El 2025 será un año de alta intensidad política. Los próximos doce meses serán testigos de una sociedad descompuesta, una institucionalidad fracturada y un gobierno que no ha logrado cumplir su promesa de cambio. Es ingenuo pensar que se materializará un acuerdo nacional. Tampoco cederá en el foro público el lenguaje polarizado y a veces violento.
El 2025 estará marcado por las narrativas incendiarias. Desde el Gobierno se reforzará la idea del 'golpe blando'. No faltarán las acusaciones en contra de las demás ramas del poder, de los medios de comunicación, de los gobiernos anteriores, del sector empresarial y los grupos que lo critican. La oposición propondrá debates de control político, mociones de censura y pasará cuenta de cobro por todo error del Gobierno. Cada salida en falso del Presidente, escándalo de corrupción que se destape y promesa incumplida serán objeto de un voraz escrutinio que buscará ser capitalizado con miras al 2026.
La justicia también será protagonista. Las investigaciones en contra de congresistas y altos funcionarios, así como de de la familia presidencial, prometen convertirse en moneda política. Una orilla argumentará que es persecución judicial y que los jueces han sucumbido ante la politización. Desde la orilla contraria insistirán en que la promesa de cambio derivó en un vacío eufemismo. Lo cierto es que, si bien la justicia debería mantener su imparcialidad y evitar ser portada o titular por su relación con el Gobierno, cuestionar sus fallos seguirá siendo muestra de un conato de atentado contra la independencia de los poderes y de los presupuestos más básicos del Estado de derecho.
Finalmente, el 2025 será un año de carpintería política para los candidatos al Congreso y a la presidencia.
Otro factor que marcará la agenda pública será la radicalización de un gabinete que paulatinamente ha perdido talla y pluralismo. Con el sol a las espaldas, pocos aceptarían ser de un gabinete desgastado y con limitado margen de maniobra. Ya sea por el temperamento del Presidente, o por factores como la falta de recursos y un Congreso que congelará los principales proyectos, los incentivos para sumarse a la cruzada progresista son magros. El gabinete tendrá un perfil bajo, será leal y no proclive a cuestionar al Presidente, quien lucirá desprovisto de alfiles de peso para defender su gobierno.
El 2025 también se caracterizará por el distanciamiento entre las ramas del Poder Público. Las fracturas evidentes entre el Gobierno, el Congreso y la judicatura alimentarán tensiones y un clima de pérdida de confianza en la capacidad del Estado para generar valor agregado a la sociedad. El Gobierno, urgido por ejecutar el presupuesto y dar resultados, pero acorralado por la inactividad del Congreso y el control judicial, propenderá a echarle mano al plumazo presidencial y operar por decreto. No se descarta una desesperada declaratoria de emergencia económica.
Finalmente, el 2025 será un año de carpintería política para los candidatos al Congreso y a la presidencia. Se comenzarán a perfilar alianzas, respaldos regionales y mecanismos de consulta. Se adelgazará la larga lista de precandidatos. Serán meses de actividad frenética. Los candidatos buscarán posicionarse mientras sus equipos estarán ocupados en la milimétrica labor de sumar apoyos.
El 2025 tendrá como epicentro la batalla política del 2026 y se desplegará en un escenario en el que se han multiplicado las vulnerabilidades del país en diversos sectores de los servicios públicos y de la economía nacional. Ojalá esto invite a una reflexión sobre el tipo de política que no se necesita y que hace daño; y el tipo de política que debería en cambio surgir como respuesta ante la evidente degradación del debate público y de la realidad nacional. El país político sigue sin responder la pregunta formulada por el Maestro Echandía: “¿El poder para qué?”.