SEÑOR DIRECTOR:
Otra vez, una dolorosa tragedia en la que dos niños, uno de tres y una de siete años, son asesinados, para más tristeza e incomprensión, por su propio padre, al parecer enceguecido de rabia con su esposa. ¿Pero eso es motivo para matar a sus indefensos pequeños, a los que uno ama y por quienes da la vida?
Hace unos días, el tío político de otro menor de dos años, dicen las autoridades, abusó de él y lo asesinó.
Ya son centenares los niños asesinados en Colombia. Es urgente que revisen la sociedad, la salud mental, que se busque qué lleva a esta terrible situación. ¿Por qué matamos a los menores?
Por Dios, no más.
Lucila González de M.
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito de la COP16 sobre biodiversidad, que se celebra en Cali, es importante recordar cifras de la ONU en las que señala a los países más contaminantes del mundo, así: 1) China, con un 16 %. 2) Estados Unidos, con 15 %. 3) Alemania, con un 12 %. 4) Japón, con 10 %. Colombia contamina de CO2 el mundo con un 0,1 %.
Por tanto, la política de Petro de parar de inmediato la exploración y producción de petróleo, carbón y gas debe estar acorde con las políticas y los compromisos globales que adopten los mayores contaminadores del mundo. Si los que más contaminan no contribuyen a disminuir el calentamiento global de una manera voluntaria, efectiva y demostrable, sobre los que menos contaminan no debe recaer la responsabilidad de salvar al mundo por la emisión de gases de efecto invernadero con sus consecuencias en el calentamiento global, el cual conlleva incendios, sequías prolongadas e inundaciones. Hay que recordar que los aumentos de temperatura afectan no solo la vida humana y animal, sino a los bosques, selvas, ríos, mares, nevados, paramos, etc.
El petróleo, gas y carbón no solo aportan en Colombia más del 50 % del PIB, sino también una cifra superior al 40 % de ingresos de la Nación.
Fredi Becerra Mosquera
SEÑOR DIRECTOR:
Con justicia se debe proteger a la comunidad en general ante las acciones de los encapuchados. Las manifestaciones, en términos generales, están permitidas y son un derecho, pero nunca deben ser para alterar el orden público, crear confusión, desorden, y mucho menos para causar destrozos o hasta muertes y heridos entre personas del común y de la Fuerza Pública.
La situación que ocurre a menudo en predios y barrios del sector de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, o de la Distrital, es inaudita. La ciudadanía no se explica las razones para que individuos encapuchados salgan de los predios universitarios a causar daños al servicio de transporte, en algunos comercios, residencias y hasta enfrentarse a la Policía Nacional.
El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá deben tomar las medidas del caso en defensa del ciudadano y del orden.
La principal universidad oficial no debe continuar en el epicentro de actos de vandalismo que, por lo general, destruyen, alteran o profanan los bienes de la comunidad.
Jorge Giraldo Acevedo