Las bajas defensas de América Latina ante la corrupción

Las herramientas de los países latinoamericanos para combatir la corrupción son cada vez más precarias. De hecho, se observa un retroceso en esa batalla.

Esta es la conclusión principal de Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), realizado por quinto año consecutivo. El estudio fue publicado por primera vez en 2019 y en vez de determinar el grado de corrupción de cada país, evalúa su eficacia para detectar, castigar y prevenir las actividades corruptas.

En la evaluación, realizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, los países con la puntuación más alta (se califica sobre 10) son los que cuentan con mejores mecanismos internos para enjuiciar y sancionar a los corruptos. El estudio, divulgado por Americas Quarterly, revela que el Índice registró un descenso en la región por primera vez desde 2020 en 10 de los 15 países motivo de estudio.

Uruguay, con 6,99 sobre 10 es el país con la puntuación más alta, según el informe. Le siguen, en su orden, Costa Rica (6,76), Chile (6,67), Perú (5,53), República Dominicana (5,42) y Panamá (5,39).

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Luego están Argentina (5,07), Brasil (4,83), Colombia (4,78), Ecuador (4,68), Paraguay (4,61), México (3,87), Guatemala (2,86), Bolivia (2,56) y, en el fondo de la lista, Venezuela (1,46).

El informe advierte que la divulgación del Índice CCC no tiene como propósito “avergonzar o discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas, ayudando a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar —mediante datos y una metodología sólida— las áreas de éxito y las deficiencias que deben abordarse”.

El estudio determinó que los retrocesos se produjeron tanto en los países situados en la parte alta de la tabla con los que se encuentran en los últimos lugares.

Uruguay, por ejemplo, pasó de 7,42 en 2022 a 6,99 este año, al igual que Costa Rica, cuyo puntaje en 2022 fue de 7,11 y cayó a 6,76.

“El índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido: los esfuerzos anticorrupción están perdiendo impulso en muchos países de América Latina, a pesar de que el tema sigue siendo una prioridad para los votantes”, dice Brian Winter, vicepresidente de Políticas de AS / COA.

El informe asegura que es más probable que la impunidad sea un fenómeno duradero en los países situados en el extremo inferior de la escala. En este caso, el estudio llama la atención sobre dos países: Guatemala, que en 2022 tuvo una puntuación de 3,38 y bajó este año a 2,86, y Venezuela, que pasó de un precario 1,63 a 1,46.

“La historia es familiar: las democracias están bajo presión, al igual que muchas de las instituciones independientes que son claves para prevenir y castigar la corrupción. Lo que generalmente estamos viendo es más una erosión lenta que un colapso repentino, por lo que hay esperanza de que estas tendencias puedan revertirse a mediano plazo”, agrega Winter.

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Uno de los resultados que arroja el estudio y que llama la atención es que tanto Guatemala (que pasó de 4,04 en 2020 a 2,86 en 2023), como México (de 4,55 en 2020 a 3,87 en 2023) son los dos únicos países de los 15 analizados cuyos puntajes generales han disminuido cada año desde cuando se publicó el Índice por primera vez.

Por el contrario, el informe resalta los avances de algunos países, como Panamá, que muestra una mejora fundamental cada año desde que se comenzó a hacer la medición (4,17 en 2020; 4,55, en 2021; 4,96 en 2022 y 5,39 en 2023).

El aumento proporcional en la puntuación general de Panamá fue empujado, principalmente, por las mejoras en la capacidad de su sistema legal, señala el estudio.

Los resultados generales, advierte el informe, indican que ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción, aunque explica que en muchos países, “otros retos como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad civil”.

“Con los esfuerzos anticorrupción en toda la región estancados, si no en retroceso, las empresas y otras partes interesadas tienen una responsabilidad cada vez mayor para promover prácticas comerciales transparentes y éticas”, afirma Geert Aalbers, socio de Control Risks .

Para determinar la eficacia de un país para combatir la corrupción, el Índice CCC estudia 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo de investigación y los recursos de que disponen los países para combatir la llamada delincuencia de cuello blanco.

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“El Índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado”, dice el informe, y agrega que por cuarto año consecutivo el estudio analiza 15 países, que en conjunto representan el 96 % del PIB de América Latina.

En el Índice CCC 2023, la puntuación de Colombia muestra una estabilidad relativa, con una caída del 2 % (de 4,87 % en 2022 a 4,78 este año). El país pasó del octavo al noveno puesto en la clasificación general.

El informe explica que el puntaje de Colombia cayó, principalmente, al analizar la categoría de sociedad civil y medios de comunicación (un 7 %), y la capacidad legal (un 2 %). Y en lo primero esto, dice el reporte, se debería a que el foco, tras la pandemia, ha estado puesto en otras temáticas.

En relación con esta categoría, Laura Lizarazo, analista de Control Risks, aclara que el deterioro global del puntaje de Colombia en 2023 fue marginal, apenas del 2% (similar a los descensos agregados en 2022 y 2021). "Esto no indica una erosión pronunciada de las capacidades de Colombia para combatir la corrupción, ni tampoco la inacción o inoperancia de los actores que intervienen en ella. Más bien, es señal del relativo estancamiento o pérdida de dinamismo de estos esfuerzos, que aún resultan insuficientes para prevenir, detectar, controlar o castigar estas prácticas", dice.

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Colombia, según el Índice CCC, aunque le dio vuelta a una tendencia negativa en lo que se refiera a la puntuación en la categoría de democracia e instituciones políticas que mostraron una prudente mejora (4,58), sigue estando detrás de la media regional en esa categoría.

El estudio también se ocupa del desarrollo del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, en el cargo desde agosto de 2022, y de las promesas que hizo en campaña relacionadas con el tema de la lucha contra la corrupción.

El informe señala que el presidente Petro “hizo de la lucha contra la corrupción un elemento clave de su campaña presidencial, pero hasta ahora no ha traducido estas declaraciones en una estrategia anticorrupción clara”. Sostiene que la actual istración ha volcado todo su capital político en promover otras prioridades, “como su iniciativa de ‘paz total’ e importantes reformas reguladoras en sectores clave como la salud, el trabajo y las pensiones”.

El estudio tampoco deja pasar por alto el aumento de las tensiones entre Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, y recordó el famoso incidente, que se calentó a través de las redes sociales, medio preferido por Petro para casar debates y peleas, en el que el Presidente afirmó públicamente que, como jefe de Estado, era el jefe del fiscal Barbosa.

“En respuesta –asegura el informe–, Barbosa dijo que la declaración atentaba contra la independencia judicial”. Y las Cortes lo respaldaron en esto.

Asimismo, el estudio llama la atención sobre las acusaciones de corrupción que han alcanzado al Presidente y su círculo íntimo.

“La Fiscalía General anunció investigaciones al hijo y al hermano de Petro por presuntamente haber aceptado pagos irregulares. Ambos han negado haber cometido irregularidades. En junio, la Fiscalía General abrió una investigación relativa al financiamiento de la campaña de 2022 de Petro, quien negó haber cometido irregularidades”, señala.

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De igual forma, resalta que, en octubre de 2022, el Congreso de Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, mediante el cual se refuerza el a la información y la transparencia en la gestión de los fondos destinados a la protección del medioambiente, así como a la protección de informantes.

Recuerda el informe que Global Witness registró 65 asesinatos de defensores del medioambiente en Colombia en 2020.

Por último, el estudio sobre el Índice CCC 2023 señala varios temas que califica de “críticos” y que pide monitorear.

Uno de ellos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno Petro y que el Congreso colombiano aprobó en mayo. El PND es la hoja de ruta de las políticas públicas del Gobierno Nacional, dentro de las cuales están incluidas las iniciativas que se relacionan con la lucha contra la corrupción.

También pide especial atención sobre las investigaciones que aún continúan sobre los sobornos a cambio de contratos de obras públicas de la constructora brasileña Odebrecht. En febrero de 2023, el Fiscal General anunció que otras 16 personas estaban relacionadas con el caso.

REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO