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Noticia

Las condenas históricas de hasta 188 años de cárcel para de las pandillas en El Salvador

Se impusieron penas por homicidio y extorsión en El Salvador, con 81.900 presuntos pandilleros encarcelados desde 2022. Le explicamos los detalles.

Capturados durante el régimen de excepción en El Salvador.

Capturados durante el régimen de excepción en El Salvador. Foto: AFP

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La justicia salvadoreña condenó a penas de hasta 188 años de prisión a un grupo de pandilleros de la temida Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos de homicidio y extorsión, informó este viernes la Fiscalía.
Nayib Bukele y fotografía cedida por la presidencia de El Salvador donde se observa el traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Nayib Bukele y fotografía cedida por la presidencia de El Salvador donde se observa el traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Foto:EFE

Las pandillas, que controlaban parte del territorio salvadoreño, son combatidas desde 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
La Fiscalía "logró que varios pandilleros de la MS-13 fueran condenados a penas de hasta 188 años por cometer varios delitos", indicó la entidad en su cuenta de la red social X.
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Efraín Cortez, alias 'Viejo Tigre', recibió una condena de 188 años de cárcel y otros siete pandilleros recibieron sentencias de entre 90 y 174 años, señaló la Fiscalía.
Ellos "fueron declarados culpables" de cometer 11 homicidios agravados entre 2007 y 2017, agregó.
Algunas de las víctimas de los nuevos condenados eran reclusos que fueron asesinados a golpes por algunos de estos pandilleros mientras estaban presos
No es la primera vez que la justicia salvadoreña dicta penas tan largas contra pandilleros. En junio pasado, uno fue condenado a 460 años de cárcel y otros siete recibieron sentencias de hasta 360 años de prisión.
"Algunas de las víctimas" de los nuevos condenados eran reclusos que fueron asesinados a golpes por algunos de estos pandilleros mientras estaban presos en un penal del departamento oriental de La Unión.
La justicia también los condenó por extorsionar a pequeños comerciantes, a quienes exigían pagos quincenales de entre cinco y 25 dólares, además de delitos de amenazas, hurto, porte ilegal de armas de fuego y conspiración para cometer homicidios.
La "guerra" que Bukele libra desde marzo de 2022 contra las pandillas ha llevado a prisión a al menos 81.900 presuntos pandilleros.
Organismos de derechos humanos cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción y las condiciones de reclusión

Exigen registro único de desaparecidos y mayor transparencia

El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, indicó que los reclusos trabajarán en el centro de reclusión

El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, indicó que los reclusos trabajarán en el centro de reclusión Foto:EFE/Gobierno de El Salvador

Entre tanto, in grupo de organizaciones civiles no gubernamentales de El Salvador urgieron este viernes al Estado a la creación de un registro único de personas desaparecidas en este país centroamericano, ante "la falta de a la información oficial" sobre este flagelo.
Las entidades consideran importante que "se garantice el derecho al a la información pública en materia de personas desaparecidas", lo que "implica la apertura de archivos militares y de seguridad por los casos de desaparición forzada registrados durante el conflicto armado", según un comunicado.
Si bien no existen estadísticas integradas y validadas del número de personas desaparecidas en las últimas décadas, los registros de las fuentes institucionales hablan de varios miles de víctimas
También pidieron "abordar la desaparición de personas como un desafío de Estado que involucre la participación comprometida de los tres Órganos de Estado, la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en la adopción de políticas de prevención, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas y de reparación integral de los familiares".
Apuntaron que "si bien no existen estadísticas integradas y validadas del número de personas desaparecidas en las últimas décadas, los registros de las fuentes institucionales hablan de varios miles de víctimas", que solo entre 2014 y 2019 la Fiscalía General registró más de 20.000 denuncias.
Las solicitudes de las organizaciones se da a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto desde 2011 y que fue establecido en 2010 por La Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las organizaciones involucradas en la petición son el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, Plataforma por la Seguridad Ciudadana y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
En El Salvador, las cifras de las personas desaparecidas, cementerios clandestinos y cualquier tipo de violencia fueron puestas bajo secreto por las autoridades de seguridad, la Policía y la Fiscalía, por lo que no se conocen las estadísticas oficiales de estos casos.

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