Crimen contra Sofía Delgado: ¿cuáles son los protocolos que se aplican en el mundo para prevenir la violencia contra los menores?

El crimen contra Sofía Delgado, de 12 años, en el Valle del Cauca, vuelve a poner sobre el debate público en Colombia qué tipos de protocolos y alertas tempranas son las más efectivas para prevenir los casos de violencia y abuso contra las mujeres, en especial contra las menores de edad.

(En contexto: Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, estaba libre por vencimiento de términos: 5 detalles desconocidos del caso que indigna a Colombia)

Y es que el último informe disponible en Medicina Legal revela una escalofriante cifra: entre enero y agosto de este 2024 van 375 homicidios de menores. Es decir que en lo que va de este año casi dos niños mueren al día en el país en circunstancias violentas.

De hecho, este diario reveló que Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía ya tenía otras anotaciones judiciales. 

El agresor había quedado libre en un proceso penal por acto sexual abusivo contra una menor de 14 años. Desde 2018, este proceso no había avanzado en los estrados, por lo cual Campo había regresado a las calles.

Incluso, EL TIEMPO también estableció que antes de la desaparición de Delgado el pasado 29 de septiembre, Campo trató de secuestrar y agredir a otra menor en la tienda veterinaria que dirigía en el corregimiento Villagorgona.

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Si bien en Colombia hay leyes para proteger a la infancia, algunas lecciones sobre cómo se manejan estos casos en el mundo pueden aportar al debate sobre cómo robustecer los protocolos de alerta contra los depredadores sexuales y abusadores de niños y mujeres.

Antes de 1994, en Estados Unidos no existían leyes federales que regularan el registro y la notificación de los delincuentes sexuales en ese país. A partir de entonces, el Congreso estadounidense empezó a legislar sobre una serie de iniciativas para fortalecer el sistema judicial.

Fue en ese mismo año cuando la Ley Wetterling de 1994 estableció medidas como: estándares básicos para el registro de delincuentes sexuales, se estableció una denominación más severa denominada Depredadores Sexuales Violentos (SVP, por su sigla en inglés), una verificación cada 90 días para los SVP, entre otros puntos.

En años posteriores se siguió robusteciendo ese registro, como por ejemplo la divulgación pública obligatoria de los delincuentes sexuales registrados para proteger al público.

Sin embargo, quizás fue en 2006 cuando el Congreso aprobó la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales (Sorna), que renovó por completo las normas federales para el registro y la notificación de delitos sexuales.

(Vea aquí: (Fotos y videos) Así se mostraba en su día a día Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, en Valle del Cauca)

Esta normativa le ordenó al Departamento de Justicia establecer un sitio web público que proporciona un punto de para buscar en todos los sitios web el registro de delincuentes sexuales en todos los estados del país. Es decir, con algunos datos básicos, la ciudadanía puede acceder y revisar las anotaciones por abuso que tienen los agresores.

Además de estas leyes federales, que rigen en todo el territorio, cada estado tiene sus normativas locales para la prevención y denuncia de los abusos sexuales, así como programas de educación para que las familias sepan cómo abordar estos asuntos con sus hijos.

De acuerdo con la web oficial de Sorna, solo en lo que va de este año ya van unas 84 millones de búsquedas en esa página.

Aunque la Unión Europea tiene varios instrumentos desde hace varios años para la lucha contra el abuso sexual infantil, recientemente hicieron una actualización de sus estrategias para combatir ese flagelo. 

Como parte de su estrategia de seguridad 2020-2025, en julio de 2020, la Comisión Europea adoptó un marco más eficaz que establece ocho iniciativas destinadas a implementar y desarrollar plenamente un marco jurídico en los 27 del bloque comunitario.

Entre ellas figuraban nuevas leyes que requeriría servicios de comunicación en línea (como plataformas de mensajería instantánea y aplicaciones) para detectar, denunciar y eliminar material de abuso sexual infantil.

Estas estaban enfocadas especialmente en casos que ocurren en línea y a través de internet, otro escenario donde los depredadores, con engaños, an a sus víctimas.

“La Comisión ha comenzado a trabajar para crear una red de prevención a nivel de la UE para facilitar el intercambio de mejores prácticas y ayudar a los Estados a implementar medidas de prevención utilizables, rigurosamente evaluadas y efectivas para disminuir la prevalencia del abuso sexual infantil en la UE”, dicen las autoridades.

Otro de los tratados que impulsó Europa en el 2011 fue la Convención de Estambul (también llamada Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica).

De acuerdo con EuroNews, “el Convenio establece cuáles son los actos que deben ser penalizados por los países participantes. Estos delitos incluyen la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual (incluida la violación), todos los actos no consentidos de naturaleza sexual con una persona, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el aborto y la esterilización forzados, los crímenes de honor y el acoso sexual”.

Con esto, se creó un grupo de expertos llamado Grevio cuya tarea principal es vigilar la aplicación de dicha convención. En total, más de 30 países han firmado este tratado.

Aunque si bien en todos estos países aún siguen ocurriendo abusos sexuales, y las estrategias no son 100 por ciento infalibles, sí han sido un avance importante para los Estados a la hora de implementar medidas más robustas para combatir la violencia contra los niños y las mujeres.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Si su vida está en riesgo, puede llamar al 123, la línea de emergencias en Colombia. También si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.