Anticorrupción: no más carreta

Es muy preocupante ver cómo se ha degrado el nivel del debate público, sin espacio para la controversia argumental y con posiciones meramente emocionales y casi siempre ideologizadas. A menudo se discute solo sobre frases, conceptos y hasta cifras que nadie ha validado.

A mediados del siglo XX, Laureano Gómez hizo famosa la frase –luego convertida en dogma– de que en Colombia, 1’800.000 cédulas falsas –ni una más, ni una menos– supuestamente permitían el predominio liberal en las elecciones.

Más recientemente, algunas entidades oficiales se han encargado de medir la corrupción en cifras diarias o anuales. Hace 2 años se creó el dogma –luego tenido como verdad, incluso en el exterior– de que la corrupción le costaba al país exactamente 50 billones de pesos al año, pero sin revelar cómo se había obtenido esa cifra, ni menos lo que hubiera sido más importante: los nombres de sus autores, los procesos en su contra y las providencias adoptadas para recuperar lo perdido.

Si, por ejemplo, la parlamentaria del Centro Democrático Margarita Restrepo –con suficientes elementos de juicio, basándose en estudios serios y conceptos del Consejo Superior de Política Criminal, que integran varios ministros, el Procurador, el Fiscal y el director de la Policía, entre otros–, señala en la Comisión Primera de la Cámara que la llamada cadena perpetua para violadores de niños no es el instrumento eficaz para combatirla –entre otras razones porque por los altos índices de impunidad no habría a quién aplicársela y bastaría con imponer las penas de 60 años vigentes– se la acusaría de atravesársele a un proyecto para proteger a los niños. ¡Vaya estupidez!

Y al representante liberal Alejandro Chacón se lo ha sometido a una especie de matoneo mediático por llamar las cosas por su nombre en materia de lucha contra la corrupción. Él ha demostrado que la mal llamada consulta anticorrupción –no aprobada por el pueblo– no era ni es el instrumento para atacar en verdad la corrupción por cuanto contemplaba instrumentos totalmente anodinos como bajar el sueldo de los congresistas o reducir sus periodos, o repetir normas que ya rigen, como la de presentar la declaración de bienes –vigente para todos los funcionarios públicos por lo menos desde 1995– o aumentar penas que están vigentes, o concentrar todo el peso de la lucha anticorrupción en el lugar de reclusión del acusado o condenado.

No hay espacio para explicar, por ejemplo: que las penas por peculado, cohecho o concusión son altísimas, como los cerca de 40 años impuestos al ex alcalde capitalino Samuel Moreno; que desde la Constitución del 91, y gracias a la pérdida de investidura, más de 50 congresistas han perdido su curul por violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por tráfico de influencias o por conflicto de intereses; que muchos congresistas, gobernadores y alcaldes están procesados por corrupción; o que una ley reciente prohíbe la concesión de beneficios como la casa por cárcel en caso de apropiación indebida de bienes públicos.

El trámite de la costosa consulta –no aprobada– en la que prontamente se dejó ‘enganchar’ el presidente Duque –a quien le cobran ahora la no aprobación de proyectos inútiles como la reducción de sueldos– solo sirvió, probablemente, para generar unos efectos electorales.

Varias veces he escrito en esta columna una verdad de a puño: que el principal estatuto anticorrupción es el Código Penal. Basta con que se aplique y que los procedimientos judiciales sean ágiles para dar con los responsables. La semana pasada, la justicia penal dio resultados en temas sensibles: varios altos oficiales del Ejército, incluidos generales de alto rango, fueron llevados a prisión por casos de corrupción. Y la Fiscalía de Antioquia, después de una paciente investigación procesó y capturó al Contralor departamental, tres alcaldes, y varios funcionarios más. ¿Con qué normas?

Con las ya vigentes, sin necesidad de ninguna consulta. Cumplir las rígidas normas existentes, incluida la del enriquecimiento ilícito, y, en medio del debate electoral, no distraer más al país con carreta anticorrupción. Eso es todo que se requiere.