Ahora sí arrancó la campaña

El solo anuncio de radicar una ponencia negativa a la reforma laboral por parte de una mayoría de senadores de la Comisión 7.ª desató la ira santa de Petro. No es la primera vez que esto sucede. De hecho, el Congreso ha recibido amenazas siempre que se ha opuesto o incluso alejado de alguna iniciativa del Gobierno. Como si no fuera una rama independiente del poder público. Lo propio ha ocurrido con los partidos de la muy frágil y remunerada coalición cada vez que han intentado introducir alguna idea o apartarse de algún capricho de Petro.

El ultimátum siempre termina en la convocatoria al pueblo a salir a las calles. Ya tendría que haberse dado cuenta de que nadie les teme a estos anuncios por siempre fallidos como no sean con la convocatoria forzada a los empleados públicos y estudiantes del Sena y hasta menores de edad sacados a la fuerza de los colegios. Y por supuesto, algunos sindicatos y los grupos de activistas indígenas que nada tienen que ver con las reformas progresistas, en particular la laboral y la pensional.

No olvidemos que hace un año, cuando el Senado hundió el primer proyecto de salud, Petro, enardecido, amenazó con convocar una constituyente. Yo compré de inmediato esa idea para que confrontáramos de una vez por todas al Gobierno. Hasta ahí llegó la iniciativa, como seguramente ocurrirá con estas consultas, de convocarse. Y como Petro no acepta la tridivisión de poderes, recurrió también a gobernar por decretos de emergencia y de conmoción, esta última inicialmente limitada al Norte de Santander pero con amenaza de extenderse a todo el país por causa del fracaso de la ‘paz total’. Y no tardaremos en conocer los decretos ya anunciados con los cuales se pretenderá implementar las reformas anticipadamente. Porque bien saben que mientras la Corte Constitucional los revisa pasarán años y así tendrán licencia para el ejercicio del poder sin límites.

El nombre del chantaje ahora es la consulta popular. Si consideramos el censo electoral, que es de casi 41 millones de personas, tenemos que el umbral de participación mínima es de 13,6 millones de votantes, y el de aprobación, la mitad más uno de los votos válidos. En ninguna de las últimas tres consultas se ha alcanzado ese umbral mínimo. Ni en la más reciente de 2018, llamada consulta anticorrupción, a la que le faltaron 500.000 votos, pero que sí consiguió su verdadero objetivo que fue elegir a Claudia López alcaldesa de Bogotá. Ni la consulta de Uribe en el pico de su popularidad y con propuestas muy atractivas consiguió su aprobación.

La del 2018 nos costó 310.000 millones de pesos, por lo que es de suponer que la propuesta por Petro no bajará de 500.000 millones. Cómo no recordar que el Gobierno se demoró el año pasado hasta agosto para girar los recursos de funcionamiento de los partidos y hoy a la fecha no gira los recursos de reposición de votos de las elecciones de 2023.

Plata no hay. Ni para atender los gastos en salud, ni las deudas con el sector eléctrico, ni los compromisos con las grandes obras de infraestructura como el metro ni para nada. El Gobierno no solo está quebrado, sino atrapado en sus propias equivocaciones, en su improvisación y, lo más grave de todo, ahogado en un mar de corrupción que el país no había conocido en toda su existencia.

La realidad es que el señor Petro no ha gobernado un solo día. No sabe, no le gusta, no se preparó, no le interesa. Su única obsesión es preservar el poder y para ello agitar, polarizar, sembrar odios, confrontar. Y vivir en eterna campaña, único terreno en que se siente a sus anchas. Con el anuncio de la consulta arrancó ahora si en serio el debate. Lo veremos recorriendo regiones y municipios y todos los del Gobierno habilitados por esta consulta en campaña también. Por supuesto, lo de menos será el resultado de la consulta, lo importante será la campaña y el resultado electoral del 2026.

Pero como no hay mal que por bien no venga, con la consulta y el rompimiento de relaciones con el Congreso nos economizarán el tormento de la anunciada reforma tributaria, la de salud, la de la jurisdicción agraria, el nuevo código minero, la reforma de la Ley 30 de educación, y así el Congreso quedará libre para ejercer como nunca antes el control político y salir a la calle a defender la institucionalidad y la democracia.

GERMÁN VARGAS LLERAS

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