Protestas en Panamá: más allá de una mina

Las protestas masivas que sacuden a Panamá por una mina de cobre que vale alrededor del 4% del PIB del país son la última señal de descontento entre los panameños, arrojando dudas sobre el futuro de la minería y planteando un gran desafío para el gobierno del presidente Laurentino Cortizo antes de las elecciones de mayo próximo.

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En las manifestaciones, que comenzaron a principios de agosto y se intensificaron durante la semana pasada, los sindicatos de docentes y de la construcción se unieron a grupos indígenas y ambientalistas para bloquear carreteras y exigir que se cancelara el nuevo contrato de la mina.

La mina, que es la mayor explotación de cobre en funcionamiento de Centroamérica, es propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Decenas de manifestantes han sido arrestados por cargos que incluyen agresión y daños a la propiedad, y varios agentes de policía han resultado heridos mientras el tráfico se paraliza en los centros logísticos de todo el país.

Cortizo, un centrista que no puede presentarse a la reelección, se ha enfrentado a unos índices bajos de aprobación, con tan solo un 18%, en medio de una frustración latente por la corrupción, la falta de transparencia y los deficientes servicios sociales. La política medioambiental también ha sido objeto de renovada atención a medida que una grave sequía azota el país, limitando la navegación a través del Canal de Panamá.

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El 20 de octubre, el Congreso aprobó un nuevo contrato para la mina Cobre Panamá. El nuevo acuerdo es más favorable para Panamá e incluye un enorme aumento de las regalías, alcanzando un mínimo anual de 375 millones de dólares. Cortizo celebró el contrato el 24 de octubre diciendo: “Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Después de una negociación difícil y compleja durante más de dos años, se llegó a un acuerdo... que garantiza términos y condiciones mucho mejores para el país”.

El presidente recalcó que el gobierno no toleraría “el vandalismo ni los llamamientos a la anarquía” y que los delitos cometidos por los manifestantes serían procesados. Añadió que el acuerdo asegurará más de 9.000 puestos de trabajo y que sus ingresos mantendrán solvente el sistema de seguridad social del país, permitiendo un diálogo nacional sobre cómo gastar el dinero de ese sistema.

Pero otros ven una dinámica más amplia. El acuerdo minero “fue propuesto por un gobierno con escasa credibilidad y aprobado por legisladores ampliamente considerados corruptos”, dijo Enrique de Obarrio, ex presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, que ahora dirige la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia.

De Obarrio explicó a Americas Quarterly que el nuevo contrato se tramitó por aprobación expedíta en el Congreso, con una participación pública mínima, lo que avivó las sospechas de clientelismo. La Corte Suprema de Panamá anuló el contrato anterior de la mina porque carecía de un proceso transparente de licitación pública. Los opositores afirman que el nuevo acuerdo tampoco cumple las normas de transparencia y ya han presentado múltiples recursos judiciales.

Las protestas se intensificaron rápidamente debido a la “amplia insatisfacción pública con un sistema político altamente corrupto e insensible”, dijo Carlos Guevara Mann, profesor de ciencias políticas en el campus de Panamá de la Universidad Estatal de Florida. “Una gran mayoría no puede llegar a fin de mes debido a la espiral del costo de la vida y a los pésimos servicios públicos”, declaró a AQ. A los ojos del público, el gobierno no ha logrado avances significativos en estas cuestiones, incluso después de las manifestaciones masivas del año pasado.

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Panamá ha sido relativamente una historia de éxito económico en América Latina en las últimas décadas, con un rápido crecimiento del PIB y una disminución de la pobreza del 48,2% en 1991 al 12,1% en 2019. Pero esa tendencia positiva comenzó a revertirse en 2017, con alzas en la informalidad y el desempleo, según el Banco Mundial. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el país tiene el decimocuarto índice de Gini –que mide la desigualdad– más alto del mundo.

El Banco Mundial pronosticó a principios de este año que en 2025 la pobreza descendería a los niveles anteriores a la pandemia debido a un crecimiento del PIB que se espera llegue al 6%, aunque ese escenario se basaba en gran medida en los ingresos del cobre que ahora se cuestionan.

Las protestas también están influyendo en las elecciones de mayo, perjudicando al partido PRD de Cortizo y beneficiando a candidatos menos vinculados a la política tradicional del país, dijo de Obarrio a AQ. Por ahora, el favorito es el expresidente conservador Ricardo Martinelli (2009-2014), quien en julio fue condenado a más de diez años de prisión por cargos ligados al lavado de dinero.

Martinelli niega haber delinquido, pero sigue apelando y aún no ha sido encarcelado. El 24 de octubre, un tribunal superior confirmó la sentencia. Su perdurable popularidad se debe a la percepción de que sabe cómo responder ante los ciudadanos a pesar de formar parte de una clase dirigente que está comprometida, dijo de Obarrio.

Camila Aybar, una activista juvenil residente en Ciudad de Panamá que apoya las protestas, dijo que éstas se producen esencialmente porque la gente siente que no se les ha consultado sobre la controversial mina. “Panamá no ha decidido si quiere o no ser un país minero”, declaró a AQ. Ella y otros manifestantes piden un referendo nacional sobre la minería, como el que se celebró en 2006 y que aprobó por abrumadora mayoría la ampliación del Canal de Panamá. Este referendo podría incluirse en las elecciones de mayo.

Grupos indígenas y ecologistas temen que la mina perjudique irreparablemente a la selva tropical de Panamá, parte vital del Corredor Biológico Mesoamericano, y que contamine el agua potable. Por otra parte, el empleo del agua en la mina preocupa a funcionarios y exfuncionarios del Canal. Jorge Luis Quijano, antiguo jefe de la Autoridad del Canal de Panamá, declaró en agosto que, aunque el consumo de agua de la mina no afecta actualmente los niveles de agua del Canal, podría hacerlo en el futuro.

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Todo esto se suma al escepticismo de que la decisión del gobierno de dar luz verde a la mina sea en beneficio público. Incluso la Conferencia Episcopal de Panamá se pronunció el 25 de octubre pidiendo la anulación del contrato y un nuevo diálogo nacional sobre la mina.

RICH BROWN

AMERICAS QUARTERLY

A pesar de que el presidente Laurentino Cortizo anunció que convocaría un referendo en diciembre para derogar la ley minera, el Tribunal Electoral de Panamá negó la posibilidad de recurrir al mecanismo, alegando que no existe ninguna norma en el país que contemple este tipo de consulta popular.

Ahora, y después de que el Parlamento de Panamá desistiera en segundo debate de derogar el contrato, será la Corte Suprema la encargada de determinar el futuro del acuerdo. El tribunal tendrá que responder ante varias demandas interpuestas por una supuesta inconstitucionalidad en la norma aprobada por Cortizo.