Desarme y reintegración

Las Farc han dejado de existir como organización armada. Han cumplido uno a uno los compromisos adquiridos en el ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’. La semana pasada han hecho dejación de la totalidad de las armas individuales que estaban en su poder y han entregado las coordenadas que permiten ubicar y destruir algo más de 900 caletas en las que durante años habían guardado armamento.

Las personas que portaban esas armas han dejado de matar y de exponerse a que los maten en combate. Cada una de las armas que están hoy registradas y guardadas en los contenedores y las que estén en las caletas dejarán de servir para cometer delitos. ¿Puede uno estar descontento con esto?

La dejación de las armas es parte del proceso de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) pactado entre el Estado colombiano y las Farc. Este pacto cumple los requerimientos establecidos, entre otros, en los Estándares Integrados de DDR de Naciones Unidas (IDDRS, 2004) y de la Iniciativa de Estocolmo contenida en el documento SIDDR 2004-2006.

Lo que sigue en este proceso es el desarrollo de diversas actividades complementarias entre sí. Una es que los hombres y mujeres que formaron parte de las Farc deben continuar contando la verdad, toda la verdad, de lo que saben acerca del conflicto armado, de las acciones en las que participaron, de los determinadores o autores intelectuales de los crímenes que ellos y ellas perpetraron. Sus testimonios ayudarán a reconstruir, entender y condenar algunos de los actos más execrables cometidos por uno u otro actor en el marco del conflicto armado que el Estado tuvo con las Farc.

Otra consiste en que los perpetradores reconozcan la dimensión y profundidad de los daños causados con sus acciones bélicas, reciban y cumplan una condena judicial mediante la cual se repare a sus víctimas y se comprometan a no revictimizar a los agredidos ni a cometer nuevos actos ilícitos.

Por último, y como consecuencia de las dos anteriores, se les resolverá la situación jurídica a esas personas que formaron parte de las Farc. Algunas deberán pagar penas privativas de la libertad y luego se reintegrarán como ciudadanos con plenos derechos. Otras pasarán directamente de los campamentos transitorios en los están hoy a la vida civil común y corriente. Todas, ellas y ellos, habrán dejado atrás la guerra.

La ejecución de estas tres actividades debe garantizar, en primer lugar, que las víctimas sepan la verdad y sean beneficiarias de sentencias judiciales en las que se les reconocen los derechos que les violaron y se ordena la reparación correspondiente, y, en segundo término, garantizar condiciones favorables a esas casi siete mil personas que han hecho dejación de las armas para que puedan desarrollar una vida económicamente productiva, socialmente útil y políticamente constructiva.

Si no se les garantizan esas condiciones favorables, aumenta el riesgo de que vuelvan a cometer actos delictivos. Como dice Enzo Nussio, hay seis factores que promueven la reincidencia de los desmovilizados: imposibilidad de generar los ingresos económicos necesarios para el desmovilizado y su familia; alto riesgo de ser víctima de eliminación física; dificultad excesiva para ejercer plenamente sus derechos políticos y sociales; discriminación y segregación social que les impide sentirse parte de la comunidad en la que pretenden asentarse; la debilidad de las instituciones del Estado a nivel local, regional o central, y, por último, la oposición y el saboteo de líderes políticos y formadores de opinión a los acuerdos logrados.

Los acuerdos de La Habana tienen más o menos previsto cómo se pueden enfrentar y disminuir los primeros cinco factores de riesgo planteados por Nussio. Pero pareciera que durante las negociaciones con las Farc nadie previó que hubiera tanta y tan enconada oposición a los acuerdos obtenidos, y quizá por eso no se pactó nada al respecto.

Da la impresión de que el Gobierno ha intentado atraer para su causa a algunos dirigentes de la oposición mediante contratos, nombramientos y otras prebendas. Dichos jefes aceptan los beneficios y continúan con sus actividades en contra de la paz con las Farc, y en contra del proceso de DDR. ¿Por qué?

Porque la desaparición de las Farc como grupo guerrillero erosiona el capital político a quienes lo han construido con base en el odio a esa organización y en la promesa jamás cumplida de destruirla a ella y a sus simpatizantes, y, también, porque la desaparición militar de las Farc deja sin coartada a aquellos jefes e ideólogos de la oposición que se han enriquecido mediante el despojo, la corrupción y la violencia en medio del conflicto armado. No se oponen por maldad, ignorancia ni por bajeza moral. Su oposición no es nada personal, es solo un asunto de negocios. Tal como lo enseñaba Vito Corleone.

Pretenden hacer trizas los acuerdos y obligar a los desmovilizados a regresar a las actividades ilegales. Pretenden regresarnos a la guerra porque en ella crecen su poder político y sus negociados.

El desarme y reintegración de militantes de las Farc serán exitosos si el Gobierno cumple lo pactado y si los excombatientes se mantienen al margen de cualquier acción violenta. Aunque los saboteadores sigan mintiendo.

CÉSAR TORRES