Perú: Fiscalía pide investigar a Castillo como 'líder de grupo criminal'

La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia de ese país investigar al presidente Pedro Castillo como "líder de una organización criminal" enquistada en el Estado para obtener "beneficios ilegales" de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda

de "tutela de derechos" presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso.

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"Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado", a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", expresó Rojas durante su exposición.

Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.

Añadió que la investigación contra Castillo "no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso", sino de información "gestada en investigaciones fiscales", a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio

de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras

de infraestructura.

"Esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política", apuntó Rojas.

La defensa del gobernante presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogar a Castillo sobre las imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.

Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron evidencia sobre "la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales", afirmó Rojas.

"Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios", agregó.

Además, la Fiscalía ha recibido los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes itieron haber representado a empresas que ganaron las adjudicaciones y que han presentado audios haciendo coordinaciones con los funcionarios imputados.

El fiscal Rojas informó además que existen audios que revelaron que Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) a Silva para dárselos a Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en una casa que usó durante la campaña electoral.

Por su parte, el exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, fue imputado por desbalance patrimonial a escasos cuatro meses de asumir ese cargo y después de que la fiscalía encontrara 20.000 dólares ocultos en el baño de su oficina. 

El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.

Espinoza añadió que Castillo ha recibido un "trato discriminatorio" porque a ningún expresidente se le ha abierto investigación mientras duró su mandato y citó los casos

de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), imputados por lavado de activos a raíz del escándalo de sobornos de

la constructora brasileña Odebrecht.

"Esperemos que (la sala) declare fundada mi demanda, si la Constitución defiende por igual a todos los peruanos", expresó el abogado defensor. En forma paralela a la audiencia judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó citar al presidente peruano como investigado, y ya no como testigo, en la pesquisa que desarrolla sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en una casa del distrito de Breña, en Lima, donde supuestamente se encontró con los funcionarios y empresarios imputados actualmente. 

Una comisión del Congreso peruano acordó este miércoles investigar al presidente Pedro Castillo en un caso de presunto tráfico de influencias, por el cual la Fiscalía también le abrió una indagación a fines de mayo.

"Hemos decidido pasar a la condición de investigado al presidente Pedro Castillo con el fin de señalar posibles responsabilidades penales en el informe que vamos a emitir", dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el opositor Héctor Ventura.

"El presidente ha sido citado [como testigo] hasta en tres oportunidades y se ha mostrado renuente [a comparecer]", agregó Ventura en conferencia de prensa al explicar el cambio de la condición de testigo a investigado.

En efecto, Castillo no se presentó a declarar como testigo en las tres convocatorias realizadas por la comisión parlamentaria en los últimos meses.

"Existen grandes indicios y sospechas reveladoras de presuntos actos de corrupción", indicó Ventura, del partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista).

La Fiscalía tiene previsto interrogar a Castillo el 17 de junio, mientras que los investigados del entorno presidencial están escondidos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos.

El  presidente izquierdista finaliza su mandato en julio de 2026.

Castillo afirmó el 30 de mayo que la Fiscalía desató una "persecución política" contra él

por este caso, pero el domingo se allanó a cooperar y negó cualquier acto ilícito de su parte.

"Voy a colaborar, voy a concurrir al llamado del fiscal u otras instancias que tengan que ver por la investigación", dijo el mandatario durante una entrevista con el canal estatal TV Perú, en la que descartó cualquier intento de evadir a la justicia.

"Jamás me va a salpicar la corrupción", enfatizó el presidente, un maestro rural de 52 años que lleva casi 11 meses en el poder. 

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

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