Duro informe de HRW sobre muertes en la cárcel Modelo

Un nuevo informe adelantado por expertos forenses de talla internacional ha concluido que las muertes que se presentaron tras un motín en la cárcel La Modelo el pasado 21 de marzo fueron intencionales.

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El reporte fue adelantado por el Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de la organización estadounidense Human Rights Watch.

El incidente, en el que murieron 24 reos y resultaron heridas otras 107 personas, se desató cuando los guardias respondieron con fuego a una revuelta en la cárcel donde los presos reclamaban por condiciones adecuadas para prevenir la propagación del covid-19 en centros penitenciarios del país. Pero de acuerdo con el gobierno, fue un intento de fuga instigado por grupos criminales.

Según los expertos, dice HRW, “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”.

Aseguraron, además, que “los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.

La evaluación está basada en los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.

“Este nuevo informe, basado en documentación oficial, indica que las muertes de los detenidos de La Modelo habrían sido intencionales. Sin embargo, hasta ahora no ha habido avances significativos en la investigación penal sobre este caso. Las autoridades de la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas en HRW.

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De acuerdo con la organización estadounidense, el IFEG es un órgano internacional conformado por 42 destacados especialistas forenses independientes de 23 países que son reconocidos como referentes mundiales en la investigación médico-legal de la tortura, los maltratos y las ejecuciones ilegales. El IRCT, por su parte, es el principal centro mundial de investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la tortura y los maltratos y está integrado por 158 centros de rehabilitación en 74 países.

Las autopsias, dicen los expertos, también describen lesiones recientes no letales “producidas aproximadamente al momento de la muerte que no estaban relacionadas a las heridas de bala”. Pero no pudieron precisar, dada la precaria información que facilitó Medicina Legal, si los presos sufrieron tortura o maltrato.

HRW afirma que los 24 reportes de autopsia examinados por los expertos internacionales no anexaban fotografías, bosquejos, análisis de balística ni información de investigaciones en el lugar de los hechos.

De acuerdo con HRW, ese mismo 22 de marzo la entonces ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que las muertes se produjeron mientras los guardias impedían un plan de fuga.

Pero la organización estadounidense afirma que en agosto se entrevistó con Barbosa y este les dijo que su entidad no había imputado a ninguna persona en relación con estos hechos y que se sus fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva.

“Al 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones, según autoridades de la Fiscalía. La Fiscalía manifestó́ a Human Rights Watch que los fiscales habían entrevistado a 300 de los más de 4.900 detenidos que habrían sido testigos de lo ocurrido, y aclaró que no había ‘desidia ni lentitud’ en las investigaciones. La declaración sugiere que la Fiscalía General de la Nación prevé́ entrevistar a casi todas las personas detenidas en La Modelo”, dice HRW.

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Sostienen, a su vez, que Cabello debería declararse impedida para investigar el caso ahora que ha sido nombrada como Procuradora y ante un potencial conflicto de intereses.

“Deben establecerse salvaguardias para asegurar que cuando Cabello asuma su nuevo rol como Procuradora General, la investigación sobre las muertes en La Modelo se lleve adelante de manera independiente y exhaustiva a fin de identificar a aquellos que puedan haber cometido delitos”, agrega la organización.

Según HRW, el derecho internacional no solo protege el derecho a la vida y la seguridad, sino que exige a los estados mayor responsabilidad cuando se trata de personas que están bajo su custodia. Y mencionan lineamientos de la ONU que disponen que las armas de fuego solo pueden ser utilizadas cuando ello sea estrictamente inevitable para proteger la vida propia o de terceros o para impedir la fuga de una persona que represente una amenaza grave.

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“Una cosa es impedir que escapen personas detenidas y otra muy distinta es llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de detenidos. Las autoridades colombianas tienen la obligación de garantizar una investigación seria y efectiva que determine qué fue lo que ocurrió́ en La Modelo”, sostiene Vivanco.

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SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON