Brasil: la policía refuerza la sospecha de que Jair Bolsonaro espiaba ilegalmente a sus adversarios mientras era presidente

La Policía Federal reforzó la sospecha de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro mantenía una red de espionaje ilegal, con recursos del Estado, para vigilar a sus adversarios políticos mientras estuvo en el poder, según documentos desclasificados este jueves por la Corte Suprema.

(Además: 'La normalización de la vida política de Venezuela significa estabilidad para toda la región': Lula espera que las elecciones entre Maduro y la oposición sean reconocidas)

Los documentos forman parte de una investigación iniciada el año pasado y revelan que el espionaje ilegal alcanzaba a parlamentarios, del Poder Judicial, periodistas y gobernadores, entre muchos otros que eran considerados adversarios del líder de la ultraderecha.

La decisión de difundir esos documentos fue tomada por el juez Alexandre de Moraes, responsable por la investigación en el Supremo, el mismo día que la Policía Federal detuvo a cuatro supuestos de esa red ilegal, entre quienes se encuentra un antiguo funcionario del gabinete de prensa de la Presidencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).

De acuerdo a la Policía Federal, entre los vigilados figuraban el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, pese a que era en la época considerado cercano a Bolsonaro, y al menos cuatro de los once de la Corte Suprema.

En la red, también según la Policía, operaban juntas la oficina de prensa de la Presidencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), cuyo director en la época, Alexandre Ramagem, habría estado al frente de ese espionaje ilegal.

(Le puede interesar: Esta es la medida con la que Nayib Bukele le apuesta a contener el alza de precios de los alimentos en El Salvador)

Los documentos también renuevan la sospecha de que Ramagem, hoy diputado por la extrema derecha, también se habría válido de esa red para espiar a la propia Policía en relación a procesos que cursaban en los tribunales contra tres de los hijos de Jair Bolsonaro.

El expresidente enfrenta diversos procesos en la Justicia, pero hasta ahora solo ha sido imputado en dos, en el que aparece como sospechoso de apropiarse ilegalmente de obsequios recibidos durante su mandato, valorados en 1.2 millones de dólares según las autoridades y que deberían haber sido entregados al acervo del Estado, y en el que se le acusa de haber usado una red ilegal para obtener un certificado falso de vacunación contra la covid-19.

En el más grave de los procesos se sospecha que se ha planeado un golpe de Estado para impedir la investidura del actual mandatario, Luis Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en las elecciones de 2022.

Tras la difusión de los documentos, Bolsonaro no hizo comentarios sobre el asunto, al menos de inmediato, pero ya había rechazado por completo la existencia de esa supuesta red de espionaje.

(Le recomendamos: ‘No hay pueblo de Chile en donde no exista un palestino’: equipo de fútbol, políticos y empresarios, así vive la comunidad palestina más grande de Latinoamérica)

En febrero pasado, cuando en el marco de esta investigación fue allanada la residencia de su hijo Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro, el líder de la ultraderecha reaccionó airado y aseguró que no existe "ninguna prueba" de ese espionaje a sus opositores.

Según dijo en ese momento, todo sería parte de la "persecución" que dice sufrir desde que Lula llegó al poder y solo tiene como base "un montón de 'fake news'" que serán "desmontadas" por sus abogados.

Asímismo, el expresidente afirmó el sábado pasado que no retrocederá en su carrera política pese a todos los procesos judiciales que enfrenta, en un evento ante miles de correligionarios y simpatizantes que dejaron claro que no aceptan otro candidato para las presidenciales de 2026.

"A pesar de la Policía Federal haber ido tres veces a mi casa y a que aún enfrento unos 300 y pocos procesos, vale la pena seguir. No vamos a retroceder", afirmó el líder ultraderechista en su intervención en la quinta edición de la versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (AC), el considerado mayor movimiento de derecha del mundo.