La guerra que puede estallar en el vecindario / Análisis de Mauricio Vargas

“El peligro de conflicto es grande y real” entre Guyana y Venezuela, opinó el periodista y analista de seguridad estadounidense Douglas Farah, gran conocedor de Suramérica. Para él, la riqueza petrolera de los 159.000 kilómetros cuadrados del Esequibo y de su mar territorial, en disputa entre los dos países, es vital para ambos estados.

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En declaraciones a la Voz de América hace algunos días, Farah explicó que en esa contienda –por ahora solo diplomática y verbal– “está en juego el futuro de dos economías” muy necesitadas. El gobierno de Nicolás Maduro requiere con desespero esas nuevas reservas petroleras, mientras las autoridades de Guyana podrían sacar a su país de la dependencia de declinantes yacimientos de oro y bauxita, y de monocultivos como el azúcar de caña.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una prestigiosa ONG venezolana, coincide con Farah: “Estamos en un pico de tensiones diplomáticas sin precedentes en la historia del conflicto territorial entre ambos países”, le dijo la semana pasada a la Deutsche Welle.

Más aún cuando para este domingo Maduro convocó un referendo consultivo cuyo resultado no es vinculante, pero tendrá un enorme peso político a la hora de justificar el eventual uso de la fuerza en el Esequibo, territorio que contiene más de dos terceras partes de la superficie de Guyana, y donde habitan unas 130.000 personas, el 15 por ciento de la población del país.

Con la opinión pública en contra, una inmensa presión internacional para que garantice elecciones presidenciales confiables en 2024 y en medio de una terrible crisis económica –inflación del 300 por ciento y 6 de cada diez venezolanos en la pobreza–, Maduro busca con ansias un asunto que concite la unidad nacional.

“Me reuní con Yulimar Rojas y me llené de su amor por Venezuela”, dijo Maduro este domingo antes de anunciar que la campeona olímpica de salto triple se sumaba a la campaña del referendo. “Por la nación que amamos y nos protege, participa este 3 de diciembre, porque el Esequibo es nuestro”, dice Rojas en un video promocional del Gobierno.

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Dos de las cinco preguntas del referendo son vistas como eventuales precursoras de una acción militar. El punto cuatro indaga si los votantes están de acuerdo con “oponerse, por todos los medios, conforme a derecho” a las pretensiones de delimitación territorial de Guyana.

Y en el cinco, el referendo interroga: “¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana?”.

Para la abogada San Miguel, “en caso de responderse afirmativamente por los venezolanos, (esas preguntas) constituyen un cheque en blanco que podría autorizar incluso un conflicto armado”. Guyana piensa lo mismo: la semana pasada, en una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sus representantes declararon que el referendo implica “una amenaza existencial” para Guyana.

Algo que parece confirmarse con el tono amenazante del ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino. Tras el anuncio de Guyana de otorgar seis nuevas concesiones petroleras en el mar Caribe, en la zona que Caracas considera suya, Padrino dijo que sus vecinos “tendrán una respuesta contundente y proporcional”.

Guyana denunció movimientos de tropas y equipo militar de Venezuela hacia la frontera. El Gobierno de Georgetown declaró que tomaba nota de esa actividad y que se mantenía “en guardia” frente a lo que el presidente Irfaan Ali llamó “amenazas” de Caracas. “Nos mantenemos firmes –agregó– en nuestra determinación de defender vigorosamente nuestro país y su pueblo, salvaguardando nuestra integridad territorial...”.

Cuando el imperio español creó la Capitanía General de Venezuela en 1777, el Esequibo formaba parte de esa división istrativa. Cuatro décadas más tarde, cuando Simón Bolívar creó la República de Colombia –que entonces integraba a Venezuela–, el Reino Unido reconoció que el río Esequibo era la frontera entre la Guyana británica y el naciente país, con lo cual la llamada Guayana Esequiba hacía parte del recién independizado país.

Y ese límite se mantuvo cuando Venezuela se separó de Colombia en 1830. Pero, según le explicó a la BBC el historiador venezolano Manuel Donís, el hallazgo de oro en la zona “desencadenó la ambición británica” y el Reino Unido, que años antes había adquirido la Guyana a los Países Bajos sin definir con claridad la frontera con Venezuela, encargó al explorador Robert Schomburgk que la trazara.

El explorador corrió la frontera hacia el oeste y le sumó a la Guyana británica más de 80.000 kilómetros cuadrados, que luego serían más de 150.000 con nuevos delineamientos limítrofes impulsados por Londres, y que llevaron la frontera hasta la población venezolana de Upata, al oeste de la desembocadura del Orinoco. El general José Antonio Páez, gobernante de Venezuela, denunció entonces lo que veía como una invasión británica a su territorio.

Estados Unidos entró a jugar como mediador. La doctrina Monroe –por el quinto presidente estadounidense, James Monroe–, simplicada con la frase “América para los americanos”, pero que en realidad buscaba que los europeos no mantuviesen colonias en el continente, llevó en un principio a Washington a respaldar a Caracas, y luego a promover un acuerdo.

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En 1897, las partes convinieron someterse a un arbitraje. Dos años más tarde un tribunal conformado en París se apartó de la tesis del uti possidetis iuris. Este principio –“como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis”–, implicaba que así como el Esequibo había pertenecido a la Capitanía de Venezuela, era parte de la República de Venezuela.

En una controvertida decisión sobre la que años después aparecieron evidencias de manipulación y del comportamiento oscuro de uno de los jueces, Friedrich Martens, de nacionalidad rusa, el tribunal de arbitramento de París terminó por reconocer la llamada línea Schomburgk. Eso sí, negó que la frontera pudiese llegar hasta Upata y concedió a Venezuela un área de enorme valor estratégico: la desembocadura del río Orinoco.

Con pruebas en la mano que, según Caracas, demostraban la manipulación del tribunal a favor de Londres, el presidente venezolano, Rómulo Betancourt, denunció el laudo de París ante las Naciones Unidas en 1962. Pero nada ocurrió.

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En la segunda mitad del siglo XX, con el proceso de descolonización que terminó por desmontar, entre otros, el Imperio británico, Caracas se convirtió en gran aliada de los independentistas guyaneses, con quienes firmó en Ginebra un acuerdo en 1966. En él, el futuro gobierno de Guyana reconocía la importancia de los argumentos venezolanos y ambos países acordaban que el secretario general de la ONU escogiera el mecanismo para resolver el conflicto.

En 1970, y con el ánimo de bajar las tensiones, Caracas accedió a firmar con los británicos y los guyaneses el protocolo de Puerto España, que congeló la disputa por doce años. Cumplido el plazo, Venezuela reactivó su reclamación, hasta que Hugo Chávez llegó al poder, en 1990, y cambio la estrategia.

“Chávez básicamente le baja el tono a la disputa: su proyecto era sobre todo consolidar un liderazgo en el Caribe”, explicó en 2021, en un especial de la BBC sobre el tema, el historiador venezolano Tomás Helmut Straka. “Para lograrlo –agregó–, decide tener a Guyana como aliado...” y evita intensificar el conflicto.

Pero los hallazgos petroleros ocurridos en la primera década del siglo, tanto en las tierras como en el mar del Esequibo, y que Guyana comenzó a explotar de manera eficaz, reactivaron los reclamos de Caracas. Eso llevó a Georgetown a demandar ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, que entrara a resolver el conflicto, algo que la CIJ aceptó dos años más tarde.

Guyana argumenta que, en su momento, el laudo de París fue aceptado por Venezuela y que, así como ese país obtuvo el delta del Orinoco, no ganó el Esequibo.

Georgetown no cederá fácil. Al paso que va, Guyana va a producir 1,2 millones de barriles diarios (casi el doble de Colombia) para 2028, y podría convertirse en el país que más barriles de oro negro produzca por habitante, por encima de Kuwait.

En abril pasado, la CIJ rechazó las objeciones de Caracas contra el proceso, lo que marcó una nueva derrota para Venezuela. La respuesta de Maduro fue el referendo consultivo que se vota este domingo y que –pocos lo dudan– ganará el Sí en las cinco preguntas, dándole al régimen chavista la llave para lo que muchos temen pueda ser el inicio de un conflicto militar.

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Del mismo modo que la dictaduraargentina quiso, en 1982, resolver la grave crisis interna que amenazaba con hacerla caer, concitando la unidad nacional con la invasión de las Malvinas, así mismo podría ahora Maduro dar un paso similar en el Esequibo. Eso temen expertos como el argentinovenezolano Andrei Serbin-Pont, director del Centro de Investigaciones Cries, con sede en Buenos Aires, quien considera que esa “malvinización (...) es un riesgo latente”.

El problema es que, aparte de un apoyo que sería más bien simbólico de aliados como Rusia, Cuba e Irán, Caracas sabe que a Guyana la respaldan la OEA, la comunidad del Caribe (Caricom) y la Mancomunidad de Naciones, la famosa Commonwealth que integra a las 54 naciones que hacían parte del Imperio británico y que mantienen con Londres estrechos lazos. Incluso Brasil (con muchos intereses en la zona, pactados con Guyana), Estados Unidos y el Reino Unido podrían salir en defensa de los guyaneses. Un desafío que parece demasiado, incluso para la osadía de Maduro.

MAURICIO VARGAS LINARES

ANALISTA

EL TIEMPO