Ecuador: ¿qué tan efectivas son las medidas aprobadas en la consulta de Daniel Noboa para enfrentar el crimen?

Para los analistas, este resultado representa una “victoria” para la istración del mandatario Noboa, quien lleva cinco meses en el poder y enfrenta enormes retos en su gestión, como la ola de violencia que llevó la tasa de homicidios a cifras nunca antes vistas, una crisis energética que ya provoca apagones en el territorio nacional y el incidente diplomático por la irrupción a la Embajada de México en Quito.

Pese a estos desafíos, Noboa consiguió lo que sus antecesores no pudieron. Y es que quizás la medida más emblemática aprobada en la consulta fue la de dar luz verde a la extradición de ecuatorianos si son requeridos por la justicia de otros países, algo que hasta la fecha no era permitido por la Constitución. Este es el segundo intento de un gobierno en un año por sacar adelante esta medida considerada como una herramienta disuasoria contra el crimen.

Precisamente, en febrero de 2023, el exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023) propuso una consulta similar que fue rechazada con un 52 por ciento de los sufragios. Con esto, el Noboa pavimenta su camino para llegar fortalecido para buscar una eventual reelección en 2025, aunque no está exento de obstáculos en el camino.

Laura Lizarazo, analista de riesgos globales de la firma Control Risks, explica que Noboa logró la aprobación de la mayoría de las preguntas del referéndum gracias a sus niveles de popularidad, pero también porque la crisis de violencia que vivió el país a inicios de año con la toma a una canal de televisión y los enfrentamientos con hombres armados en las calles de Guayaquil marcaron un punto de inflexión.

“Pese a que esta crisis tiene otras raíces estructurales que se remontan atrás, sin duda los eventos de enero marcaron un punto de quiebre. Su gran despliegue mediático entre los ciudadanos generó altísimos niveles de pánico y zozobra”, explicó a este diario Lizarazo.

Aunque la extradición era la punta de lanza de la consulta, los ecuatorianos también le dieron el “Sí” a cuestiones como elevar las penas de los delitos relacionados con la criminalidad organizada y también la de eliminar los beneficios penitenciarios a los condenados por algunos de estos delitos, de forma que tengan que cumplir íntegramente sus castigos en prisión.

Igualmente recibió el apoyo popular las propuestas de destinar a las Fuerzas Armadas a controlar los s a las prisiones, de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de policías y militares, y de equipar a las fuerzas estatales con el armamento incautado a la delincuencia organizada. Y es que a estos grupos se les atribuye la escalada de violencia que vive Ecuador y que le ha llevado a ser uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, al registrar en 2023 una tasa de unos 45 por cada 100.000 habitantes.

Pese a que el paquete de medidas busca robustecer la política criminal en el país, Lizarazo acotó que las propuestas se quedan cortas para lo que realmente necesita el país en materia de lucha contra las bandas.

“La consulta se queda bastante corta porque no se traduce en la creación de capacidades institucionales para enfrentar una amenaza de estas características. Noboa ya contaba con la posibilidad de presentar iniciativas en el Parlamento sin necesidad de someterlas a un proceso consultivo”, dijo la analista. En ese sentido, Lizarazo considera que la consulta más bien obedece a un interés de Noboa de querer refrendar lo que va hasta ahora de su mandato. 

Hay tres cuestiones en las que se impuso el 'Sí' que entrarán en vigor en cuanto se proclamen los resultados oficiales, por tratarse de enmiendas a la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

La primera, con la votación más alta (73,05 %), es la referente a que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente junto a la Policía en operaciones contra el crimen organizado.

Con el 65,11 % de los votos a favor, también se aplicará inmediatamente las extradiciones a ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, y con el 60,49 %, se establecerá un sistema de juzgados en materia constitucional.

Sin embargo, el resto de medidas en las que gana el 'Sí' implican un proyecto de ley que debe ser tramitado en la Asamblea Nacional (Parlamento), como la de encargar a las Fuerzas Armadas el control los s a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que vive el país.

El mismo camino seguirá el endurecimiento de penas para delitos relacionados con el crimen organizado y la eliminación de beneficios penitenciarios para varias de estas figuras, de modo que los condenados por estas causas deberán cumplir todo su castigo en prisión.

A su vez, la Asamblea deberá tratar la creación de un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de Policía y Fuerzas Armadas, así como un mecanismo para que estas fuerzas estatales sean equipadas con el armamento incautado a delincuentes y otro para hacer expropiaciones exprés de bienes ilícitos.

En ese sentido, el trámite vía Parlamento puede demorar la aplicación de estas medidas, por lo cual el gobierno ecuatoriano tiene retos por delante para que su proceso consultivo sea efectivo y entre en vigor lo más pronto posible.

“Qué tan efectiva sean las reformas es algo incierto. No considero que tengan impacto inmediato porque hay un proceso istrativo formal que todavía se debe surtir en la Asamblea. No veremos efectos concretos porque ninguna iniciativa crea las capacidades que requiere el Estado para abordar una amenaza criminal de esta naturaleza. Y en el caso de la extradición, cuya propósito es la disuasión, no siempre tiene los efectos deseados, como ocurrió en el pasado en Colombia”, explicó Lizarazo.

Pese a que los ecuatorianos respaldaron ampliamente el paquete de medidas en asuntos de seguridad, lo cierto es que los temas medulares sobre asuntos económicos no pasaron la prueba.

Su promesa electoral de generar empleos para jóvenes quedó truncada al quedarse sin la posibilidad de legalizar los contratos por horas, así como la de atraer inversiones extranjeras, luego de que hayan decaído en los últimos años.

“Hay un grupo de ciudadanos que veían en la pregunta sobre el contrato por horas como una precarización del trabajo. Esto caló de manera importante en organizaciones sociales, como las indígenas, que son las más poderosas del país”, puntualizó Lizarazo.

De hecho, la oposición se anotó esto como una victoria. El expresidente Rafael Correa (2007-2017), que hizo campaña por el 'No', lo consideró una victoria del pueblo y una "clara derrota" para Noboa, por haber perdido las dos preguntas de naturaleza económica, que el exmandatario calificó de claves.

En todo caso, con esta consulta popular, Noboa ha medido su respaldo popular tras haber asumido el cargo presidencial hace menos de cinco meses y tener ya el horizonte las elecciones generales de 2025, a las que ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección.

La brevedad del mandato de Daniel Noboa, quien asumió el poder el 23 de noviembre del pasado año, se debe a que fue elegido para completar el año y seis meses que le faltaron a Guillermo Lasso, quien decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas antes de someterse a una eventual destitución por el Legislativo.

El plebiscito contó con la participación del 72 % de los más de 13,6 millones de ecuatorianos convocados a las urnas, y estuvo marcado por el asesinato del director de la cárcel de El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, y el conato de un motín en la cárcel de Quevedo, que dejó al menos cuatro heridos.

La semana previa a la votación estuvo marcada además por los asesinatos de dos alcaldes de poblaciones donde hay actividades de minería ilegal, y una fuerte crisis energética que ha obligado al Gobierno a hacer apagones de hasta ocho horas de duración al día para racionar el suministro de electricidad.