Hacia la consolidación sostenible de la paz

El evento que sirvió de marco a la celebración del primer lustro del ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado entre el Estado colombiano y la insurgencia armada de las Farc-EP, antes que un ritual simbólico, constituyó un hecho de significativa relevancia política, cuya elocuente estética analítica y cultural no pudo ser minimizada por las opiniones detractoras de la ‘parapolítica’ dominante.

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El mayor logro del acuerdo, hasta ahora, ha sido la inserción civil y política de los desmovilizados, la entrega de su arsenal bélico (16/8/17) a observadores de la ONU, la creación del Partido Comunes y la implementación –parcial– del proceso, que garantiza las condiciones y las reglas del juego para materializar la promesa de la reconciliación nacional.

Sin duda, el impacto alcanzado lo fue especialmente por la centralidad de las víctimas y la presencia de respetables figuras y organizaciones de la comunidad internacional que lo calificaron como un ejemplo entre los procesos con modelos de desarme, desmovilización y reincorporación. Por otra parte, las Farc-EP logran su exclusión definitiva del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea y próximamente del listado en los EE. UU.

Tanto la brillante retrospectiva crítica de los intervinientes como la prospectiva de nuevas lógicas hacia escenarios de complejas transiciones imaginarias contribuirán a la legitimación de la voluntad de convivencia democrática y a fortalecer la predisposición positiva que anima a la gran mayoría de compatriotas –víctimas, comunidades organizadas, activistas, militantes– que aspiran a frenar la expansión de la guerra y a construir una paz transformadora y participativa, cuyas características de entendimiento puedan generar las dinámicas apropiadas para que Colombia avance hacia una nueva cultura política con renovadas ciudadanías democráticas y progresistas.

Además, el avance del acuerdo, en el contexto garantista de la Constitución de 1991, ha contribuido a la apropiación colectiva del lenguaje de los derechos, a la formación de una conciencia de legalidad pública sobre la diversidad cultural y étnica, así como a la apertura de alternativas políticas nuevas y democráticas en sus acciones y contenidos ideológicos, que ya se alistan para participar en el proceso electoral presidencial, como la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.

Este proceso de paz ha contribuido a pensar seriamente la justicia social y los deberes del Estado en clave territorial con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (FEDPT), y los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), pese al visible desgano gubernamental.

El análisis histórico del proceso desarrollado en ese evento deja en claro que la convivencia fraterna entre las ciudadanías de un país no puede basarse solo en promesas discursivas, sino en sustanciales proyectos que viabilicen la construcción de un futuro (y, desde luego, un presente) de justicia, libertad y dignidad para todos.

El Estado colombiano, a menudo deficitario en el propósito de reorientar productivamente las demandas sociales, decretó proyectos que no lograron domesticar el negacionismo cultural de las élites. Algunos de estos sectores impidieron el diseño e implementación de las reformas indispensables para asumir gradualmente las demandas de los excluidos y, mucho menos, para incluirlos como agentes activos en las deliberaciones de sus contenidos. En tales circunstancias brotaron inquietantes formas de abuso de poder –la ‘Seguridad democrática’ y los ‘falsos positivos’–, la utilización de recursos públicos –Mintic–, en apoyo a iniciativas particulares que no se ajustan a las expectativas del desarrollo armónico reclamadas por las mayorías.

Los balances de la Jurisdicción (Comisión) Especial para el Esclarecimiento de la Verdad, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) son altamente positivos pese a que han sido boicoteadas por el uribismo desde el plebiscito ("hacerlo trizas"), llegando incluso a desconocer el protocolo regulatorio del acuerdo.

Como quiera que el espectro de la guerra, durante más de cincuenta años, tuvo como signo la exclusión y el marginamiento social, todo el entramado positivo de su implementación no sería suficiente si no se realiza un programa orientado a solucionar los problemas económicos y sociales de los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

Sin el debido aseguramiento de medios para la subsistencia, la salud, la educación y el trabajo, la anhelada paz terminará convirtiéndose en un programa sin contenido.

ALPHER ROJAS C.