Familias de periodistas ecuatorianos asesinados por disidencias de las Farc denuncian 'responsabilidad estatal' en el caso

"Con lo que tenemos creo que es evidente la responsabilidad estatal. Imagínense con el resto de información que nos falta" sobre la muerte del equipo periodístico, dijo en una rueda de prensa Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, al analizar documentos entregados hace poco por el Ejecutivo luego de un fallo de la Corte Constitucional.

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En un comunicado, las familias denunciaron que faltan informaciones oficiales y que "actas mutiladas" prueban "de manera clara las omisiones e ineptitud del gobierno del (expresidente ecuatoriano) Lenín Moreno (...) Las actas demuestran los errores en la negociación para rescatar con vida a los periodistas".

"Queremos pedir al Ministerio del Interior (las) hojas que faltan para darle contexto a todo lo que hablamos. Pensamos que primaba el buen criterio, pero nos toca otra vez volver al camino, a pedir la información con las respectivas respuestas que puedan darnos", señaló Ricardo Rivas, quien explicó que "es evidente lo que existe en el Acta 18, que no hay la prioridad de negociar (la liberación) ni la disposición de hacerlo, la preocupación es otra".

"En el tema del asesinato están preocupados en cómo comunicar a los medios lo que pasó, y en el Acta 20 es un contexto más diferente, que se les ve que quieren hacer algo, pero ya no por el caso", añadió.
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En un caso que conmocionó a Ecuador, Paúl Rivas fue secuestrado el 26 de marzo de 2018 junto al periodista Javier Ortega y al conductor Efraín Segarra por disidentes de la extinta guerrilla Farc cuando adelantaban un reportaje en la convulsa frontera con Colombia. 

El asesinato múltiple fue confirmado por el gobierno ecuatoriano el 13 de abril de ese año y sus cuerpos fueron recuperados en junio siguiente en el lado colombiano.

"Ellos estaban claramente más preocupados en justificar sus acciones antes de ver lo que realmente se dio como hechos para llegar al asesinato", agregó Rivas, refiriéndose a los del estatal Consejo de Seguridad de ese momento, liderado por Moreno (2017-2021).
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Entre el material desclasificado hay más de 40 páginas sobre diálogos entre funcionarios y tres audios.

"Las irregularidades, y hay que llamarlas por su nombre, saltan a la vista. Eso como de pronto una declaración se corta o un acta en la que el único punto tiene que ver con el caso, se entregan simplemente unas pocas hojas", apuntó a la prensa Mauricio Alarcón, abogado de las familias.

Añadió que "la sentencia (de la Corte Constitucional) no ha sido cumplida" porque faltan ciertas actas, transcripciones y audios de las reuniones reservadas del Consejo de Seguridad para tratar el caso.

Las familias pedirán al tribunal que dé seguimiento al cumplimiento de su fallo y solicitaron una reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, para expresar sus preocupaciones por la ausencia de más datos sobre el asesinato del equipo periodístico.

En el secuestro y crimen intervino Walther Arizala, alias 'Guacho', disidente de las Farc abatido por fuerzas de seguridad colombianas en diciembre de 2018.

La entrega de las actas del Cosepe clasificadadas como reservadas se efectuó en cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, que le ordenó al Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, desclasificar estos documentos y entregarlos a los familiares, después de que no lo hicieron las dos anteriores istraciones de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).

Así, el pasado 9 de mayo recibieron más de 40 páginas y tres audios.

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El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 cuando acudieron a la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para recabar información sobre el auge de la violencia en el sector.

En abril de ese año, tras 18 días de incertidumbre, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó que los tres hombres fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, una organización disidente de la otrora guerrilla de las Farc.

Los cuerpos del equipo de prensa fueron encontrados en un área remota del municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador, y sus familiares han clamado desde 2018 por justicia y transparencia desde que se conoció este caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana.