A echar tijera

Es natural que un gobierno quiera gastarse hasta la camisa en un año preelectoral, como ocurre con el proyecto de presupuesto oficial para el año entrante. Empero, es inisible que se les pida a los colombianos un mayor esfuerzo impositivo, en medio de la situación económica nacional, por el mero interés político de los ‘progres’ de mantener su chequera activa frente a las elecciones del 2026.

Tuvo razón el Congreso en rechazar el monto del presupuesto. Es toda una desfachatez que el rector de la hacienda pública pretenda asfixiar a los colombianos con más impuestos, cuando no se evidencia esfuerzo alguno para restringir el gasto y los dineros públicos se van a diario por la alcantarilla de la corrupción. Cómo es posible, por ejemplo, que con una inflación proyectada para el 2025 de 3,2 %, ¿el costo de la nómina oficial crezca al 9 %? La única explicación es mantener a gusto a las centrales obreras, que –en reciprocidad– marcharán a favor de Petro este 19 de septiembre, mientras el traje de la Nación ya se ve raído.

Ahora, la ley de financiamiento es inconsistente por donde se la mire. Cómo sostener que busca la reactivación económica si penaliza a las pequeñas y medianas empresas del país, que generan la mayor parte del empleo y el 40 % del PIB, al subirles el impuesto de renta del 14,5 al 34 %, como resultado de la derogatoria del régimen simple, y por un prurito ideológico persevera en castigar a las petroleras, en medio de la crisis energética que se avecina.

Es censurable que una tributaria persiga a un sector de la sociedad. Sus autores afirman con desparpajo que esta reforma es contra los “superricos”. La verdad, no saben que ahora estos pagan impuestos en jurisdicciones que no son confiscatorias. A la que sí destruye es a la clase media alta con un impuesto al patrimonio desde $ 1.800 millones, es decir, gravará a los colombianos de estrato 5 o 6 que posean un apartamento y dos carros. Además, les aumentará al 41 % el impuesto a los ejecutivos empresariales.

Afirma que busca el desarrollo sostenible en una economía en transición hacia energías limpias y renovables, pero les sube el IVA a los carros híbridos y a las generadoras hídricas les mantiene una sobretasa de renta de 3 puntos. El proyecto propone incentivos a las inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales, pero no ofrece soluciones a los problemas para el desarrollo de los mismos, como en La Guajira, donde los proyectos eólicos se volvieron de imposible realización, particularmente por el manejo gubernamental de las consultas previas. Fue así como Enel Colombia decidió abortar la construcción del parque eólico Windpeshi.

Por gestión fiscal el Gobierno se compromete a lograr un mayor recaudo por $ 1,6 billones. Pero no lo hace a partir de la mayor capacidad de auditoría que tiene la Dian, gracias al aumento de su planta de personal y las inversiones tecnológicas que financió la banca multilateral, sino a través de un perverso sistema de recompensas a quienes sirvan de delatores, de los cuales no excluye a los abogados y a los contadores públicos, a sabiendas de que sobre ellos pesa un deber de reserva profesional, de carácter ético y legal. Mucho me temo que este será otro fiasco, idéntico al de los arbitramentos tributarios.

El ministro Bonilla preguntó en EL TIEMPO el domingo pasado: “¿Entonces, dejamos de pagar la deuda?”. ¡Claro que no, ministro! Lo que hay que hacer es echarle tijera al presupuesto.

Taponazo. El 8 de marzo de 2022, con testigo incluido, Rodolfo Hernández me compartió que el nombre de Marelen Castillo para la vicepresidencia se decidió en una reunión con el nuncio. Le pregunté a Sandra Forero, reconocida candidata a ese cargo, si ella lo supo en su momento, y me contestó: “¡Sí! Rodolfo vino a Bogotá y me citó, primero me dijo que yo no había querido, le dije que no era cierto, y después me contó la verdad: el nuncio”. Y esta semana María Claudia Lacouture, la primera postulada, lo confirmó en La W Radio. ¿Alguna duda?

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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