Oposición venezolana se la juega con el paro cívico contra Maduro

A partir de este jueves se pone a prueba una de las convocatorias más polémicas de la dirigencia opositora venezolana, el llamado a un paro cívico nacional de 24 horas que forma parte de la escalada de presión contra la Constituyente y el régimen de Nicolás Maduro.

Esta sería la concreción de una paralización que se vive especialmente en Caracas desde el martes, cuando cientos de personas trancaron calles y avenidas para continuar la protesta, a pesar de que estas acciones no fueron convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

También continuaron los rechazos al Gobierno en sectores populares otrora afines al chavismo, como Quinta Crespo, La Candelaria y Ruiz Pineda y que han sido duramente reprimidas por la Guardia Nacional.

Los empresarios y gremios profesionales del país asumieron una posición de respaldo al paro sin exigir directamente a sus afiliados a que lo asuman, pero asegurándoles que otorgan libertad de conciencia y la paga del día a los trabajadores que quieran sumarse.

“En el entorno actual, las empresas industriales no pueden subsistir (…). Por eso, las empresas mantendrán sus puertas abiertas, mientras puedan. Sin embargo, serán respetuosas de la decisión individual de cada trabajador de participar en una huelga/paro cívico de 24 horas este jueves 20 de julio, sin que esto tenga consecuencias de ningún tipo”, dice el comunicado de una de las principales federaciones de industrias de Venezuela, Conindustria.

El poderoso gremio de los transportadores que se encuentra en paro desde este miércoles en exigencia del aumento del precio del pasaje (boleto) anunció que se mantendrán este jueves también para participar en la convocatoria opositora, pues no están de acuerdo con la convocatoria a la Constituyente que empuja Maduro.

Horas más tarde, el ministro de Trabajo, Néstor Ovalles, advirtió que las empresas que decidan sumarse al paro cívico serán sancionadas.

Hasta ahora los sindicatos de choferes habían sido los menos proclives a sumarse a las convocatorias políticas opositoras.

En términos prácticos, queda por ver cómo reaccionarán el comercio y el resto del sector de servicios, pues desde hace dos semanas se acabaron las clases en escuelas y universidades.

Otro gran interrogante en el panorama es si los funcionarios públicos acatarán el llamado, en un entorno laboral en el que se coacciona abiertamente a los empleados a seguir la línea política oficial so pena de perder sus empleos.

De antemano, luce descartado que pueda haber un paro en la industria petrolera como ocurrió en el año 2002, pues Petróleos de Venezuela es la empresa estatal más férreamente controlada por el Gobierno.

Tras aquella huelga general de casi tres meses, resistida por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, esta forma de protesta perdió credibilidad, pues le permitió al oficialismo reagruparse y depurar a las instituciones públicas de los empleados que participaron. La dirigencia opositora de ese momento vio diezmar su capital político y el debilitamiento claro de su liderazgo.

Pero la Venezuela de hace 15 años es muy diferente a la actual, Maduro no es Chávez ni el paro está precedido de más de 100 días de protesta y una consulta popular contra el Gobierno que obtuvo más de 7,6 millones de votos.

Sobre esa base, la coalición opositora cree que puede abrirse pronto una salida electoral que le permita acceder al poder y por eso anunció este jueves un “compromiso unitario para la gobernabilidad”, en caso de que esto ocurra.

Aunque para algunos se trata de una movida adelantada de la oposición, esta asegura que se trata de un pacto mínimo para garantizar la estabilidad política del país en caso de una eventual transición.

En ello los partidos políticos de la coalición se comprometieron a elegir en primarias a quien vaya a ser el candidato opositor y a tener una agenda primaria de atención humanitaria –abastecimiento de alimentos y medicinas– que ayude al país a sobreponerse a la crisis.

Por su parte, el gobierno de Maduro sigue enfilado en impulsar la Constituyente a como dé lugar y a pesar de las fuertes presiones para que abandone el proyecto. Los anuncios de próximas sanciones a altos funcionarios del Gobierno venezolano por parte de Estados Unidos han funcionado, hasta ahora, como combustible a la tozudez de la ‘revolución bolivariana’ y su retórica antiimperialista.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO