Tras el ascenso de los talibanes, Afganistán vive un ‘apartheid’ de género

El segundo aniversario de la toma de Afganistán por los talibanes en el 2021 fue este 15 de agosto. Desde entonces, a las mujeres afganas se les han negado los derechos humanos más básicos en lo que solo puede describirse como un apartheid de género.

Calificándolo como tal, y dejando claro que la situación en Afganistán es un crimen contra la humanidad, la comunidad internacional podrá luchar legalmente contra la discriminación sistemática de las mujeres y las niñas del país.

Borrar a la población femenina de la esfera pública es fundamental para la ideología talibán. Las instituciones de derechos de la mujer en Afganistán, en particular el Ministerio de Asuntos de la Mujer, han sido desmanteladas, mientras que el temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha resucitado.

Se ha disuelto la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos y se ha derogado la Constitución del país de 2004, a la vez que la legislación que en el pasado garantizaba la igualdad de género ha sido invalidada.

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En la actualidad, a las mujeres afganas se les niega la educación postsecundaria, no pueden salir de casa sin la compañía de un hombre, no pueden trabajar, excepto en la sanidad y en algunos negocios privados, y se les prohíbe el a parques, gimnasios y salones de belleza.

De los aproximadamente 80 edictos emitidos por los talibanes, 54 se dirigen específicamente a las mujeres, restringiendo gravemente sus derechos y violando las obligaciones internacionales de Afganistán y sus anteriores leyes constitucionales y nacionales. Los talibanes se muestran impertérritos, continuando el trabajo donde lo dejaron hace 20 años, cuando se hicieron con el poder por primera vez. Los resultados de sus ambiciones son casi apocalípticos.

Afganistán se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Alrededor de 19 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda, mientras que más del 90 % de los afganos padecen algún tipo de inseguridad alimentaria, siendo los hogares encabezados por mujeres y los niños los más afectados.

La violencia de género se ha incrementado exponencialmente, con la correspondiente impunidad para los autores y la falta de apoyo a las víctimas, mientras que las minorías étnicas, religiosas y sexuales sufren una intensa persecución.

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Esta sombría realidad subraya la necesidad de abordar cómo están interconectados los daños políticos, socioeconómicos y de género.

Karima Bennoune, académica argelinaestadounidense especializada en derecho internacional, ha abogado por reconocer el apartheid de género como un crimen dentro del derecho internacional. Este reconocimiento se derivaría de los compromisos jurídicos internacionales de los Estados en materia de igualdad de género y del Objetivo de Desarrollo Sostenible número cinco de las Naciones Unidas, destinado a lograr la igualdad de género en todo el mundo para 2030.

Tipificar como delito el apartheid de género proporcionaría a la comunidad internacional un poderoso marco jurídico para responder eficazmente a los abusos de los talibanes. Aunque la ONU ya ha calificado la situación en Afganistán como tal, el término no está reconocido actualmente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como uno de los peores crímenes internacionales.

Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Richard Bennett, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, declaró que “una discriminación grave, sistemática e institucionalizada contra las mujeres y las niñas está en el corazón de la ideología y el gobierno talibán, lo que también suscita la preocupación de que puedan ser responsables del apartheid de género”.

Tipificar como delito el apartheid de género a escala mundial le permitiría a la comunidad internacional cumplir con su obligación de responder eficazmente y proporcionaría las herramientas jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales con los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida.

Shaharzad Akbar, directora del grupo de derechos humanos Rawadari y expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, ha instado al Consejo de Derechos Humanos a reconocer que la situación en Afganistán es un apartheid de género.

Ha señalado que “los talibanes han convertido Afganistán en un cementerio masivo de las ambiciones, los sueños y el potencial de las mujeres y niñas afganas”.

Varias defensoras de los derechos de las afganas también han pedido la inclusión del apartheid de género en el Proyecto de Convención de la ONU sobre Crímenes contra la Humanidad.

Y lo que es más notable: Bronwen Levy, representante de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad, ha instado a la comunidad internacional a “tomar medidas contra lo que el informe (de Bennett) describe como apartheid de género, de forma muy similar a como lo hizo en apoyo de la lucha de Sudáfrica contra el apartheid racial”.

En otro lugar, el presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, Robert Biedron, así como el jefe de su Delegación para las Relaciones con Afganistán, Petras Auštrevicius, han descrito la “inaceptable” situación de Afganistán como un apartheid de género.

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Siempre y dondequiera que surjan sistemas de apartheid, estos representan un fracaso de la comunidad internacional. La situación en Afganistán debe obligarnos a responder eficazmente a la persecución de las mujeres.

Reconocer que el régimen talibán es un apartheid de género no solo es fundamental para los afganos, sino también para la credibilidad de todo el sistema de la ONU. La activista afgana de derechos humanos Zubaida Akbar dijo: “Si no defienden los derechos de las mujeres aquí, no tienen credibilidad para hacerlo en ningún otro sitio”.

Los brutales dos años de los talibanes en el poder en Afganistán nos han enseñado que las iniciativas ordinarias en materia de derechos humanos, aunque importantes, son insuficientes para abordar el apartheid de género. El mundo necesita una acción internacional colectiva decidida para poner fin a la guerra contra las mujeres. No en dos meses. Ni en dos años. Ahora.

VRINDA NARAIN (*)

THE CONVERSATION (**)

(*) Profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de McGill.

(**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

Las acciones que emprenda la Corte Penal Internacional por su cuenta pueden ser complementadas por la comunidad internacional con una serie de iniciativas que sumen presión al régimen talibán en Afganistán para que cambie de rumbo.

Los líderes de los países de mayoría musulmana deben formar una delegación y visitar Afganistán para llevar a cabo reuniones no sólo con los talibanes, sino también con la jerarquía religiosa del país. Sin esperar a que eso suceda, es necesario que esos líderes y sus homólogos occidentales tomen medidas más intensas.

Estados Unidos, el Reino Unido y otras potencias internacionales deben seguir el ejemplo de la Unión Europea y sancionar a los responsables directos de negar educación a las niñas. Deben poner recursos a disposición de plataformas virtuales que provean educación a distancia y aumentar la financiación para escuelas clandestinas dirigidas a todos los niños afganos, para que sea posible continuar la enseñanza a pesar de las prohibiciones. Estas iniciativas también se pueden usar para facilitar el de las niñas afganas a educación fuera de las fronteras del país (en Pakistán) y sostener al menos una parte de los avances logrados en las dos décadas anteriores a agosto de 2021.

El trabajo de estudiosos documenta en forma minuciosa hasta dónde ha llegado el régimen en impedir el de mujeres y niñas a la educación secundaria y terciaria, y hasta qué punto Afganistán no cumple la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés).

El régimen talibán también se ha desentendido de sus responsabilidades conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y la Convención sobre los Derechos de la Infancia (CDI). Sus prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas constituyen una violación flagrante de estas convenciones y han motivado una amplia y justa reacción condenatoria. El Comité de la Cedaw, el Comité de la CDI y diversas figuras notables han denunciado las políticas regresivas de los talibanes.

De más está decir que Afganistán no ratificó los instrumentos esenciales para hacer cumplir la Cedaw, el Pidesc o la CDI. Pero la comunidad internacional puede aplicar otros instrumentos de rendición de cuentas, entre ellos normas sobre entrega de información y mecanismos de supervisión establecidos conforme a esos tratados, que permiten a organismos como el Comité de la Cedaw designar relatores cuyas investigaciones someterían las acciones de los talibanes a vigilancia continua.

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Además existen otros modos de sancionar a los talibanes conforme al derecho penal internacional. La ONU considera que la educación es un “derecho habilitador”, crucial para la realización de otros derechos humanos; y las prohibiciones de los talibanes en el área educativa constituyen claramente persecución por motivos de género. Según el informe ‘Policy on the Crime of Gender Persecution’, publicado en diciembre de 2022 por la I, entran en esta categoría aquellas acciones que privan a las personas de derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación.

Muchos países también tienen la posibilidad de usar sus respectivos marcos jurídicos para condenar y enfrentar la supresión de los derechos de niñas y mujeres por parte de los talibanes; esto puede incluir, tal vez, el uso de sanciones selectivas.

Es verdad que muchos gobiernos, incluidos los de otros países de mayoría musulmana, han expresado objeciones a las políticas de los talibanes, citando escrituras religiosas que desaprueban estas formas de discriminación. Estas denuncias son loables, pero la protección de los derechos de las mujeres y niñas afganas también demanda una mayor movilización internacional.

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Como parte de la respuesta de la comunidad internacional a estos problemas, debemos exhortar a la I a que use el aniversario del regreso al poder de los talibanes para abrir una investigación de sus graves violaciones de los derechos humanos. Ya no es posible pasar por alto el palmario desprecio del régimen hacia los tratados internacionales, y en particular la exclusión educativa de mujeres y niñas.

El espíritu del pueblo afgano resiste incluso los castigos más severos que los talibanes puedan propinarle. Las mujeres y niñas de Afganistán siguen luchando por sus derechos, a pesar de la realidad de que sufrirán consecuencias. El mundo tiene que alzarse en su defensa.

GORDON BROWN

EX PRIMER MINISTRO DEL REINO UNIDO Y ENVIADO ESPECIAL DE LA ONU PARA LA EDUCACIÓN GLOBAL.

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