Investigación por corrupción pone en jaque al presidente de Perú y a su familia

Un nuevo caso de corrupción se cierne sobre el Ejecutivo de Perú, esta vez con el mandatario Pedro Castillo y la familia de su esposa y primera dama, Lilia Paredes Navarro como los protagonistas.

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Este fin de semana se hizo pública la disposición que formaliza la investigación preparatoria por organización criminal contra Paredes y sus hermanos, Yenifer, David y Walter, en la que se detalla el papel que cada miembro de la familia cumplía en la presunta red que concertaba obras públicas en municipios a través del sector Vivienda.

La coordinación de la red comenzó a inicios del gobierno, según la confesión del empresario Hugo Espino, incluida en el documento de 170 páginas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, al que El Comercio tuvo .

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La disposición señala que, por las diligencias realizadas, se ha identificado “la existencia y permanencia de la organización criminal”, que, “con la activa participación de altos funcionarios del Estado, habría constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, istrado y coordinado una estructura” que involucraría al mandatario, su esposa y hermanos, así como a José Medina, alcalde de Anguía, distrito de Chota (Cajamarca), de donde es originario Castillo.

En la organización, en la que los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana participaron como testaferros, se habría concertado “obtener diversas licitaciones públicas a favor de municipios” con la participación del ministro Geiner Alvarado (investigado por la Fiscalía de la Nación) cuando estaba en el Ministerio de Vivienda.

El grupo se habría beneficiado con más de seis millones de soles, es decir, más de 1,5 millones de dólares, en obras públicas de municipios de Anguía, Chadín, Cajatambo y Chachapoyas.

“Todos, desde sus roles y funciones, contribuyeron en el proyecto criminal [...]. Mediante la modalidad de las ‘licitaciones públicas fraudulentas’ [...]pudieron obtener el contrato de diversos proyectos de ejecución pública, logrando obtener dinero producto de sus actos ilícitos, aprovechándose del poder que ostentan al tener vinculación directa con el primer mandatario, quien habría facilitado la concreción del plan criminal”, indica el documento. Por eso, para la fiscalía, Perú se encuentra ante una “red criminal en el poder”.

La disposición fiscal describe las acciones e imputaciones relacionadas con los integrantes de la llamada “red criminal en el poder”, con base en indagaciones y declaraciones de colaboradores, incluida la confesión de Hugo Espino del 14 de agosto.

Espino es una de las personas a quienes el 9 de agosto se les detuvo de forma preliminar por 10 días, como parte de la investigación del caso (los otros fueron su hermana Anggi, el alcalde Medina y Yenifer Paredes). Sus empresas, JJC Espino y Destcon, fueron usadas en la presunta red criminal. Tras el arresto, su hermana y él se confesaron.

Según la declaración de Espino, desde el 8 de agosto del 2021, once días después de que Castillo asumiera la presidencia, ya coordinaba con Lilia y Yenifer Paredes la red. En esa fecha se reunió con ellas en Palacio de Gobierno.

Entonces, Yenifer Paredes, quien afronta un pedido de 36 meses de prisión preventiva, le solicitó que comprara un chip de celular para que la primera dama lo usara para sus coordinaciones, ya que temía “ser interceptada”.

Según el empresario, la primera dama “coordinaría” con el presidente para que se dé el financiamiento de una obra en Chadín, así como de otros municipios.

Uno de estos sería el decreto de urgencia 102-2021, firmado el 29 de octubre del año pasado, en el que Castillo aprobó transferencias millonarios para contratos de saneamiento, de los que, su circulo familiar, presuntamente, obtuvo un gran beneficio económico.

Según la fiscalía, Yenifer Paredes cumplía el rol de ‘lobbista’, pues se encargaba de “buscar y captar alcaldes de las diferentes localidades del país para ofrecerles la viabilidad y celeridad para el financiamiento de sus proyectos de obras públicas”.

Además de esta investigación, la hermana menor de la primera dama también es indagada por presunto lavado de activos, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros señaló que Paredes realizó 28 depósitos en efectivo por un total demás de 23.000 dólares entre octubre del 2021 y junio del 2022.

El informe advierte que durante la ejecución de los depósitos en efectivo de Paredes “no se identificó alguna actividad económica que le hubiera permitido obtener los fondos antes descritos”.

El primero depositó más de 5.000 dólares en la cuenta de Anggi Espino, posiblemente parte de un acuerdo entre Espino y Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente Castillo, para financiar un expediente de una obra en el Ministerio de Transportes. El segundo depositó más de 18.000 dólares en la cuenta del testaferro.

EL COMERCIO

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