Camino para recuperar los derechos de los trabajadores

Desde el 24 de octubre de 2022, cuando en la Comisión de Concertación acordamos conformar las subcomisiones para la reforma laboral y pensional, el mensaje fue: construir en la diferencia entre empresarios, representantes de las y los trabajadores y Gobierno, reformas sociales que radicamos con el presidente Gustavo Petro el 16 y el 22 de marzo ante el Congreso de la República.

Nos encontramos en más de 150 ocasiones con los integrantes de las subcomisiones y expertos, recibimos 3.000 propuestas desde los territorios, que tuvimos en cuenta para los proyectos: ‘Cambio por la vejez’ y ‘Trabajo por el cambio’.

Es dolorosa la desinformación que se ha creado en torno a las iniciativas, pero nos anima a seguir en el debate callejero, territorial, académico y jurídico. Del proyecto ‘Trabajo por el cambio’, distintos sectores empresariales han dicho que de aprobarse acabaría con el empleo, recortaría las nóminas o sepultaría el emprendimiento.

Y más sorprende que la procuradora general, Margarita Cabello, asegure que el proyecto es un “pliego sindical”. Con mentiras están intentando sembrar pánico entre los trabajadores, pero no lo están logrando y por eso arrecian ahora los ataques a mí como ministra o a los viceministros. No cedan al chantaje ni se dejen guiar por el miedo, desde nuestras redes sociales, medios de comunicación y foros estaremos aclarando las preguntas sobre las reformas del Cambio.

La reforma laboral busca garantizar mayor estabilidad en el trabajo, formalizar empleos, extender el derecho a la seguridad social y la contratación a término indefinido, pagando recargos nocturnos, dominicales y festivos justos, reduciendo la jornada para lograr una vida más digna para millones de personas, impulsando el consumo familiar y la productividad.

Quiere ser una política para inyectarle recursos a la economía a través de la mejora de los ingresos a las familias. La sociedad, la economía y la empresa debemos devolverles a las y los trabajadores los derechos e ingresos recortados por la Ley 789 de 2002, que incumplió su promesa de generar empleo y no contribuyó a reducir el enorme déficit de trabajo digno que padecen los colombianos.

El gobierno de la ‘Mano firme y el corazón grande logró en 2002 en el Congreso el recorte de derechos laborales, prometiendo la generación de 710.000 empleos que nunca llegaron, y tras dos años de vigencia de la ley solo se crearon 200.000.

Tras estos resultados, sentencias de la Corte Constitucional la calificaron como “ley regresiva”. El procurador de la época, Edgardo Maya, afirmó respecto a la Ley 789: “En el cuatrienio 2003-2006, a decir del Gobierno, se generarían 710.000 empleos como resultado de la reforma laboral; según la Contraloría General y el Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social 2003, tan solo se generaron entre 160.000 y 200.000. En cuanto al clima laboral, una encuesta realizada por Acrip pone en evidencia que este se ha visto seriamente afectado y así lo manifestó el 99 % de los encuestados”.

Nuestro proyecto de reforma al convertirse en ley sacará de la informalidad a cerca de 100.000 trabajadores de las plataformas digitales. Con la creación del jornal agropecuario se beneficiarían 1,6 millones de campesinos que nunca han podido ingresar a la seguridad social; 600.000 trabajadoras (es) domésticos tendrán una herramienta para salir de la precarización y 190.000 aprendices del Sena tendrán contratos laborales.

El componente sindical busca proteger la condición de asociado, extender la negociación colectiva, modernizar y democratizar el marco jurídico sindical conforme a estándares y compromisos internacionales.

El recorte de derechos está probado que no genera puestos de trabajo, es la hora de avanzar por otros caminos de dignidad, justicia y productividad.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS

Ministra del Trabajo