Evitar la consulta tramposa

Ni el Senado de la República ni el país pueden caer en la trampa populista que representa la caprichosa consulta popular de Petro. El Senado debe rechazarla por inútil, por inconveniente y por tramposa. El país no puede aceptar el chantaje de que, cuando al gobernante de turno no le gusta una decisión del Congreso, entonces convoca una consulta popular. Eso nos pondría a las puertas de un régimen plebiscitario, que es otra máscara más de las dictaduras iliberales, o sea, aquellas que realizan elecciones, pero donde los poderes públicos están sometidos a la arbitrariedad del gobernante.

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A no ser que cambiemos las reglas del juego y constitucionalmente dejemos claramente establecido que, cuando un gobierno pierde una consulta popular, eso significa que ha perdido el apoyo del pueblo y, en consecuencia, es ilegítimo; razón por la cual debe renunciar y convocarse nuevas elecciones, en las que, obviamente, no podría participar como candidato el gobernante recién defenestrado.

Como no siempre tenía las mayorías necesarias en el Parlamento, el general De Gaulle en Francia gobernó a punta de plebiscitos y los ganó todos, excepto el último. Cuando perdió esa postrera consulta, De Gaulle renunció y se retiró de la vida pública. Más recientemente, en Inglaterra, el primer ministro David Cameron renunció cuando perdió la consulta popular sobre el Brexit, y eso significó el fin de su carrera política. En Italia, el primer ministro Mateo Renzi perdió un referendo sobre reformas constitucionales, y eso ocasionó su renuncia y el fin de su protagonismo político. Eso es lo normal y es lo decente. Pero en nuestro medio no deberíamos dejar que un gobernante convoque una consulta popular y la pierda, y se quede tan orondo en el poder como si no hubiera pasado nada, como si el repudio popular a sus políticas no significara, obviamente, un repudio a su gobierno.

Aquí entonces la pregunta es si Petro estaría dispuesto a irse del Gobierno si pierde la tramposa consulta que pretende convocar, si empeña su palabra en que lo va a hacer —dado que legalmente nada lo obliga a hacerlo—, y si creemos en su palabra empeñada. Yo creo que Petro no se va a arriesgar a comprometerse a renunciar si pierde una consulta que de entrada ya puede darse por perdida; pero, aún si lo hiciera, no deberíamos ser tan tontos de creer en la palabra de un personaje tan mentiroso, mitómano y egocéntrico.

Entonces, no tendríamos por qué embarcarnos en una consulta que no va para ninguna parte, que tendrá un efecto nulo en las políticas públicas, solamente para satisfacer el capricho de un gobernante. Capricho que no es en absoluto desinteresado. Porque a Petro, más que la consulta en sí misma, lo que le interesa es el proceso de la consulta; más que el resultado, es el escenario; más que las reformas, es el show; más que los cambios, es su campaña electoral. Porque Petro no es un gobernante ni un estadista; él es un agitador profesional, y siempre lo ha sido.

Si el Senado aprueba la realización de la consulta, el único que gana es Petro y su campaña de reelección en cuerpo ajeno. Además, será una cortina de humo para esconder la criminal crisis de salud que ha provocado el propio Gobierno, así como la crisis de seguridad, la crisis energética, la crisis fiscal y todos los problemas que ha agravado este desgobierno. Nada va a ganar la democracia ni el país con la pérdida de tiempo y el despilfarro de recursos públicos que ocasionará la consulta.

Las reformas de Petro se han discutido hasta la saciedad en el Congreso, en los medios, en los gremios, en los partidos políticos, en la sociedad civil; el resultado es que las votaciones en el Congreso de los representantes legítimamente elegidos por el pueblo y las encuestas de opinión ratifican que el país está en contra de esas reformas por inconvenientes y dañinas. Destinemos más bien los 800.000 millones de pesos que costaría esa consulta para suministrarle los medicamentos a los miles de colombianos pobres que padecen enfermedades graves y que hoy la crisis inducida al sistema de salud les niega y los pone al borde de la muerte, ante la indolencia criminal del Gobierno.