Armar a los buenos 2

Desde su origen, en la democracia más fuerte del mundo, la norteamericana, la tenencia de armas por parte de los civiles es un derecho garantizado en la constitución. Se suponía que era para impedir el despotismo de sus gobiernos. Ahora es para defenderse de la delincuencia. El derecho a la defensa propia es garantizado también legalmente en Colombia, pero disposiciones recientes han limitado ese derecho al prohibir el porte legal de armas por parte de los ciudadanos. Hoy un bandido armado pone en jaque a cincuenta ciudadanos inermes en cualquier restaurante o en cualquier trancón vial de la ciudad.

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El argumento más manido para evitar que los ciudadanos se puedan defender con armas de la delincuencia es que eso genera más violencia y no reduce los delitos. Sin embargo, no hay ningún estudio en Colombia que sustente estas afirmaciones gratuitas. En contraste, existen muchos estudios en otros países que demuestran precisamente lo contrario. Por razones de espacio, aquí haremos apenas una sucinta referencia a algunos de ellos.

Los estudios de John Lott durante 20 años en Estados Unidos, con un acopio de información no igualado en ningún otro análisis, tiene como principal conclusión que mientras más armas disponga el público, menos crimen habrá en la sociedad. Según Lott, en 29 estados que permiten las armas han tenido fuertes reducciones del crimen, en particular los asesinatos, las violaciones y los asaltos agravados. Así, los homicidios, por ejemplo, son un 81 % más bajos en los estados donde hay libre porte de armas.

Por el contrario, según Lott, el paso de la permisión a la prohibición deteriora la seguridad. Por efecto de la prohibición, en 20 años Washington pasó de tener una tasa de homicidio 28 % más alta que el promedio de ciudades de EE. UU., a tener una tasa 98% más alta que ese promedio. Según el criminalista Joyce Lee Malcolm, la prohibición en Inglaterra del porte de armas en 1977 fue la causa principal del aumento de los delitos, y desde que las prohibieron en Australia en 1966, los asaltos con armas ilegales aumentaron un 44%.

Según Lott, el efecto disuasorio de las armas legales no convierte a quienes las portan en generadores de inseguridad o violencia. Así, el 91% de quienes se defendieron con un arma legal no hirieron ni mataron a su agresor. En contraste, el 34 % de los delincuentes presos fueron capturados por una víctima que estaba armada.

Las comparaciones internacionales sobre disponibilidad de armas legales y frecuencia de crimen son muy ilustrativas acerca de que su tenencia por parte de los civiles no genera violencia y, por el contrario, reduce el crimen. Por ejemplo, Suiza tiene una tasa muy alta de armas entre los civiles y su tasa de delitos es mucho menor que en su vecina Alemania, donde están prohibidas. Lo mismo ocurre con Nueva Zelanda y Australia: mucha disponibilidad de armas y poco crimen en el primero, bastante restricción y mucho crimen en el segundo. En Israel su población tiene gran cantidad de armas y hay poco crimen, mientras que en Canadá su población está desarmada y sufre más crimen. Argentina tiene tres veces más armas legales y allí el crimen es menor que en Colombia.

Todo lo anterior lo corroboran tanto la teoría económica del crimen como el sentido común. Antes de cometer el crimen, el delincuente calcula la ganancia y el riesgo. Siendo igual la ganancia, el delincuente optará por cometer el crimen que tenga menos riesgo. Una persona, un negocio o una residencia desarmada es un objetivo preferible para un delincuente que una persona, un negocio o una residencia que tienen armas legales.

Colombia tiene una de las legislaciones más restrictivas para la tenencia de armas legales. El ciudadano tiene que probar ante las autoridades su necesidad de adquirirla, hacer un curso para su manejo, aprobar pruebas sicológicas, no tener antecedentes judiciales, entre otras condiciones. Pero después de llenar todos estos requisitos, el ciudadano no la puede portar para su propia defensa porque se lo prohíbe un decreto del gobierno. Los delincuentes con armas ilegales campean a sus anchas.

ALFREDO RANGEL