América Latina sigue mal en la lucha contra la corrupción

Los presidentes de México y Brasil tienen ideologías muy diferentes, pero están unidos por al menos una creencia: que han erradicado la corrupción en sus gobiernos.

“Puedo decir que no hay corrupción. Se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos”, dijo Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa diaria en marzo. De manera similar, Jair Bolsonaro les dijo a los periodistas en octubre que había ordenado el fin de Lava Jato, la investigación de sobornos icónica del país, porque “no hay más corrupción en el gobierno”. Añadió, con un toque de ironía: “Cuando indico a cualquier persona para cualquier puesto, sé que es una buena persona, sobre todo por la cantidad de críticas que recibe de la mayoría de los medios”.

La tercera edición anual del ‘Índice de capacidad para combatir la corrupción’ (CCC) cuenta una historia diferente y más compleja. En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción como lo hacen otros estudios, el índice CCC evalúa y clasifica a 15 países latinoamericanos en función de su capacidad para descubrir, sancionar y prevenir la corrupción.

El índice, que es publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society / Council of the Americas (que publica AQ), se basa en datos disponibles públicamente, así como en una encuesta patentada que solicita a los expertos de la región que evalúen una variedad de factores, incluidas la independencia de los tribunales, la fortaleza de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación. Desafortunadamente, la edición 2021 del índice CCC muestra una disminución en el entorno anticorrupción en la mayoría de los países encuestados. Brasil y México estuvieron entre los países que vieron caer más sus puntajes en comparación con 2020.

No es solo una historia de líderes individuales o gobiernos, por supuesto. Cualquiera que viva en América Latina, o haga negocios allí, sabe que los esfuerzos anticorrupción han perdido impulso desde mediados de la década de 2010, cuando Lava Jato y otras investigaciones similares enviaron a la cárcel a numerosos políticos y líderes empresariales poderosos de toda la región. Desde entonces, los errores y abusos percibidos cometidos por varios fiscales y jueces de alto perfil han contribuido a una disminución del apoyo popular a las investigaciones en algunos países.

Como resultado, los políticos han aprovechado el momento para debilitar las instituciones y las salvaguardias que luchan contra la corrupción. Más recientemente, la pandemia de covid-19 llevó a gobiernos, ciudadanos y sociedad civil a cambiar su enfoque hacia otras prioridades urgentes como la economía, a pesar de los numerosos escándalos de alto perfil que involucran la adquisición de suministros médicos y medicamentos.

Pero tan importante como la pandemia es la erosión ampliamente documentada de las instituciones democráticas que ocurre en gran parte de América Latina y, de hecho, en el mundo en general. El índice CCC detectó una disminución preocupante en la eficiencia e independencia de las agencias anticorrupción en casi todos los países encuestados. Las declaraciones antes mencionadas de los presidentes de México y Brasil reflejan una creencia emergente (o “reemergente”, si se tiene una visión más amplia) de que los líderes fuertes son capaces por sí solos de purificar la política de sus países. Pero sabemos por experiencia dolorosa que esto nunca funciona con el tiempo. México vio su puntaje en la categoría de capacidad legal del índice CCC disminuir un 8 % este año, y terminó solo por delante de Venezuela y Bolivia en la variable que evalúa la independencia del fiscal general.

Las noticias no fueron del todo malas. La República Dominicana experimentó el mayor aumento en su puntaje, en más de un punto, después de que el presidente Luis Abinader nombró a un fiscal general ampliamente percibido como independiente. La aplicación de la ley anticorrupción también parece realizarse de manera uniforme: en febrero, Abinader despidió a su exministro de Salud por la presunta compra de equipo médico a un precio excesivo. Ecuador y Panamá también vieron subir sus puntajes, luego de los esfuerzos concertados de los gobiernos y la sociedad civil para combatir la corrupción, el lavado de dinero y otros males.

Pero la tendencia general es clara y desconcertante. América Latina ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia, que sigue dejando un rastro de muerte y destrucción económica. Un gobierno más limpio permitiría respuestas más ágiles y efectivas a las numerosas enfermedades socioeconómicas y de salud que probablemente perdurarán en los próximos años. Una mayor transparencia también ayudaría a facilitar el auge de la inversión que tanto necesita América Latina, considerando que la inversión extranjera directa cayó un 50 % estimado en 2020, más que en cualquier otra región del mundo.

Ninguno de estos cambios puede imponerse desde el exterior: la sociedad civil, los líderes empresariales, los políticos y otros actores locales tendrán que liderar el proceso. Pero ciertamente es posible hacer que el círculo virtuoso de democracias y economías saludables comience nuevamente. Combatir la corrupción de manera más eficaz, con instituciones sólidas e independientes al frente y al centro, aprovechando la creciente madurez del cumplimiento en el sector privado, sería un buen lugar para comenzar.

Los retos en cuanto a corrupción en el país siguen siendo mayúsculos y no se evidencian avances significativos, sino al contrario, retrocesos, según el índice CCC. Los resultados del estudio señalan que el país ha estado en una trayectoria descendente de varios años: su puntuación general cayó un 10 por ciento de 2019 a 2021.

“Casi todos los indicadores dentro de la categoría de capacidad legal disminuyeron, incluyendo una caída del 20 por ciento en la variable que mide la independencia del fiscal general y una caída del 17 por ciento en la independencia de los organismos anticorrupción”, explica Silvana Amaya, senior analyst de Control Risks.

Mientras tanto, el Gobierno da señas de su interés de seguir combatiendo este flagelo. Por ejemplo, el 10 de junio, en el marco de la aprobación por parte de la Comisión Primera del Senado del proyecto de ley de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, expresó: “Es muy importante el mensaje unificado que estamos enviando desde la institucionalidad del país a quienes han visto en el servicio público un camino para derrochar el dinero de todos los colombianos en beneficio propio: cero tolerancia con ellos. Hoy nos llena de esperanza la acogida que ha tenido este proyecto en el Congreso de la República, y esperamos que siga teniendo un trámite expedito en los debates restantes”.

Según el informe, una de las principales razones por las que el puntaje colombiano empeoró en comparación con años anteriores se debe a la percepción de la pérdida de independencia de los organismos de control como la Procuraduría General y la Fiscalía.

Diana Valencia, experta en temas de corrupción, explica: “La Constitución del 91 buscó equilibrar los poderes otorgando una autonomía importante a órganos como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y, desafortunadamente, con varias reformas constitucionales que se han hecho en los últimos años, la forma de elección de los principales cargos de estos organismos ha llevado a que se pierda independencia”.

Por su parte, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, afirma: “Tenemos un problema serio debido a la erosión del sistema de pesos y contrapesos. Con contadas excepciones, en Colombia los grandes poderes están cooptados y han perdido cualquier credibilidad”.

A este fenómeno se suma que los gastos de emergencia en el sector sanitario por la pandemia han dado lugar a irregularidades en las contrataciones públicas y a denuncias de casos de corrupción. La transparencia en torno a estos gastos se percibe como insuficiente, lo que explica un descenso del 21 por ciento en el a la información pública.

Gerardo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, explicó que para atender la pandemia “fue necesario entrar a aprobar situaciones de poderes adicionales para el Ejecutivo, pero esto en detrimento de un control más activo por parte del Congreso”.

Además, el índice advierte que ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2022, las medidas anticorrupción serán un tema importante en las campañas. Existe el riesgo de que, con la clase política enfocada en las elecciones, los proyectos fundamentales de lucha contra la corrupción no avancen.

GEERT AALBERS (*) Y BRIAN WINTER (**)

AMERICAS QUARTERLY

(*) Socio de Control Risks.

(**) Vicepresidente de políticas en AS / COA y editor en jefe de Americas Quarterly. /

Simón Granja - Redacción Domingo

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