Ocurrencia equivocada

La semana anterior el Gobierno nacional reconoció que la medida de descuento de 50 % del valor del seguro obligatorio Soat para las motocicletas no tuvo el efecto esperado en el incremento de cobertura. Por ese motivo será necesario apropiar recursos adicionales en el presupuesto de 2024 para solventar el hueco generado en este mecanismo de aseguramiento. En medio de esta discusión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sugirió la idea de acabar con el Soat, porque hay muchas irregularidades. La ocurrencia no parece precedida de ningún tipo de análisis técnico. Al final de la semana, el ministro de Transporte, William Camargo, indicó que “sustraer el Soat sería un error, pero sí se debe revisar”.

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Vale la pena ver distintas dimensiones de este difícil tema: gasto desbordado y excesivo impacto económico en nuestra sociedad por incremento de siniestros; el papel del Soat en el cubrimiento de costos totales; la experiencia internacional sobre este tipo de seguros; el problema de no adquisición de los seguros, y los fraudes (estafas) e irregularidades en las reclamaciones del Soat. La salida no es fácil, pero la peor forma de enfrentar el lío no parce salir de algo que funciona, sino mejorarlo. La primera: la gravísima situación de la siniestralidad vial. Los últimos datos publicados (que ya no parecen llamarle la atención a nadie) indican que seguimos muy mal. El único camino aceptable es la reducción de muertes viales, y las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial a agosto de 2023 muestran otro mes de deterioro. Crecemos 3,66 % en fatalidades frente a 2022, que es el peor año en el registro histórico: son 4.416 muertes evitables en 241 días ¡22 personas cada día! Queremos ser potencia mundial de la vida, pero no nos estamos protegiendo de la violencia vial.

El impacto personal en las familias es inmenso. Y los costos económicos de la siniestralidad en el sistema de salud y pensiones son monumentales. Un ejercicio de valoración detallada de los costos de las siniestralidad por el gremio asegurador Fasecolda en 2016 situó el valor total en $ 2,3 billones (https://www.fasecolda.com/cms/wp-content/s/2019/09/costos-de-la-accidentalidad-vial-en-colombia-2018.pdf), incluyendo Soat, la cuenta Ecat del Ministerio de Salud (hoy Adres, para los siniestros viales con vehículos no identificados), las ARL, el régimen contributivo de salud y las pensiones. Proyectado a 2022, el costo anual se estima en más de 3,5 billones en 2022.

Este costo es un valor directo transaccional y no incluye otros costos ni impactos en las familias, que involucra, por ejemplo, la pérdida de ingreso por muerte o invalidez, entre otros. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2013 situaba el costo económico de la siniestralidad en Colombia entre 0,9 % y 4,2 % del PIB (la variación dependiendo de la metodología de valoración, que siempre será difícil si se trata de la vida y la enfermedad). Estos valores son del orden de US$ 470.000 y US$ 2,18 millones por persona fallecida, lo que equivale a $ 22 a $ 103 billones en el año 2022. Cifras gigantescas que reflejan lo que significa la muerte prematura y la discapacidad permanente, pero que preferimos ignorar.

El Soat cubre parcialmente los costos directos. En 2016 representaba el 59 % de los costos totales de la siniestralidad en salud y pensiones. Es una herramienta, que, si bien tiene fallas, hace posible atender a muchas personas y a sus familias de forma oportuna. La evidencia internacional muestra que el costo para el sistema de salud es mayor para países sin seguros obligatorios que con este instrumento (Ver: https://movernosseguros.org/paises-sin-seguro-obligatorio-para-accidentes-viales-gastan-mas-de-propios-presupuestos/). Eliminar el Soat nos puede salir caro, como lo indicó la experta en seguridad vial Hilda María Gómez la semana pasada.

Ahora bien, el Soat tiene dos huecos que hay que tapar. Por una parte, un alto nivel de no pago; por otra, fraude al sistema de aseguramiento. Según un cálculo de Fasecolda (retomado por la revista Motor), el 47% de los vehículos registrados en el Runt no tienen Soat; en el caso de las motos, este valor crece a 78 %. No todos los vehículos registrados en el Runt circulan (hay vehículos en patios, destruidos y abandonados que no se han sacado del registro Runt. Pero los valores de hueco son altos. Bajar la tarifa no incentiva la compra, porque para quien paga cero, cualquier valor, así sea descontado, es un costo de bolsillo. Sin control, el no pago seguirá creciendo, especialmente en tiempos de dificultades económicas para las familias.

A esto se suma el rollo de cobros indebidos, que el Sr. presidente Petro atribuyó a mafias que desangran nuestro sistema de salud. Según Fasecolda, el fraude (realmente estafa) podía estimarse en 33,5 % en 2012 (cálculo indirecto, ver https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article//351/346/). El control de estos delitos también es un problema de investigaciones judiciales y de sanciones. No un problema intrínseco del mecanismo de aseguramiento, ni un motivo para acabar el Soat.

En resumen, este grave problema se enfrenta tomando todas las acciones que tengamos a mano para reducir la siniestralidad, especialmente el control de velocidad (el control es un mecanismo efectivo de protección); controlando que los propietarios estemos al día con nuestra obligación de portar Soat vigente, y controlando las estafas e irregularidades. La ocurrencia de eliminar el Soat no nos ayuda; corregir los problemas como insinúa el ministro de Transporte Camargo, sí.

DARÍO HIDALGO