Regulación como último recurso

Para que una nueva regulación de carácter económico sea aprobada, se necesita eliminar una vigente. Este uno-a-uno legal (en el que la norma entrante no puede ser más costosa que la saliente) existe en el Reino Unido desde hace cerca de 15 años. El éxito de tal iniciativa, que ha inspirado versiones similares en Australia, Estados Unidos y Canadá ha llevado a su rápida expansión, siendo hoy la regla el uno-a-tres. Este enfoque ha logrado ahorros por decenas de billones de euros para el sector productivo británico, así como evitado el desperdicio de cientos de miles de horas-hombre al año que se dedicaban a la gestión y cumplimiento de la inflación regulatoria (también llamada “cinta roja” - red tape regulation).

Este antecedente internacional es relevante para el caso colombiano. Hoy en día existen más de 10.000 leyes vigentes y se tramitan, en promedio, cerca de dos reformas constitucionales al año (mientras en Estados Unidos se han hecho una veintena en más de 200 años). Adicionalmente, según el Departamento Nacional de Planeación, nuestro Estado genera 15 normas nuevas cada día (incluyendo decretos, resoluciones y actos istrativos). ¡Quince!

Esta inflación normativa contrasta con la buena práctica internacional (p.e., una reforma constitucional en Dinamarca requiere la aprobación por parte de dos términos consecutivos del parlamento y la refrendación popular) y es responsable del actual galimatías de requerimientos legales anacrónicos y contradictorios entre sí, que resultan nocivos para la inversión privada. Un ejemplo famoso de reglas macondianas es el Artículo 696 del Código Civil, el cual insólitamente determina a quién corresponde la propiedad de las abejas que han huido de sus panales.

El afán de regularlo todo mediante intervenciones carentes de visión integral es parte de nuestra cultura estatal y se articula sinérgicamente con el complejo de adán de la clase dirigente. Es práctica común que los cambios de gobierno, tanto a nivel local como nacional, vengan acompañados de intenciones de “limpiar la casa” por medio de reformas al modelo de operación del Estado, precisamente a través de nuevas iniciativas legislativas y normativas. Este efecto sucesivo y acumulativo es el instrumento maestro de la limitada continuidad en las políticas oficiales y es corresponsable de la debilidad institucional de los entes públicos.

Qué bueno sería que este tipo de análisis fuese parte de las discusiones y comisiones de empalme que actualmente cursan su trámite. Qué bueno sería que las preguntas del gobierno entrante al saliente fueran del tipo: ¿Cuál cree que es el legado más importante a mantener y fortalecer? ¿Qué enseñanzas le deja su paso por este gabinete? ¿Cómo mejoramos lo que ustedes hicieron? ¿En dónde debemos enfocar las energías para hacer los ajustes en los programas que no salieron bien?

Y qué bueno sería que el lema del nuevo gobierno sea aplicar bien lo que ya existe en lugar de reformar, y que fundamente su actuar en el principio británico de “menos regulación, mejor regulación y regulación solo como último recurso”. Que no lleguen a reinventarse la rueda ni el país, que no lleguen a cambiar por cambiar o porque fueron iniciativas de quienes los precedieron en el poder. Que no lleguen con la desconfianza en lo anterior como su premisa de operación.

Entendiendo que el proyecto político de los nuevos residentes de la Casa de Nariño representa un mandato de cambio dado por los colombianos que le votaron, y reconociendo que existen incontables desafíos y cosas que debemos hacer mejor, ojalá no se olvide que ignorar el principio de construir sobre lo construido es una miope necedad, así como la mejor garantía de inefectividad en el ejercicio del poder público.

EDUARDO BEHRENTZ