El soberano y carísimo regalo de Colombia para Panamá

Mientras el presidente Trump hace ruido sobre los cobros que hace Panamá por pasar por su canal, el presidente Petro reacciona y dice: "Hasta las últimas consecuencias estaré del lado de Panamá y la defensa de su soberanía".

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Debería el mandatario colombiano estar primero del lado de la soberanía de nuestro país ante Panamá. Veamos, hoy el país hermano ejerce plena soberanía sobre el espacio aéreo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cada avión comercial, militar o privado que pase por encima de los 18.000 pies de altura, paga un "peaje" por control de tránsito aéreo y navegación. Esos derechos de paso representan aproximadamente 28 millones de dólares al año que recibe desde hace décadas el Centro de Control de Tránsito Aéreo Tocumen. Este es un canal aéreo, por el que cobra Panamá, que no es de su propiedad.

El Gobierno colombiano "espabiló" apenas en 2003 y la Aeronáutica Civil presentó una solicitud, a través de varios canales, para ejercer soberanía sobre el espacio aéreo del Caribe colombiano. Si hacemos cuentas de los ingresos que ha perdido el país a partir de esa fecha, son aproximadamente 588 millones de dólares. Más allá de lo financiero, el costo para el interés nacional de no ejercer soberanía en el espacio aéreo del Caribe, y el Archipiélago, es incalculable. ¿Por qué Colombia, pese a que cuenta con la infraestructura exigida por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), no ejerce soberanía sobre su propio espacio aéreo?

Nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un punto estratégico y geopolítico en el Caribe. Su ubicación lo convierte en una puerta de entrada a América del Sur y un espacio crítico para las rutas comerciales y militares. Esta región es clave para las operaciones navales y aéreas, ya que permite la vigilancia y el control en una vasta área y la proyección de poder y la defensa del territorio en situaciones de conflicto. Las islas son estratégicas para el despliegue rápido de tropas y equipos, así como para la intercepción de amenazas potenciales. Además, la presencia militar en el archipiélago contribuye a la estabilidad y seguridad de la región, disuadiendo actividades ilícitas como el tráfico de drogas.

Durante muchas décadas, Colombia no contó con la infraestructura adecuada para controlar y gestionar el tráfico aéreo en este punto. Esta situación llevó a que otros países, Estados Unidos desde el convenio de Chicago (1944) y luego de la devolución del canal (Tratado Torrijos-Carter 1977) Panamá, asumieran ese rol. Hoy Colombia cuenta con las capacidades de comunicación, navegación, vigilancia, coordinación y control para reasumir la soberanía del espacio aéreo colombiano sobre el territorio continental e insular.

Panamá ha sido un actor clave en la aviación comercial y militar de la zona. Su posición como hub internacional, facilitada por el canal de Panamá, le permitió desarrollar una infraestructura robusta y avanzada para el control del tráfico aéreo. El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Panamá es uno de los más modernos y eficientes de América Latina, y esto le ha permitido ofrecer sus servicios no solo en su propio espacio aéreo, sino también en regiones ajenas al suyo como San Andrés.

La capacidad de Panamá para gestionar este espacio aéreo de manera efectiva y segura ha sido un factor decisivo para que muchos países y operadores aeronáuticos aceptaran sus servicios. Este control incluye la provisión de servicios de navegación aérea, gestión de rutas, control de tráfico en altitudes superiores a 18,000 pies y coordinación con otros centros de control en el continente americano y más allá.

La razón principal por la que Panamá cobra por estos servicios es, en última instancia, económica. La gestión del tráfico aéreo es un servicio costoso que requiere una inversión significativa en infraestructura, tecnología y personal capacitado. Los ingresos generados por estos servicios ayudan a mantener y mejorar las capacidades del Centro de Control Panameño, a merced de la posibilidad de que Colombia desarrolle su propia infraestructura y capacidad.

Para los operadores aeronáuticos, el pago de estos servicios es una práctica común y aceptada internacionalmente. La seguridad y la eficiencia en la gestión del tráfico aéreo son primordiales, y los operadores están dispuestos a pagar por un servicio que garantice estas condiciones. Así, Panamá ha convertido este servicio en una fuente importante de ingresos, que además refuerza su posición estratégica en la región.

Colombia, representada por sucesivos gobiernos, hasta hoy, ha renunciado a defender con visión estratégica su interés nacional en el Caribe. Esto se refleja en un desarrollo más lento en términos de infraestructura aérea para una zona vital para el país. Aunque en los últimos años hubo avances significativos, la realidad es que, durante mucho tiempo, Colombia no contó con los recursos necesarios para gestionar eficazmente su espacio aéreo. Un vacío llenado por Panamá, que nos creó una dependencia que no hemos sido capaces de romper.

Colombia ha realizado esfuerzos importantes para mejorar su infraestructura aérea y recuperar el control total sobre su espacio aéreo en San Andrés. La instalación de nuevos radares y sistemas de comunicación, así como la capacitación de personal especializado, son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, estos avances aún no han sido suficientes para asumir el control completo del espacio aéreo sobre los 18,000 pies. ¿Qué falta?

Un factor clave en este proceso es la cooperación internacional y la coordinación con otros países y organismos, como la Oaci. Contamos con la importantísima ventaja de que nuestro compatriota Juan Carlos Salazar ocupa, desde el 1.° de agosto de 2021, la secretaría general de dicha organización. Además, fue reelegido para un nuevo periodo de tres años el 11 de marzo de 2024.

La recuperación de la soberanía aérea no solo depende de tener la infraestructura adecuada, sino también de cumplir con los estándares y regulaciones internacionales que garanticen la seguridad y eficiencia del tráfico aéreo.

En esencia, recuperar la soberanía sobre el espacio aéreo del archipiélago depende de capacidades, recursos, diplomacia bilateral, multilateral y mucha voluntad política. Panamá, con su infraestructura avanzada y su posición estratégica, ha podido ofrecer este servicio y capitalizarlo económica y estratégicamente.

Colombia no puede seguir dándose el lujo de regalar su soberanía, renunciar a su interés nacional y a cuantiosos recursos financieros. El presidente Petro debería enfocarse en este propósito: recuperar el espacio aéreo en el Caribe y San Andrés. A corto plazo, el Gobierno debe mantener la inversión en infraestructura aérea, buscar la cooperación internacional y redoblar los esfuerzos diplomáticos. A mediano plazo, es la oportunidad de consolidar nuestra posición estratégica y económica en el Caribe.

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