubana es tal que cinco cubanos militantes del PCC estaban encargados en la Casa Militar de la seguridad del actual presidente de Angola, Joao Laurencio. También hay ciudadanos cubanos en las filas del Servicio de Inteligencia Exterior angoleño, de acuerdo con los datos contractuales. Además, se han podido contabilizar 214 cubanos empleados en Simportex-E.P, una empresa pública del Ministerio de Defensa angoleño, dedicada a la comercialización de equipos y recursos materiales de importación y exportación.

A lo anterior se suman 45 contratados en el Ministerio del Interior del país africano, para un total de 272 contratados en la maquinaria del Gobierno angoleño.

“Como al MPLA le importa no perder el poder, a Cuba también le importa que su principal aliado en Angola no pierda el poder”, dijo Plana.

Esa alianza le ha significado importantes recursos al régimen en La Habana y a la cúpula militar cubana. Pero ha representado pocos beneficios para los profesionales, como el ingeniero Plana o el doctor Arteaga, sin los cuales La Habana no podría cumplir con lo acordado. Otra muestra de que, incluso para el Partido Comunista de Cuba, en las relaciones exteriores hay mucho de negocio, pero poco de solidaridad, al menos con sus propios cooperantes.

EL-TOQUE Y CONNECTAS (*)

(*) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo fue editado por temas de espacio.