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Opinión

¿Golpe a la Constitución?

La idea del ‘fast track’ no es cosa distinta que maniatar al Congreso de la República, imponiéndole la agenda reformista del Gobierno.

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Esta semana se utilizó el escenario internacional del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para notificarle al país que, por ahora, entra en remojo la convocatoria al poder constituyente y se optará por la vía del ‘fast track’ para llevar a cabo un revolcón constitucional y legislativo, que en la práctica conduce a una merma de las atribuciones del Congreso y de la Justicia, afectando el equilibrio entre las ramas del poder público.
Hasta ahora, muchas de las inconvenientes propuestas gubernamentales del Pacto Histórico han colapsado en el escenario del Congreso o de las cortes, lo que pone de presente la conveniencia del sistema de pesos y contrapesos de nuestra arquitectura constitucional, para evitar las malas iniciativas y la tiranía o el desbordamiento del poder presidencial. Para remontar estas barreras al final de su mandato, Petro se propone introducir en la Constitución un mecanismo especial que viabilice al fin sus proyectos en el Congreso, donde carece de mayorías y no podrá seguir usando a sus anchas la mermelada, después de que se malversaron los recursos del sistema de protección y prevención de desastres.
La idea del ‘fast track’ no es cosa distinta que maniatar al Congreso de la República, imponiéndole la agenda reformista del Gobierno.
La idea del ‘fast track’ no es cosa distinta que maniatar al Congreso de la República, imponiéndole la agenda reformista del Gobierno. Se trata de que, en adelante, el Congreso se dedique a los proyectos que tienen origen en el Ejecutivo, los que tendrán prioridad, inclusive, sobre los debates de control político; cualquier reforma de dichas iniciativas solamente será posible si el Gobierno lo autoriza, con lo cual queda postrada la iniciativa parlamentaria y, por otro lado, las reformas constitucionales se aprobarían en cuatro debates y no en ocho, como lo manda hoy en día la Constitución. No cabe duda de que con el procedimiento propuesto se afecta el núcleo mínimo de la función legislativa en una democracia; se sustituye la Constitución y, por lo tanto, es una propuesta ajena al orden jurídico.
Con el agravante de que es un pretexto apelar al heterodoxo procedimiento para lograr la tal implementación del acuerdo de La Habana. Lo que se busca es imponer su plan de gobierno y hacer realidad iniciativas que son contrarias al orden constitucional y a los principios de la democracia liberal. Ha dicho, por ejemplo, que por esa vía se podrá lograr la expropiación istrativa, para superar las “demoras” judiciales; idea que ya se cayó en el Congreso y que apunta a eliminar la intervención de los jueces en ese tipo de trámites, la que constituye una garantía constitucional a favor de la propiedad privada, que es uno de los pilares básicos del modelo económico de la carta del 91. Habla también de usar el ‘fast track’ para aprobar su “plan de salud”, el que fue derrotado en la pasada legislatura. Y hasta de modificar las normas de las vigencias futuras, para alinear el gasto de inversión frente al plan de desarrollo, durante los dos años que quedan.
Nadie puede convenir en que, en la actual coyuntura del país, se convierta el Congreso en un poder eunuco, para que sirva de mero legitimador de las reformas que no superaron el trámite ordinario que se requiere en nuestra democracia, y que están llamadas al fracaso por sus polarizantes fundamentos.
La justicia no se salva de la defenestración. También se le pidió a la ONU la creación de una misión internacional que apoye la investigación judicial de la Fiscalía, para “identificar responsables del asesinato de excombatientes y detener el surgimiento de ‘grupos neoparamilitares’ ”. Como quien dice, a partir de la idea falsa de que aquí nada se hace, crear una Cicig como la de Guatemala, en detrimento de nuestra soberanía judicial y, en particular, del poder de investigación penal que reside en el Estado. Será la fiscal Camargo la que se encargue de darle sepultura a esta iniciativa, luego de que, como trascendió, obtuvo el apoyo del presidente de la Corte Suprema y de sus magistrados, bajo el compromiso de no avalar esta clase de iniciativas.
Taponazo. Honores a Miguel Urrutia. Un caballero, un humanista, un economista ecuménico y un mecenas del arte.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

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