¿Por qué Nicolás Maduro anunció un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la celebración, en una fecha aún sin definir, de un congreso mundial "contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares", con el objetivo de intercambiar estrategias para combatir esta ideología con la que el mandatario vincula a la oposición mayoritaria de su país.

"Vamos a hacer aquí en Venezuela, epicentro mundial de la lucha contra el fascismo, el gran congreso (...) para nutrirnos de las ideas, las propuestas y afinar las estrategias de Venezuela que está defendiendo su derecho a vivir, a la paz, al futuro", dijo el líder chavista durante una reunión con jefes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV).

En este sentido, pidió invitar a personalidades "de todos los continentes", entre ellos pensadores, intelectuales, artistas, dirigentes sociales y líderes políticos, sin mencionar a nadie en concreto.

Sobre la fecha de esta actividad, sugirió fijarla antes del Congreso Nacional previsto para el 18 de octubre, en el que Maduro espera recibir propuestas de todos los movimientos sociales para construir una "agenda concreta de acción" que permita alcanzar "transformaciones rumbo al 2031", cuando finaliza el período de Gobierno que arrancará el próximo enero.

Ya hay un antecedente. En abril de 2022, Caracas acogió, durante tres días, una cumbre internacional contra el fascismo, en la que, según las autoridades, participaron entonces “cerca de 200 invitados de 52 países” que conmemoraron, con dicho cónclave, el vigésimo aniversario del golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El anuncio de la celebración de un "congreso mundial" se produce dos días después de que el mandatario pidiese al Parlamento, controlado por el chavismo, aprobar "muy rápido" una ley contra el fascismo, cuyo contenido "socava el espacio cívico y democrático", según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.

Maduro considera que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), está liderada por fascistas, una acusación que ha reiterado luego de las elecciones del 28 de julio, en las que fue proclamado vencedor, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

Tras las elecciones, el bloque antichavista exigió al CNE "la publicación de las actas de escrutinio" y auditorías posteriores "independientes", como ha pedido el Consejo Permanente de la OEA, así como más de una veintena de países y la Unión Europea, para la esclarecer el cuestionado resultado oficial de las presidenciales.

Entretanto, el asesor jurídico de la PUD Perkins Rocha advirtió de un "mayor conflicto social", ante la decisión que considera tomará el Supremo -señalado por la oposición de favorecer al Gobierno- sobre la validación del resultado de las presidenciales, que dio la victoria al mandatario Nicolás Maduro, un triunfo que el antichavismo y varios Gobiernos extranjeros consideran fraudulento.

El CNE declaró ganador a Maduro con base en unos resultados que, 22 días después, aún se desconocen de forma desagregada, mientras que la PUD insiste en la "victoria" de González Urrutia, según el "83,5 %" de las "actas" que -asegura- recogió gracias a testigos y de mesa durante la jornada electoral, algo que el Gobierno considera como documentos falsos.

La ONG Foro Penal computó este domingo al menos 1.503 detenciones confirmadas en Venezuela en el contexto de las protestas poselectorales contra el resultado oficial de las presidenciales, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro. La cifra total suma 87 nuevos encarcelamientos respecto al balance anterior, según los datos publicados en X por Foro Penal.

Asimismo, la organización detalló que, entre el grupo de encarcelados, han confirmado 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad o enfermedades crónicas y 200 mujeres.

Según el Gobierno venezolano, más de 2.400 personas resultaron detenidas durante las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, en las que, según la Fiscalía, se registraron 25 muertes. Por su parte, varios familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos han denunciado que a los encarcelados se les acusa, entre otros delitos, de "terrorismo" y no se les permite una defensa con abogados privados.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía acusa a la oposición de provocar "actos terroristas" que, denunciaron, causaron daños materiales en lugares públicos, sedes de partidos políticos, escuelas, hospitales y otros sitios.

EFE