En educación, ¿la descentralización para qué?

La educación en Colombia es una promesa sin cumplir. Aunque en la Constitución de 1991 se estableciese la educación como un derecho fundamental, la noción de servicio ha dominado: el Estado central no ha respondido fielmente a los problemas estructurales derivados de la desinversión estructural, detonando brechas de , calidad, permanencia y pertinencia entre zonas urbanas y rurales, lo cual evidencia un sistema que requiere inaplazablemente transformaciones profundas.

Cuando se habla de derecho, la responsabilidad del Estado es garantizarlo y ofertarlo. Por otro lado, cuando el derecho es convertido en servicio bajo la lógica mercantil, la provisión se disputa bajo la competencia de mercado (tanto entre instituciones educativas como entre estudiantes). De aquí que no existan incentivos para que instituciones privadas oferten en zonas rurales, donde las cifras confirman que el 98,5 % de las instituciones educativas son públicas, es decir, el Estado garantizando el derecho desde su oferta.

El gasto social y la garantía de derechos siempre han sido los parias de la austeridad fiscal. Como muestra de esto, las lamentables reformas sobre el sistema de transferencias realizadas en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe llevaron a un estancamiento de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para el financiamiento de derechos sociales en municipios y departamentos, lo cual representó un duro golpe presupuestal para los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

La calidad de la educación está íntimamente relacionada con las condiciones económicas, sociales y familiares de los niños, jóvenes y educadores. Actualmente el 55 % de los colegios públicos no tienen abastecimiento de agua potable, ¿esto no obstaculiza la garantía integral del derecho? La permanencia y la transición inmediata de los niños y jóvenes en todos los niveles de educación se deben asegurar en diálogo con todos los sectores de la política social.

El debate sobre educación debe redundar sobre los recursos destinados a abordar las necesidades reales de los territorios. En este sentido, se busca aumentar el ingreso corriente de la nación (ICN) destinado al SGP, teniendo en cuenta que las demandas en educación crecen de manera más acelerada que las transferencias, imposibilitando la cobertura, calidad y pertinencia equitativas, toda vez que la actual distribución de los recursos ha exacerbado brechas, descuidando particularmente las zonas rurales y los sectores populares en las grandes urbes.

Sin embargo, las transformaciones no pueden limitarse a los recursos. Las entidades territoriales necesitan mayor autonomía sobre la distribución de recursos en sus contextos específicos y adaptar las inversiones educativas a las necesidades particulares de sus comunidades. Una verdadera descentralización permite que los territorios diseñen estrategias que reconozcan su diversidad cultural, geográfica y social. La implementación de un esquema distributivo más equitativo busca corregir estas fallas estructurales, otorgando a los territorios y sus comunidades mayores competencias y autonomía institucional para la gestión de recursos, garantizando que las zonas donde las tasas de deserción escolar y analfabetismo son más altas reciban los medios para el cierre de brechas.

Para garantizar el derecho a la educación, como base del desarrollo de cualquier sociedad, desde el Gobierno central debemos romper con el paradigma de la austeridad selectiva que termina desconociendo el gasto social. En Colombia, marcada por profundas desigualdades y conflictos históricos, invertir en educación no solo es una obligación moral, sino también una estrategia esencial para construir paz y equidad. La reforma del SGP es una oportunidad única para avanzar en esta dirección, y su éxito dependerá de la voluntad y movilización colectiva de reconocer que el futuro del país se juega, en gran medida, en las aulas. No podemos seguir postergando esta deuda histórica.

DANIEL ROJAS MEDELLÍN

Ministro de Educación