¿Qué hacemos con Uber?

En días recientes, el Tribunal istrativo de Cundinamarca aceptó la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte en contra de Uber Colombia S. A. S., la cual incluye una solicitud de medidas cautelares para bloquear inmediatamente a la aplicación electrónica que lleva similar nombre. De esta forma, si bien se tiene una perspectiva distinta desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), el Gobierno Nacional deja clara su postura a este respecto: la solución del desafío asociado con Uber es decretar su ilegalidad y prohibir su utilización.

En mi columna previa (EL TIEMPO, 21 de marzo del 2017) discutí que los diferentes actores involucrados en este tema se han equivocado en sus aproximaciones: los propietarios de taxis por oponerse con violencia a un cambio inevitable en su entorno de mercado, la empresa Uber en su táctica de entrar a la fuerza e irrespetando normas vigentes, y el Gobierno Nacional por no intervenir en la búsqueda de una solución efectiva. Esto último ya no es el caso. La Rama Ejecutiva del Estado decidió su intervención, siendo esta la más desafortunada de las alternativas posibles y en un contexto en el que el ordenamiento del transporte se caracteriza por reglamentación inocua y obsoleta, que ignora nuestra realidad económica y tecnológica.

Tal como se ha logrado en incontables ciudades de todo el planeta, Uber no debe prohibirse. Lo que debe hacerse es reglamentar el servicio de manera apropiada, buscando mecanismos para resolver las distorsiones que genera esta nueva forma de movilizarse, en particular aquellas asociadas con impuestos y tarifas, así como con el valor de los cupos que los dueños de taxis han pagado en tiempos recientes.

Uno de los primeros pasos por seguir es poner en marcha instrumentos que protejan a los propietarios y conductores de taxis, de tal suerte que puedan competir de manera justa en el nuevo entorno u optar por migrar hacia nuevos sectores sin perder las inversiones que hicieron para formar parte del servicio de transporte púbico individual. Esto se puede lograr imitando lo hecho en Australia y otros lugares del mundo, por medio del establecimiento de fondos istrados por autoridades locales que se alimentan de una sobretasa (digamos 1.000 pesos) que se cobre a cada viaje realizado en Uber. Con esos recursos, bajo una periodicidad definida (v. g., una vez al año), se llevan a cabo subastas reversas voluntarias para comprarles a los taxis (por una fracción del precio según la dinámica de dicho mecanismo) los cupos que pagaron al Estado.

Lo anterior, combinado con un esquema de libre competencia, delimitando de manera cuidadosa sus campos de aplicación. Esto significa que toda persona natural o jurídica que cumpla ciertos requisitos mínimos (controlados vía elementos regulatorios) puede formar parte del negocio, otorgando al mismo tiempo una exclusividad a los taxis para servicios específicos como el manejo de terminales terrestres y aéreas, y la opción de recoger s en las calles.

En lugar de oponerse a las nuevas tendencias internacionales (que seguirán llegando por el propio peso del desarrollo digital), el Ministerio de Transporte podría concentrarse en el diseño y la gestión de paquetes legislativos y regulatorios para garantizar que los servicios de transporte en el país correspondan a características de formalidad (incluyendo bancarización y pago de impuestos), calidad, seguridad y precios justos. Aquí, su objetivo central debería ser la búsqueda de conectividad y transparencia entre s y prestadores.

Corolario: todo mi respaldo a la posición del Mintic en este debate. Colombia quedará en el peor de los vecindarios si nos dejamos incluir en el grupo de naciones que vetan el uso de redes digitales. Que siga firme en su propósito de fomentar el a la información y la libre empresa.

EDUARDO BEHRENTZ