La legitimidad, arma letal

Alfonso López Michelsen sostenía que el conflicto interno de Colombia ponía en riesgo al Estado no por la fortaleza o capacidad de los terroristas o guerrilleros, sino porque la lucha contra estos se conducía sin legitimidad, sin los principios que le permiten a una democracia defenderse dentro del marco de lo aceptable para la comunidad internacional. López patrocinó la adopción y aplicación del derecho internacional humanitario y los protocolos respectivos como el marco correcto para la conducción de la guerra.

Esa idea fue rechazada por muchos años por cuanto en algunos círculos militares y en la derecha colombiana se consideraba un despropósito, una concesión que debilitaría la Fuerza Pública y dejaría expuestos e inermes a los soldados de la patria. Esa reticencia en aceptar el derecho internacional humanitario como el marco bajo el cual conducir las operaciones militares fue un error inmenso. Un Estado que conduce una guerra interna con los mismos métodos, prácticas y valores de su contrincante está finalmente colocándose en el mismo espacio político y jurídico de su enemigo.

La adopción por parte de la Fuerza Pública de los mandatos del derecho internacional humanitario y de las políticas de educación y prevención en materia de derechos humanos, que ocurrió definitivamente con la adopción de la Constitución de 1991, cambió la ecuación de la legitimidad. Durante mucho tiempo los grupos insurgentes lograron presentar a Colombia, ante la comunidad internacional, bajo la óptica de un régimen opresor y violento. Esa percepción tuvo consecuencias serias en materia del respaldo global a los esfuerzos de nuestra democracia para enfrentar a la guerrilla. El estigma que con eficacia construyeron los “cancilleres” de la guerrilla debilitó no solo políticamente al Estado, también impactó adversamente su capacidad de a tecnologías y herramientas de combate, indispensables para la victoria militar.

El cambio que produjo el compromiso con el derecho internacional humanitario y la adopción de un régimen más estricto en la protección de los derechos humanos tuvo efectos importantes en el debilitamiento de la guerrilla. De una parte, su estatus de víctimas y perseguidos, protegidos por la comunidad internacional, es decir, su legitimidad como alzados en armas, se diluyó sensiblemente. De otra, ese compromiso permitió que otros países contribuyeran a mejorar la eficacia operacional de la Fuerza Pública, sin remordimientos, con menos condicionalidades y con más alcance y vigor. Colombia había ganado la batalla por la legitimidad en esa lucha.

Los acuerdos de paz fueron posibles, sin duda, por los avances significativos en el terreno militar. Sin embargo, dicho proceso no hubiera sido posible si no se gana la batalla por la legitimidad. Para doblegar a las Farc fue tan importante cercarlos territorialmente como fue quitarles su justificación política. Desafortunadamente, mantener el rigor y la convicción en la trascendencia de operar militarmente dentro del DIH no es fácil. El fragor del combate y el elíxir de la victoria, para los militares y sus superiores políticos, es embriagante.

De allí que se requiera un ministro de Defensa que no sea simplemente un porrista que saca los pompones cada vez que hay que camuflar los errores cometidos. El liderazgo de la autoridad civil es, ante todo, para garantizar que la Fuerza Pública actúe dentro de la ley. Y los militares no deben olvidar que la legitimidad frente a la sociedad y la comunidad internacional es un arma mucho más letal que las bombas racimo.

Dictum. “La transformación territorial que llegaría con la plena implementación de los acuerdos de paz… es la salida más prometedora y sostenible al problema de los cultivos ilícitos”. Embajada de EE. UU. (EL TIEMPO, 4/14/2021)

GABRIEL SILVA LUJÁN