Una justicia sin dignidad

La captura del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico y uso abusivo de información privilegiada es uno de los actos más vergonzosos en la historia de Colombia. Jamás había sido capturado un expresidente de la Corte Suprema de Justicia en nuestro trasegar republicano. Pasará a la historia.

El gran debate que ha marcado este episodio bochornoso que involucra a un magistrado de la Corte Suprema en ejercicio Gustavo Malo y a otro ex presidente del mismo tribunal, José Leonidas Bustos y a una red de personas quepresuntamente defraudaron la justicia, no puede estar atado simplemente a la necesidad de adelantar una reforma a la justicia o al estudio de un mecanismo para ponerla en funcionamiento.

El verdadero meollo, en un primer momento, es que exista pronta justicia sin esguinces contra quienes están investigados de cometer esas tropelías. En ese caso, la exigencia que se le hace a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debe ser inmediata para proceder a investigar y acusar a los ex magistrados con fuero. Frente a Ricaurte, la Fiscalía debe ser rápida y muy seria en el proceso por la complejidad del caso y del personaje. Todo este entramado merece una sanción ejemplar porque la mácula dejada en la Corte Suprema de Justicia es catastrófica.

Ahora bien, planteado este primer tópico, debe rechazarse las últimas salidas esbozadas por el Procurador General de la Nación para resolver la crisis en la justicia. Sacada del sombrero, luego de una reforma fallida a la justicia y de una descuadernada reforma de equilibrio de poderes, un referendo a estas horas del gobierno, suena más a una propuesta sin sentido ni político, ni jurídico que a un camino constitucional posible.

La propuesta no tiene sentido político porque el gobierno no tiene tiempo para concitar un gran acuerdo nacional. Además, el momento de crispación electoral que se vive es particular por la recta final de la carrera a la presidencia y porque los parlamentarios se encuentran en la última etapa de su periodo legislativo en donde más que concentrarse en su función, se encuentran en campañas y en definiciones políticas.

En cuanto a lo jurídico el camino no es viable porque la ley del referendo tendrá un camino torticero en la Corte Constitucional que ha convertido “la teoría de la sustitución” en una herramienta para dotar de una rigidez irrazonable la carta de 1991. No hay sido recordar, la malhadada sentencia C-373 de 2016 que declaró inexequibles varias normas del Acto legislativo No. 2 de 2015 que establecía un Tribunal de Aforados para destrabar la investigación y juzgamiento que se ha estancado históricamente en la Comisión de Acusaciones. En ese caso, la Corte consideró que no era isible remover magistrados porque deben estar protegidos por el tiempo en que dura su nombramiento, tampoco deben ser investigados y sancionados con fundamento solo en valoraciones jurídicas, “sino también aquellas relativas a la estabilidad institucional, al bien común o a la conveniencia”. Sin comentarios.

La alternativa que le queda al país es que un nuevo gobierno convoque una Asamblea Nacional Constituyente sobre varios aspectos, entre ellos la justicia. Reformas mayores no pasarán en la Corte Constitucional y la complejidad del sistema tendrá que ser analizado porque el vínculo entre gobierno y Congreso con la justicia nunca había quedado en evidencia como hasta ahora con la Constitución de 1991.

La carta de ese año al crear el Consejo Superior de la Judicatura y constituirse en dador de listas para cubrir las vacantes de magistrados, desquiciaron el sistema de cooptación que con éxito y sin injerencias estableció la normatividad constitucional de 1958 a 1991.

En fin, una temporada muy lánguida para la justicia colombiana que alimenta el desazón y atonía ciudadana con la justicia. Acá no han entendido, que cuando el rio suena, piedras lleva.

FRANCISCO BARBOSA

Doctor en Derecho Público, Universidad de Nantes, Francia. Abogado. Docente- investigador de la Universidad Externado de Colombia.