¿‘Modus operandi’?

Me consta que al ministro de Defensa nacional le es imposible responder por el comportamiento individual de cada uno de los de la Fuerza Pública. Bajo su mando se desempeñan cerca de medio millón de personas que constituyen el complejo aparato de la seguridad nacional. Además, no siempre la obediencia y el acatamiento a las directrices ministeriales son el comportamiento escogido por sus subalternos, usualmente por falta de liderazgo o de profesionalismo de quien los conduce.

Aun así, al ministro siempre le corresponde la tarea de garantizar que las violaciones de los derechos humanos, los actos criminales, la desobediencia malintencionada y los abusos de poder de aquellos a quienes la sociedad les ha entregado la misión de proteger la vida y los derechos de los ciudadanos sean severamente castigados. Más importante aún, el ministro tiene la responsabilidad de demostrar autoridad y mando para impedir que grupos dentro de esta compleja organización caigan en el uso excesivo de la fuerza, o en el abuso de las herramientas de inteligencia.

Si la Fuerza Pública no tiene el absoluto convencimiento de que el ‘mando político’ no tolerará que emerjan comportamientos delictivos sistemáticos o que el ministro impedirá a toda costa que los esguinces a la ley se conviertan en un patrón persistente, es casi inevitable que esto ocurra. Cuando se reciben señales sin la severidad suficiente o mensajes cruzados del contexto político, la consolidación de un ‘modus operandi’ alternativo a lo establecido en la ley, los protocolos y las directrices es prácticamente ineludible. Eso se ha demostrado en Colombia y otros países en conflicto.

No le queda fácil al ministro Holmes Trujillo, que como demócrata debe tener las mejores intenciones de impedir abusos, lograr que le obedezcan cuando en el corazón y la conciencia operacional de una porción minoritaria pero recalcitrante de la fuerza armada el ‘jefe’ no es precisamente él. El Centro Democrático –que se ha dedicado a politizar la Fuerza Pública y a cooptar mandos– envía reiteradamente señales de apoyo a un ‘modus operandi’ inspirado en su ideología patriotera, nacionalista y contrainsurgente; precisamente, las ideas que justificaron los ‘falsos positivos’ y las chuzadas en el pasado. Eso explica por qué en este gobierno se intentó relanzar la política de “resultados operacionales”, cuando el ministro era Guillermo Botero, y ahora, los seguimientos ilegales a periodistas y líderes de opinión.

Además de observar vigilantes las actitudes del ministro de turno, los militares no le quitan el ojo a la importancia que les asigne Estados Unidos (del que tienen una gran dependencia doctrinaria, tecnológica y financiera) a la protección de los derechos humanos y el respeto a los líderes sociales y los periodistas. Varios analistas destacan la coincidencia de las recientes conductas violatorias de los derechos ciudadanos y las libertades públicas en Colombia con la llegada de Trump. En estos tiempos, el papel fiscalizador que tenía EE. UU. sobre la conducta de los militares colombianos, rol que ejerció de manera intensa en el pasado, prácticamente ha desaparecido. Si Trump no respeta a los medios en su país, le tiene que importar un pepino lo que pase con los derechos humanos y la libertad de prensa por estas tierras. Eso les da a algunos oficiales la sensación de que tienen las manos libres.

En esta época de ascenso del poder del Estado, cuando la vigilancia del individuo y el autoritarismo florecen bajo la excusa del combate al coronavirus, hay que ser particularmente recelosos para que ese puñado de oficiales y políticos con ínfulas dictatoriales no se escuden impunemente en la emergencia colectiva para impulsar una agenda autoritaria.

‘Dictum’. Mientras que ministros le hacen conejo a la cuarentena, a la alcaldesa y su pareja las masacran...

GABRIEL SILVA LUJÁN