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Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba ley que prohíbe todos los contratos con personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro
La llamada Ley Bolívar debe ser aprobada ahora por el Senado. Congresistas pidieron mantener las sanciones contra el régimen.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP
PERIODISTAActualizado:
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley respaldado por republicanos y demócratas que complementa las normas que prohíben al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el "gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro" en Venezuela.
(Lea también: 'Con Venezuela no han podido ni podrán': Nicolás Maduro habla del proyecto de ley de Estados Unidos que veta contratos con Caracas)
La llamada Ley Bolívar, oficialmente Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, que ahora debe ser aprobada por el Senado, también establece la misma prohibición para "cualquier gobierno sucesor de (Maduro) en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos".
El Gobierno de Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro pero si lo ha hecho con el opositor Edmundo González Urrutia, Foto:AFP
El Gobierno de Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro pero si lo ha hecho con el opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera el ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio.
La ley fue presentada por dos representantes de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, que consideran, en palabras del primero, que Estados Unidos debe "mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano".
"Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas", dijo Waltz en un comunicado.
(Le puede interesar: 'Todos los venezolanos saben que Nicolás Maduro no ganó las elecciones': los detalles del documental que muestra qué pasó durante las votaciones del 28 de julio)
En el mismo sentido habló Wasserman Schultz :"Estoy orgullosa de ayudar a liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo de Maduro y enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y ciertamente no la subsidiaremos".
Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano
"A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano", dijo la congresista.
Waltz subrayó que "Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática".
Se refería así a las elecciones del pasado 28 de julio y a la proclamación como ganador de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, cuestionada por la oposición que, en base a los datos de las actas de votación, afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el escogido por el electorado.
La oposición y diversos observadores internacionales acusan al TSJ de plegarse al dictado de Maduro. Foto:Getty Images
El congresista subrayó que la política estadounidense "debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores".
Waltz concluyó con un mensaje al Senado para que "apruebe rápidamente este importante proyecto de ley y lo envíe al escritorio del Presidente para su firma”.
El proyecto de Waltz y Wasserman Schultz fue también promovido por los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, los tres de origen cubano y republicanos, y Jennifer González-Colón, representante de Puerto Rico, entre otros.
El futuro secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, el senador Marco Rubio, ha apoyado legislaciones semejantes en pasadas legislaturas.
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